Firmeza del Gobierno porteño ante el paro de subtes: intimación por resolución, servicio esencial y respaldo al operativo judicial
“Lo que la justicia ordena se cumple”, afirmó Jorge Macri. La Ciudad exigió una cobertura mínima del 50% en cada línea tras la paralización total de la red.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió con una batería de medidas administrativas y una definición política contundente ante la paralización total del subte y el Premetro dispuesta este martes por los metrodelegados. Dictó una resolución que intima a garantizar servicios mínimos y respaldó el operativo judicial que derivó en tres detenciones.
El marco legal: el subte como servicio esencial
La respuesta oficial se apoyó en una decisión adoptada meses atrás. En junio pasado, la administración de Jorge Macri declaró al subte como servicio esencial, una calificación que impone obligaciones concretas a los gremios durante las medidas de fuerza y que limita la posibilidad de interrumpir el transporte de manera total.
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Ese marco normativo fue el que permitió actuar con rapidez. Minutos después de conocida la paralización, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad dictó la Resolución 1201/SECTE/26, que intima a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios conforme al Decreto 230/26.
“La medida exige asegurar una cobertura mínima del 50% en cada línea y requiere a las partes adoptar e informar de manera inmediata las medidas necesarias para su cumplimiento”, precisó el comunicado oficial. Y agregó: “El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”.
Macri, desde Madrid: “No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”
El jefe de Gobierno porteño, que se encuentra en la capital española participando de un encuentro de ciudades, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales y fijó posición sin matices.
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, escribió Macri. En el mismo mensaje profundizó: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
La definición se inscribe en una línea que la gestión viene sosteniendo frente a los conflictos del subte. En junio de 2024, tras un paro escalonado, el propio Macri había impulsado una denuncia penal contra el sindicato y había afirmado que “en la Ciudad no hay más lugar para estas maniobras extorsivas”, al señalar que la medida de entonces “tomó de rehenes a los pasajeros del subte”.
El operativo: una orden de la fiscalía y tres detenciones
El episodio que desencadenó la jornada ocurrió en la estación Juan Manuel de Rosas, de la línea B. Allí, un trabajador de Emova perteneciente al gremio abrió una puerta de salida de emergencia como medida de protesta, para que los usuarios ingresaran sin abonar el pasaje, en respuesta a la suspensión de otro empleado.
El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, detalló en diálogo con TN cómo se desarrolló la secuencia. Ante la medida, la Policía de la Ciudad consultó a la fiscalía, que ordenó el “cese de esta actividad irregular”. “Ante la negativa, la fiscalía dispuso la detención y bajaron dos gremialistas, impidiendo el accionar policial. Se ordenó la detención de ambos, en tanto que el tercero, de nombre Carrizo, está atrincherado”, explicó el funcionario.
Según fuentes policiales, la Unidad Fiscal Norte dispuso la detención del gremialista que permanecía atrincherado en una oficina y, ante la intervención de Claudio Dellecarbonara y de Sebastián Carrizo, ordenó también su aprehensión. Ambos fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita, demorados por resistencia a la autoridad y por entorpecer el trabajo policial. Más tarde, la División Subtes detuvo al secretario general del sindicato, Néstor Segovia, por agredir a efectivos; fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y liberado pasado el mediodía.
Las mismas fuentes subrayaron que la intervención se produjo por orden judicial y en el marco de la declaración del subte como servicio esencial, es decir, dentro del procedimiento previsto para estos casos y no como una decisión autónoma de la fuerza.
El impacto sobre los usuarios
La red de subtes porteña moviliza a cientos de miles de pasajeros por jornada. Una interrupción total en horario de actividad vuelca de manera inmediata esa demanda sobre colectivos, taxis y vehículos particulares, con el consiguiente congestionamiento del área central y demoras generalizadas para quienes se trasladan por motivos laborales, educativos o de salud.
Ese fue precisamente el eje que el Gobierno de la Ciudad colocó en el centro de su argumentación: la protección del usuario y la continuidad del servicio como bienes a preservar, por encima del desarrollo del conflicto entre la empresa concesionaria y el gremio.
La posición del sindicato
Los metrodelegados, por su parte, denunciaron la “detención arbitraria” de los trabajadores y sostuvieron que esa fue la razón del paro sorpresivo. “El servicio se encuentra interrumpido en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta”, indicaron en un comunicado, en el que calificaron la apertura de molinetes como “una medida pacífica”.
El gremio condicionó la normalización: “No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos”. Segovia, tras recuperar la libertad, ratificó esa postura y advirtió que el servicio seguiría interrumpido si no se levantaban las suspensiones aplicadas por la empresa.
La noche anterior, la asociación gremial había emitido otro comunicado en el que denunciaba la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas de mantenimiento, lo que consideró una violación del convenio colectivo, y se declaraba en estado de alerta advirtiendo sobre una eventual “ruptura de la paz social”.
Qué sigue
El conflicto podría extenderse a otros sectores. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte convocó a una conferencia de prensa para las 15 en avenida Jujuy 1074, donde definirá las medidas a adoptar, y no se descarta la adhesión de otros gremios. La CGT, en tanto, difundió un comunicado en el que repudió las detenciones.
Los dos metrodelegados que permanecen en el Centro de Admisión y Derivación de Chacarita quedaron a la espera de lo que disponga la Fiscalía. Mientras tanto, la intimación dictada por la Secretaría de Trabajo y Empleo mantiene su vigencia y obliga a las partes a informar las medidas adoptadas para asegurar el 50% de cobertura en cada línea. El cumplimiento o incumplimiento de esa resolución definirá el próximo capítulo de un conflicto que la Ciudad decidió encarar sin concesiones.