Feroz huelga en Brasil: ¿quién paga los costos de un reclamo sectorial?

Brasil atraviesa una crisis de proporciones por la extensa y dura huelga de las centrales que nuclean a los camioneros. Y pese a que el Gobierno brasileño ha ofrecido algunas concesiones a las agremiaciones de transportistas y a recurrido al uso de las fuerzas armadas para levantar los cortes de rutas, miles de camioneros brasileños siguen por octavo día en huelga, dejando al país con serios inconvenientes por el desabastecimiento.

También a consecuencia de esta situación, el panorama con el que se encuentran los inversores es el de un Brasil al borde del colapso, incorporando al país en un círculo vicioso de difícil salida.

A esto se ha llegado con el paro: estantes de los supermercados vacíos, falta de frutas y verduras, hospitales sin suministros básicos y operaciones reprogramadas, solo la mitad del transporte público de las grandes ciudades en funcionamiento, larguísimas filas en las estaciones de servicio que aún tienen suministro de combustible, las escuelas y universidades con clases suspendidas, y algunos aeropuertos con vuelos cancelados. Un desastre que, en definitiva,  puede llevar a conseguir objetivos sectoriales pero los paga el ciudadano con su zozobra y, en algún caso, riesgo de vida.

La prolongada medida de fuerza se ha convertido en un problema serio para el presidente Michel Temer, quien ayer pensaba inaugurar el Foro de Inversión Brasil 2018 en San Pablo con toda la pompa, con la intención de atraer más capital extranjero al país y dar así un fuerte impulso al crecimiento después de la peor recesión de su historia y tras haber transcurrido un año de estabilización económica. Y en esta circunstancia la verdad es que todo se ha arruinado.

El conflicto se generó por el fuerte aumento del precio del diésel, un 50 por ciento en el último año, debido al alza del petróleo a nivel internacional. El impacto que tuvo en Brasil fue enorme, como en todo el mundo. El Gobierno, ante la intransigencia de los camioneros, se propuso reducir un 10 por ciento el precio del diésel primero por 15 días y luego por 30; se estableció una nueva regla para dar estabilidad a los precios de los combustibles y suavizar las oscilaciones del mercado petrolero, y el Congreso se comprometió a eliminar un impuesto sobre las gasolinas. Las centrales en protesta lo consideraron poco y nada y la huelga siguió. Desesperado, el presidente Temer autorizó el viernes el despliegue de las Fuerzas Armadas para liberar las rutas de los piquetes transportistas y así garantizar el libre tránsito de las personas (aunque de poco serviría con los camiones parados sin llegar a las estaciones para abastecer de combustible). Tal movimiento de uniformados generó rumores de un Golpe de Estado, pero rápidamente se disuadió la idea al comunicar el propio Temer de qué se trataba la presencia del Ejército en las rutas. Aunque se desbloqueó la mayoría de los cortes, decenas de miles de camioneros mantuvieron sus vehículos en las banquinas y se negaron a volver a trabajar. O sea que el resultado de la medida fue inocuo.

Finalmente, Temer anunció más medías para satisfacer a los camioneros. Se redujo el precio del diésel en un 13 por ciento por 60 días mediante subsidios; se ordenó que los cobradores de peajes no cobren a los camioneros por los ejes traseros que no estén en uso, y se instituyó una tarifa mínima de carga que debe pagárseles a los transportistas autónomos. La Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), que había sido la más resistente de las varias organizaciones de transportistas, dio su visto bueno a las nuevas concesiones. Y recién ahí el conflicto comenzó a ceder.

Pero nada es gratis, ya que las medidas anunciadas supondrán un costo de 2.600 millones de dólares para enfrentar la política de combustibles subsidiados a Petrobras.

Este paro tiene algo de espontáneo y algo de planeado; la espontaneidad vino de la mano de los transportistas autónomos, que se organizaron por medio de Whatsapp, pero todo cobró fuerza cuando intervinieron los sindicatos y, detrás de ellos, los propietarios de las empresas de transporte, por lo que hay semejanzas a un lock out extorsivo más que a una huelga de trabajadores. También es cierto que el reclamo del sector viene de hace tiempo y el Gobierno lo ignoró, porque más allá del aumento internacional del precio del petróleo, hay gran incidencia de la devaluación del real, que llevó a que el litro pasara en breve de 3 a 10 reales; los ajustes del precio en mayo fueron diarios.

El Gobierno de Temer tardó en reaccionar y frenar a Petrobras, que aplica desde julio una política menos intervencionista en el precio que le resultó muy favorable a sus números.

Como consecuencia, ahora el Gobierno analiza ampliar las concesiones para calmar los ánimos para lo que deberá recortar más gastos y eventualmente incrementar los impuestos en general para compensar.

El impopular Temer, que arrastra una imagen negativa desde la génesis de su gestión, sigue siendo el blanco de críticas tanto de la izquierda como de derecha y de sus exaliados socialdemócratas; todos afirman que el Gobierno no tiene rumbo, aunque por distintos motivos: la izquierda lo acusa de políticas antitrabajadores que terminan en estos problemas y la derecha de ser flojo ante los reclamos y terminar generando déficit fiscal por los subsidios prometidos.

El problema en este caso, y en otros que vemos en la Argentina, es siempre el mismo: la gente, que ninguna culpa tiene y tampoco capacidad de resolución, es la que sufre el desabastecimiento de alimentos, la falta de medicamentos, que no tiene combustible para circular, que no puede circular. Al fin, mientras unos reclaman, las mayorías padecen. Y en este sentido, cierto es que la política también debiera aprender que muchas veces es mejor un buen diálogo que un mal paro, porque cuando se producen estas huelgas gigantescas y después se termina aflojando lo que le pidan y más, se genera la sensación de que la dureza de la protesta es lo que da resultado. Y en esto las críticas a Temer son justas, porque ahora envalentonados otros gremios buscan imitar el paro (incluso Pablo Moyano desde Argentina) y se anuncia una protesta de petroleros que amenaza dejar sin combustible a todo Brasil.

El problema decimos es que los rehenes de estas protestas son siempre los ciudadanos de a pie, así sucedió en la Argentina con los “metrodelegados” la semana pasada,  que dejaban a unos y otros sin viajar en subte, hasta que entendieron que ese tipo de medida no sirve y al fin, les deslegitima cualquier reclamo y lo único que obtienen es el repudio generalizado. Vieron que no se puede tirar de la cuerda siempre a costa de otros trabajadores que necesitan viajar y tomaron un nuevo camino: el de llamar la atención y lograr traccionar la respuesta de quien la tiene. En este caso del subte, sería la Justicia porque el reclamo viene a cuento de su desconocimiento al gremio, pero en todo caso haciéndole sentir el rigor a la patronal entienden que pueden encaminarse mejor al objetivo. Por eso, en lugar de complicarles la vida a los trabajadores, optaron por complicarle los números a la empresa, liberando los molinetes para que la gente viaje gratis y también servirle café y jugo. De este modo se enfrentan trabajadores y empleadores sin tomar de rehenes a los pasajeros. En algún momento se impondrá el diálogo, es de esperar. Pero mientras tanto la gente no paga los costos de la conflictividad.

Las tensiones sociales son inevitables, lo vimos en Francia en estos días con una enorme huelga con movilización por la reforma laboral, lo vimos en Estados Unidos con la marcha de maestros en más de cuatro estados, lo vemos en Brasil y en la Argentina por nombrar unos pocos ejemplos. Los cambios generan estas protestas, el problema radica en apuntar la protesta hacia quienes deben decidir sobre las cuestiones en pugna, sin poner en el medio de la escena a los ciudadanos que son, al fin, los que terminan pagando invariablemente los platos rotos.