Fugas de militares procesados y complicidades internas

No es poco papelón para un gobierno claramente alineado con los derechos humanos, la fuga del teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad. Sobre todo porque fue consecuencia de una negligencia, según admitió el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en una de las primeras reacciones que el caso suscitó en el oficialismo. Cómo pudo haberse generado este “descuido”, es el interrogante que surge de esta insólita situación.

Al mismo tiempo, el juez federal Norberto Oyarbide pidió a Interpol la captura internacional de Lawless, que es investigado por delitos cometidos en el Comando del V Cuerpo del Ejército y la Armada, con asiento en Bahía Blanca.

Para estimular la búsqueda, el Ministerio de Justicia anunció una recompensa de 500.000 pesos por “información útil que permita la captura del militar”, que se escapó cuando era conducido a Tribunales custodiado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La recompensa constituye la cuarta parte de la suma ofrecida por datos que contribuyan a dar con los paraderos del mayor Jorge Olivera y el teniente primero Gustavo de Marchi, ambos represores condenados por delitos de lesa humanidad, por quienes se fijó un pago de dos millones de pesos por cada uno tras su fuga del Hospital Militar “Cosme Argerich” de Palemos, donde estaban internados, el pasado 25 de julio. No se ha producido ningún avance en esta causa, se han efectuado unos pocos allanamientos infructuosos; nada se ha sabido de ellos en estos casi cinco meses. 

Esta nueva fuga de militares (por distinguirla de algún modo de la oleada de evasiones carcelarias del corriente año) generó sorpresa y desagrado y el oficialismo tuvo que salir a dar explicaciones, incluyendo los mea culpa que nunca se escucharon respecto de los casos de los presos comunes. “Asumo la responsabilidad del hecho, que no tiene que ver con el Servicio Penitenciario sino con la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, dijo Berni, al atribuir la huida a una negligencia de los agentes que lo custodiaban. Aseguró que ya está en proceso la investigación correspondiente, para deslindar responsabilidades. El director nacional de este sector de las fuerzas de seguridad, Germán Montenegro, relevó horas después del hecho a los dos custodios y al oficial responsable del operativo, por el cual Lawless fue llevado desde la Comisaría Nº 49 hasta el edificio de Tribunales, previo paso por Aeroparque.

La fuga del militar tampoco cayó bien en el Ejército, según revelaron fuentes castrenses, que transmitieron sus preocupaciones por las derivaciones que puede tener el caso respecto de las condiciones de detención de los militares condenados y acusados por violaciones a los derechos humanos. Porque en julio último, luego de que los militares Olivera y De Marchi se fugaran del Hospital Militar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dictó la Resolución Nº 85/2013, por la cual se prohibió la internación y la asistencia ambulatoria en hospitales militares y unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas de “personas condenadas penalmente o procesadas con privación ilegítima de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar”.

El que puso el dedo en la llaga respecto de estas fugas es el fiscal federal Miguel Palazzini, que integra la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Bahía Blanca, que atribuyó la fuga de Lawless a “la acción de cómplices residuales” que proporcionan apoyo logístico, protección y financiamiento para estos hechos. “La complicidad de la Policía en esta fuga es evidente porque son personas preparadas y ágiles frente a una persona mayor, que no tiene las mismas habilidades. Todo es muy burdo”, interpretó el fiscal.

Lo que el funcionario judicial pone blanco sobre negro es que en las fuerzas de seguridad hay aún bolsones de complicidad para con quienes habiendo pasado por sus filas ahora se encuentran procesados por crímenes y abusos de autoridad durante la dictadura militar. Claramente estas fugas, como las de los presos comunes, llevan implícita la complicidad de algún sector, es la única forma en que pueden llevarse a cabo. No se puede ser tan iluso como para pensar que hoy en día, con la tecnología de control y comunicación que hay, los presidiarios logren su cometido al estilo de aquel film “La fuga”, situado en la década del 50, protagonizado por Darín, Romano, Solá y compañía.

Y cuando hablamos de complicidad en las fuerzas de seguridad, resurge entre otros el tema de lo mal pagos que suelen estar los uniformados como uno de los factores que los acercan a los actos de corrupción y delincuencia que les permiten redondear un salario digno o al menos acorde al riesgo que corren sus vidas a diario.

La teoría de la complicidad es también sostenida por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto: “Las fugas de los represores se producen porque tienen cómplices”, sentenció la dirigente, al reclamar una investigación.

No es, seguramente, fácil fugarse en un traslado cuando se es prisionero, si no se cuenta con el apoyo interno de la Policía, como en este caso todo parece indicar. Lo que muestra, una vez más, que en las fuerzas de seguridad mantienen en su estructura efectivos que responden a otros intereses que no son los del uniforme que visten.