Hay que buscar una nueva respuesta para los trabajadores

Pasó el Día del Trabajador, con muchos actos y poco que festejar en la Argentina. Unas 11 millones de personas tienen problemas de empleo (desocupación o subempleo), el 57 por ciento del total de los trabajadores, según un documento difundido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Al pasar ya tantos años en que se ha ido perdiendo empleo, puede decirse que estamos frente a un fenómeno de tipo estructural porque lo que sucedió entre 2010 y 2015, en que los números no eran tan a la baja como lo son ahora, también fue la caída del empleo, ya que la ocupación en planes sociales no reemplaza en calidad al trabajo privado registrado (además de dignificar al trabajador genera valor agregado al PBI e ingresos al Estado). Al tiempo que genera un gasto público que, al fin, no crea las condiciones para que haya más empleo sino menos. Estos círculos viciosos nacidos de la mala praxis política de muchos años llevan a que tampoco se puedan cortar los beneficios sociales sin tener inversiones que los reemplacen. La problemática cuando se entra en estas encerronas es muy difícil de resolver, porque lo que es un intento por evitar sufrimientos mayores a un sector vulnerable, termina siendo una condena e incluso “pagando la fiesta” cuando no los invitaron ni a sentarse a la mesa del banquete.

Uno de cada cuatro trabajadores se encontraron desocupados al menos una vez en los últimos 12 meses. Ese dato contrasta con la última cifra oficial de desocupación del Indec, del tercer trimestre del año pasado, que ubicó al desempleo en 5,9 por ciento, el más bajo desde 1987. Y la realidad es que todas las consultoras privadas hablan de otra cifra muy superior como veremos. Baste recordar que en el primer trimestre de este año la pobreza trepó de 27 al 33 por ciento.

En las épocas que vivimos solo 43 por ciento de los activos posee un trabajo con calidad plena de derechos laborales (8.300.000 de trabajadores), mientras que de los 11 millones restantes, el 31,9 por ciento posee un empleo precario (6.200.000), 15,6 por ciento realiza actividades de escasa remuneración, alta inestabilidad o eran beneficiarios de políticas de empleo (3 millones) y 9,4 se encontraban desocupados (1.800.000). Si a esto le sumamos que los empleos precarios y las changas a que se refieren estos datos han ido desapareciendo.

En este sentido podemos hacer serios cuestionamientos a la administración de Cristina Kirchner pero también fuertes advertencias al presidente Mauricio Macri porque los desajustes estructurales acumulados constituyen una herencia de mucho peso, pero el problema puede agravarse si hay un error de diagnóstico o una equivocación en la elección de las políticas, por mucho que la decisiones estén bien intencionadas. Y evidente es que las medidas asumidas para normalizar la macroeconomía han impactado negativamente en el mercado doméstico, han creado nuevos pobres y arrastrado a las clases medias a vivir claramente a la baja.

Ahora bien, cuando hablamos de “un problema estructural”, al señalar que hace siete años que no crece el trabajo en el sector privado en la Argentina nos referimos a un fenómeno multicausal. Hay condiciones necesarias para generar empleo que no se están dando en este país. Algunas refieren al momento recesivo como el que vivimos, claro está; pero hay otras que vienen de antes y seguirán cuando -ojalá sea en breve- haya una reactivación. 

Debe ser revisado que en este país tomar un empleado cueste casi dos sueldos. No decimos que sean revisados los derechos consagrados en la Constitución, sino todo lo que de ellos se desprende, mucho de lo cual no persigue los intereses de los trabajadores sino de otros sectores.

Por el trabajo de un empleado a la empresa le cuesta un sueldo y entre 70 y 100 por ciento más; casi dos salarios. ¿A dónde va ese dinero? Todos lo sabemos: a asistencia en salud, jubilación, seguros varios. ¿Cómo es la contraprestación? También lo sabemos: de mala a deficiente. Por ello quien puede se asegura con una prepaga y va haciendo alguna previsión para el momento del retiro; todo con dinero extra del que ya se le saca de su sueldo para los mismos fines.

Entonces, ¿sirve que se le descuente al obrero y se le recargue al empleador tanta cantidad de dinero, si no está cumpliendo el cometido? Ese es el planteo cuando hablamos del problema estructural del empleo en nuestro país y que no se va cuando se sale de las crisis: en Argentina no es conveniente dar empleo, para nadie. 

Por eso es necesario un nuevo esquema, sobre la base de los derechos consagrados para los trabajadores en la Constitución pero con un baño de actualidad y de realidad. En este aspecto, los sindicatos tienen mucho que ver. Tienen internamente que replantearse si sus agremiados no preferirían dejar de mantener estructuras, edificios, centros vacacionales, empleados a cambio de sufrir una quita menor en su salario. Lo mismo con las obras sociales. El mercado del trabajo, de un lado y el otro del mostrador, ya no soporta las pesadas cargas que conlleva.

No es una crítica gratuita sino en pos de encontrar la manera de que el empleo sea protegido pero sobre bases posibles y sostenibles en el tiempo.

Un industrial, un empresario, el dueño de una Pyme, antes de tomar un trabajador lo piensa mucho por lo que conlleva. Y no debiera ser así, no debiera ser más conveniente poner la plata a interés que a producir. Pero así es, pasa en Argentina, donde se piensa que un trabajador más que traer ganancias puede traer problemas. Que se entienda: no por cada trabajador en particular sino por el cúmulo de situaciones que lo rodean, todas supuestamente pensadas en su beneficio pero que, al igual que planteábamos respecto de los planes sociales, terminan siendo su condena. 

Tampoco ayuda que el modo de intentar frenar la inflación mientras el Estado sigue creciendo (y esto debiera revisarlo claramente el Gobierno que aumentó la planta de funcionarios en un 25 por ciento) que se suban permanentemente las tasas desde el Banco Central. Porque se genera la paradoja que quien invierte y genera empleo tiene pesadas cargas y todos los dolores de cabeza y quien pone el capital a interés gana mucho más sin hacer nada. Seamos serios, buscamos más empresarios, no donadores de fondos.

Esas altas tasa, creadas para que el dinero circule menos y en una plaza cerca se supone que los precios bajan, en cualquier economía normal, menos en la Argentina donde la “estanflación” es la perla de este collar: estancamiento con inflación. Por efecto de tasas altas también mantiene un dólar retrasado. Con la divisa barata y con la pesada carga laboral que abonan los empresarios, huelga preguntarse por qué una prenda resulta mucho más barata comprada en Estados Unidos (donde todo se fabrica en Asia con mano de obra subvaluada) que en el negocio de la esquina. Párrafo aparte merece el hecho de que los impuestos que aplica el Estado en otras naciones son sensiblemente más bajos que en la Argentina, aunque en esos países la salud no es pública, entre otras cosas pero en nuestro país la pagamos entre jefes y empleados y es mala, por lo que la volvemos a pagar (si nos es posible) al contratar una prepaga. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Que no nos saquen nada y que todo sea privado? A esta altura de la historia no es un planteo viable porque se trata de derechos adquiridos para nuestra sociedad, como lo es la salud pública. Pero de una vez por todas hay que hundir el escalpelo en la administración de esos recursos que mes a mes tanto le cuestan al trabajador y a su empleador, y que son uno de los motivos que desalienta la generación de empleo.

En 1957, al artículo 14 bis fue incorporado a la Constitución Nacional para remediar situaciones injustas y crear derechos para el trabajador. Aquella fue la solución del momento. Hoy, en 2017, hace falta encontrar una nueva solución para esta gran injusticia que es pagar doble (el empleador)  o cobrar menos (el empleado) para recibir poco o nada a cambio.