Hay que cambiar las formas de negociación

Estamos en junio y no hay paritarias cerradas en la provincia de Buenos Aires con sectores estatales clave. De los docentes, que es el conflicto de más alto perfil, estamos bastante al corriente. Pero no es menos compleja la situación de los profesionales hospitalarios de la salud y los empleados judiciales.

En todos los casos, se suceden las reuniones, algunas de comisiones técnicas, otras entre dirigentes y autoridades, pero no se arriba a ninguna solución.  Los días pasan, llegamos a mitad de año y, en un país asumido como inflacionario, gran parte de los empleados públicos de la Provincia, están viviendo con sueldos acordados hace más de un año (a excepción de los docentes que reciben pagos a cuenta). Y eso, por el motivo que sea no puede ocurrir. Es un agravante, además, que la patronal sea el Estado.  

Por otro lado, no es algo fuera de lo normal que la misma inflación provoque un efecto de frazada corta frente a los gremios tienen reclamos muy por encima de lo que el Gobierno bonaerense puede pagar. Y se dispusiera a hacerlo para salir del atolladero, alguna otra partida se verá afectada.

En el caso de los docentes hay dos cuestiones a tener en cuenta: como son quienes encabezan la paritaria anualmente, rechazaron de plano el 18 por ciento, a sabiendas que de lo contrario se reproduciría en otros estamentos estatales. De este modo, el resto de los gremios espera que los docentes no acaten para evitar la generalización del bajo porcentual de aumento, porque les quita al resto una herramienta de presión importante. Y la otra cuestión es política, porque es un año electoral y la dirigencia del gremio más importante de los docentes es claramente opositor.

Hechas estas advertencias, desde el Frente de Unidad que convoca a los principales gremios docentes, lanzaron una campaña por redes sociales son las consignas #SalariosDeHambre y #Alerta Educación. “Es inaudito que llevemos 11 meses cobrando el mismo salario, ¡esta situación no se puede sostener más!”, hicieron circular los maestros. Además vienen advirtiendo que se acaban los recursos para evitar medidas de acción directa, es decir paros y movilizaciones.

Ahora bien, desde la Dirección General de Cultura y Educación, que conduce Alejandro Finocchiaro tomaron nota del reclamo y respondieron que “se seguirán pagando los salarios docentes con un aumento a cuenta del acuerdo definitivo”. En fin, algo de incremento estarán cobrando según dicen las autoridades, pero nada que se equipare a la pretensión sindical. De todos modos, no deja de ser un buen gesto que a pesar de no cerrarse un acuerdo, el Gobierno esté pagando algo de lo solicitado, de a modo de acompasar la espera en medio de una inflación que se resiste a bajar. 

Médicos y profesionales de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), están manteniendo a estas horas reuniones con autoridades bonaerenses para tratar de encauzar un conflicto que acumula 13 semanas de medidas de fuerza y 20 paros solo en este 2017.

Los médicos tienen expectativas de llegar a un acuerdo y la “convicción de no aceptar la mecánica usada por la gobernadora con otros gremios, con quienes realizaron varios encuentros paritarios sin cambios significativos en las propuestas y con pedidos como productividad”. Aquí vemos cómo los estatales en conflicto se miran todo el tiempo en el espejo del conflicto docente. A favor de los profesionales de la salud es de advertir que los salarios médicos son claramente bajos para la preparación, que no solo es tiempo sino dinero invertido particular para volcar al servicio público, y las exigencias que tienen en los hospitales y las paupérrimas condiciones en que trabajan.

En paralelo, otros gremios como los judiciales lanzaron esta semana otro paro, esta vez por 48 horas, para miércoles y jueves. Durante la última convocatoria del Ejecutivo provincial, los judiciales rechazaron la propuesta de un aumento del 18 por ciento en cuatro cuotas con ajuste trimestral por inflación; su reclamo es de entre 36,2 y 40 por ciento de aumento, además de la restitución del 3 por ciento por antigüedad (un adicional que han tenido y luego se les fue quitado), ley de paritarias y la incorporación de la licencia por violencia de género para todas las trabajadoras del Poder Judicial.

Aunque con más bajo perfil, los paros en los hospitales y en la Justicia no generan menos problemas que tener escuelas cerradas. En los nosocomios se deben redistribuir turnos de operaciones, se resienten los servicios de atención a los pacientes. Un verdadero drama para familias de menos recursos cuyo único destino cuando se enferma un niño o un adulto es el hospital público. La Justicia también genera demoras en casos de la más variada sensibilidad, aunque para el justiciable, su problema es siempre el más importante, porque espera una indemnización, una restricción a un violento, los resultados de una quiebra. Ni hablar de la incidencia que tienen estas huelgas en las fiscalías a cargo de la instrucción de los expedientes por delitos. 

Abstrayéndonos de la pertinencia de los reclamos, haciendo una mirada desde afuera del conflicto, lo cierto es que nunca, bajo ningún concepto, salud, educación, justicia y seguridad debieran paralizar sus tareas. En su quehacer van los derechos de todos los ciudadanos, sin desconocer que estos empleados son las herramientas y que el garante de estas prestaciones es el Estado. Por ello le cabe la responsabilidad última en este caos que vivimos.

No pueden paralizarse los hospitales, no pueden cerrarse las escuelas y no pueden estancarse las investigaciones y procesos judiciales; mucho menos podemos prescindir de la Policía. Pero tampoco puede dilatarse como ha sucedido la resolución de un salario para estos prestadores de servicios públicos. A esta altura, en que todas las conversaciones terminan mal, porque es obvio que no hay predisposición de las partes y hasta diríamos que hay discordia entre los interlocutores, lo que queda es cambiar totalmente los modos para ver si de esa forma se arriba a otros resultados. De nada servirán nuevos encuentros con la misma metodología que negociación que hasta ahora ha fallado. Todo lo contrario: dirigentes y funcionarios se han ido desgastando en estas reuniones sin destino y quizá se haga necesario una mirada externa a la problemática para que acerque algún aire fresco a la situación ya viciada. 

Pedir asesoramiento a negociadores profesionales o al menos recurrir a otros actores, lo que sea para salir de este laberinto que tiene en cada entrada dos situaciones inadmisibles: servicios públicos con funcionamiento errático por los paros y empleados que llevan un año sin actualizar sus salarios.

Por el momento, tenemos todas las paritarias abiertas y la certeza de que lo hecho en términos de negociación no funciona. Es tiempo de encarar el tema de otra manera.