Geriátricos: un tema que exige la mirada comprometida de todos los actores

Las versiones de que el Ministerio de Salud clausuraría un establecimiento en el que se alojan más de 20 abuelos encendieron una señal de alerta sobre una problemática que encarna un aspecto sensible que atañe a la vejez. Familias, propietarios, Estado y comunidad se deben aún un debate sobre la responsabilidad del cuidado de los más vulnerables.

DE LA REDACCION. Desde hace varios días circula la versión de que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del área de Fiscalización Sanitaria, estaría a un paso de pedir la clausura de un geriátrico que funciona en Pergamino en el que se alojan más de 20 personas. Y ya se habría iniciado el proceso de notificación tanto al titular del establecimiento como a los familiares de los abuelos que allí habitan.  Aunque no se conocieron pormenores de los motivos que generarían esta decisión, y oficialmente LA OPINION no pudo confirmar la versión, se sabe que el organismo ministerial sólo llega a una resolución de esta naturaleza luego de reiteradas intimaciones a los propietarios para que cumplan con la normativa en aspectos que hacen a la infraestructura y servicio.

Más allá de este caso particular -en el que la clausura podrá confirmarse o no según el devenir de los acontecimientos- lo que hace esto es encender una vez más una señal de alerta sobre una cuestión sensible que todos conocen pero de la que pocos hablan, por cuanto confluyen en ella múltiples variables que comprometen por un lado la responsabilidad de los empresarios y la competencia de las autoridades provinciales encargadas de hacer cumplir la normativa; y por el otro, la de las familias y la de la sociedad en su conjunto que se ve llamada a reflexionar sobre el destino que imagina para su vejez.

¿Cómo funcionan los establecimientos que albergan adultos mayores? ¿Qué rol le cabe a la familia? ¿Qué potestad tiene el Estado? ¿Qué pasa si un lugar no resulta apropiado? ¿Hay espacios donde reubicar a los abuelos?  

De acuerdo a información relevada por LA OPINION, existen en Pergamino alrededor de 30 establecimientos funcionando. Solo un par de ellos está habilitado, otros tienen su proceso de habilitación en trámite porque han cumplido con las sugerencias por la autoridad competente. También se sabe que hay algunos que funcionan en la clandestinidad y que se toma conocimiento de su existencia por la referencia que aportan los propios vecinos de los lugares en los que se instalan.

Más controles

Si bien es real que se han intensificado las tareas de control que ejerce el Ministerio y en consonancia con esto el propio Estado municipal más allá de no tener poder de policía, desarrolla una intensa labor de acompañamiento, la complejidad que supone esta actividad hace difícil que se pueda estar al nivel de lo que resultaría deseable.

Lo que impone la ley

A menudo se habla de la Ley Nº 14.263, que regula el funcionamiento de los geriátricos tanto de gestión pública como privada. Sin embargo, no siempre se sabe a ciencia cierta lo que ese marco normativo impone. Para clarificar algunos aspectos, LA OPINION accedió al texto de la normativa que en primer término refiere que “corresponde a la familia del residente velar por la seguridad, contención, integración y protección integral de los adultos mayores” y establece una serie de derechos que asisten a quienes están alojados en geriátricos u hogares sustitutos.

Los responsables de los establecimientos, en tanto, están obligados a proveer todo lo referente a la correcta alimentación, higiene, seguridad, con especial consideración del estado de salud de los residentes. La norma expresa que se debe requerir inmediato auxilio profesional cuando las necesidades de atención excedan la capacidad de tratamiento del responsable médico del lugar e impone la contratación de un servicio de emergencias; además exige promover actividades para evitar el aislamiento de los residentes; mantener el estado de las instalaciones, la conservación del edificio y equipamiento; y el adecuado manejo de historias clínicas que deberán actualizarse semanalmente.

Asimismo refiere que deberán entregar al familiar del residente la documentación en la que consten los datos del establecimiento, condiciones de habilitación, prestaciones y pautas de convivencia. Cada establecimiento debe llevar un libro sellado y rubricado por la autoridad de aplicación en el cual se registra el ingreso, egreso, reingreso y baja por fallecimiento de cada uno de los residentes. Deberán designar un director de salud con título universitario afín a la actividad que “será solidariamente responsable por el incumplimiento a los requisitos establecidos por la ley”.

En cuanto a la habilitación, categorización y fiscalización, será otorgada por la autoridad de aplicación que deberá llevar un registro.

En el artículo 13 la ley establece que “las autoridades municipales podrán realizar las inspecciones labrando las actas de constatación que serán elevadas a la autoridad de aplicación” y agrega que “éstas tendrán la misma validez que las labradas por la autoridad de aplicación provincial”.

Desde el punto de vista edilicio, las normas complementarias detallan minuciosos requerimientos que apuntan a la seguridad física de los abuelos. El marco normativo establece criterios rigurosos en materia de recursos humanos. Los establecimientos deberán contar, además del director de salud, con personal médico, enfermeros, enfermeros auxiliares, mucamas y profesionales de otras especialidades de acuerdo al número de camas ocupadas y en función de la complejidad que atiendan. 

Pensada en función de “los derechos de los adultos mayores alojados en centros gerontológicos”, la ley contempla severas infracciones que van desde apercibimientos, multas, clausuras transitorias y definitivas. Varias fuentes consultadas por LA OPINION coincidieron en destacar los alcances de esta ley, aunque reconocieron que en la práctica aún hay muchos aspectos que no se cumplen en su totalidad.

El debate pendiente

Especialistas en Gerontología y gestores de políticas públicas de distintos estamentos del Estado coinciden en señalar que cada vez serán más los adultos mayores que por diversos motivos no podrán vivir con sus familiares. Frente a ello se impone el interrogante de saber si la sociedad preparará sus instituciones y espacios para brindarles las condiciones apropiadas para tener una vejez digna. Si bien hay establecimientos que cumplen la normativa y trabajan responsablemente, hay otros que no lo hacen. En este contexto, es la propia sociedad, integrada por familias, propietarios e instituciones públicas, la que debe hacer confluir en un espacio común acciones que puedan ir dando respuesta a los múltiples interrogantes de un debate que aún está pendiente o se da por lo bajo. Hasta que la realidad irrumpe afectando a aquellos que están más desprotegidos.