Fuerzas Armadas en las fronteras, para atender los problemas del presente

No hay modo de ignorar el avance concreto del narcotráfico en la Argentina; desde los años 90 y hasta la actualidad el problema no ha hecho más que profundizarse, que crecer exponencialmente sin que desde el poder se hayan tomado decisiones acertadas al respecto. Después de tantas luces amarillas, que innumerables veces señalamos en esta misma página, hoy la situación reviste un carácter de urgencia en términos de frenar el avance de estas mafias que están operando en el país, casi sin freno.

Apenas asumió Mauricio Macri en una fuerte apuesta declaró la guerra al narcotráfico, lo que no deja de ser una buena noticia, aun cuando los argentinos seamos por experiencia escépticos respecto a los resultados de estos postulados. Sin embargo, el presidente no se quedó solo en la promesa sino que comenzó con los primeros escarceos para cumplir un objetivo que, cualquiera sabe, no es sencillo.

Precisamente el Gobierno avanza en una reforma estructural del sistema de control en las fronteras, que le dará mayor poder al Ministerio de Seguridad, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. También centralizará las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza para los delitos que se detecten en las zonas limítrofes. Una decisión que aunque haya legisladores opositores que se rasgan las vestiduras por la participación del Ejército, también la tomó en su momento el kirchnerismo. Ya que cuando se envió al Conurbano y al sur de la Ciudad de Buenos Aires a los prefectos y gendarmes que habían sido destacados en la frontera para colaborar con la seguridad y como parte de su plan contra el narcotráfico, nuestras abiertas fronteras quedaron absolutamente desprotegidas.  Para corregir ese déficit, el exministro de Defensa Agustín Rossi y el exjefe del Ejército César Milani habían lanzado el operativo Fortín II, enviando tropas al interior para combatir a los traficantes.

Desde el punto de vista legal, ese empleo de las Fuerzas Armadas para suministrar seguridad fue ilícito. Lo prohibía la ley de Defensa y  el Decreto Nº 727 de Néstor Kirchner y la exministra Nilda Garré que establece que los militares solo tienen facultades para “asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado”.  Sin embargo y en función de esta frazada corta que siempre tenemos en la Argentina, donde no hay efectivos para todos, Rossi, Milani y Cristina Kirchner decidieron saltarse la legalidad y enviaron miles de soldados a custodiar la frontera. Macri hace seis meses replegó a esos militares de la frontera para cumplir con la normativa vigente, pero una vez más la realidad se impone y la frazada vuelve a ser corta de un lado.

Hacemos este repaso del pasado reciente para desmitificar el hecho de que ahora se pretende enviar a las Fuerzas Armadas a las fronteras por quién sabe qué conspiración está en marcha desde el gobierno de Macri. Cuando la realidad es que nuestras fronteras han sido siempre un colador grueso por donde ingresó e ingresan drogas y ahora desde que somos fabricantes también salen. Tampoco podemos ignorar que el norte de nuestro país está plagado de pistas clandestinas para aterrizajes de avionetas que transportan estupefacientes.  Un asunto del que se habla desde hace años y nunca se ha tomado cartas en el asunto, con gobernadores que se hacen los tontos respecto la situación y legisladores que parecen vivir en otras provincias, cuando no en otro país.

Las Fuerzas Armadas no están adiestradas para el control de la seguridad ordinaria, y no sería lógico que se ocuparan de los arrebatos de carteras ni de las entraderas, sin embargo tienen destrezas y equipamiento para proteger las fronteras o cualquier amenaza exterior. Y vaya si el narcotráfico es una amenaza exterior y grave. Es lo más parecido a una guerra que debe enfrentar el país. Esto es claro. Por eso si es necesario modificar leyes y decretos para que su presencia en las fronteras se ajuste a derecho, nuestros legisladores deberían hacerlo sin demoras ni excusas extemporáneas como lo es soslayar que hay un interés del Gobierno de valerse de esas fuerzas para algún tipo de represión de Estado. Incluso es necesario que allí se apueste, por ejemplo Aeronáutica,  porque la Gendarmería no cuenta con la tecnología ni la capacitación necesaria para cumplir un rol decisivo a la hora del combate al narcotráfico. Es más rápido –dada la urgencia- y más económico utilizar las Fuerzas Armadas ya que lo que demandaría adiestrar a la Gendarmería y desactivar una inercia de laxitud en los controles a su cargo. A la vista está: debemos reconocer el fracaso de la Argentina en la materia, toda vez que desde bandas mafiosas hasta comerciantes de menudeo, pasando por las avionetas y el tránsito ilegal de personas (incluso menores) son la moneda corriente en nuestras fronteras.

Lo que hay por ahora son dos decretos que están en la Secretaría Legal y Técnica a la firma del presidente Mauricio Macri, por medio de los cuales se reforzará la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que estará bajo el mandato de la Secretaría de Fronteras, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La intención de fondo es aggiornar la normativa relacionada con el control fronterizo, que data de un decreto de 1944, para poner el foco en los 145 pasos internacionales de frontera y preparar el terreno para avanzar más adelante en una ley nacional de seguridad en las zonas limítrofes.

La idea es interesante teniendo en cuenta que la intención del Gobierno es coordinar con todos estos organismos nacionales, provinciales y municipales una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos transnacionales. En uno de los decretos se estipula, además, que en 180 días se deberá realizar una “revisión de alcance geográfico de la zona de seguridad de fronteras en todo el país”. Y en otro de los decretos se establece que se planteará una actualización de toda la normativa de control en las fronteras tendiente a dar con una futura ley de seguridad nacional. A su vez, la intención del Gobierno es que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad Nacional pueda actuar dentro de los 100 kilómetros que existen entre las fronteras en el territorio nacional. Esta comisión también contará con el apoyo logístico de Interpol en lo que hace al monitoreo online desde las oficinas de Lyon para los reportes de personas con pedido de captura internacional.

Llegado a este punto, veremos qué reacción tienen los gobernadores fronterizos, en especial los de la oposición, sobre la mayor injerencia nacional sobre una franja importante de sus distritos. Ese refuerzo supondrá un mayor monitoreo sobre las fuerzas provinciales. Y aunque se pueda creer que los mandatarios provinciales deberían festejar este apoyo que le brinda el Gobierno nacional para el control de las fronteras, no faltan algunos que sienten que es una presencia de la administración central que interfiere con su poder territorial. En fin, esas actitudes de la pequeña política que son tan difíciles de comprender para el hombre de a pie.

Estas decisiones del Gobierno nacional, en definitiva traerán tensiones políticas, las que ya se insinúan, entre quienes aconsejan que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el narcotráfico y quienes se oponen de forma tajante. No es poco debate en un país que aún no pudo superar los desastres que dejó en materia de derechos humanos el último proceso militar. Precisamente, las leyes de defensa y seguridad fueron pensadas en el clima de los años 80, cuando el máximo imperativo de la democracia era retirar a los militares de la política interior. La realidad de hoy obliga a revisar la mirada sobre esta problemática. No para que los soldados se transformen en policías, porque es claro que están entrenados para otro tipo de combate, sino para apoyar en las fronteras y en caso de crímenes como el narcotráfico o  la trata de personas exclusivamente.

La frazada siempre nos queda corta a los argentinos, cuando sacamos de un lugar para poner en otro, una parte de nuestra sociedad queda desguarnecida. Es tiempo que cambiar la cabeza, sacarla de los años 70 y 80 y poner la mirada en nuestro presente, divisar los problemas acuciantes de hoy y echar mano a todos los recursos disponibles, tanto para dar combate serio a nuestras amenazas como para que la mayor seguridad de una parte de la población no implique la desprotección de otra.