Estamos en temporada alta de reclamos

Como una nueva pesadilla para las autoridades provinciales y nacionales, también los descendientes mapuches de territorio bonaerense se han puesto en pie de guerra con su reclamo de devolución de tierras o reparación histórica como la han llamado. El conflicto se aceleró y se hizo visible a raíz de lo sucedido con Santiago Maldonado y los reclamos de la comunidad de pueblos originarios en el sur del país. De modo tal que ahora parece que los problemas indigenistas brotan como las plantas en la primavera.

En Los Toldos vive la población mapuche más grande de la provincia de Buenos Aires. Son 1.370 familias que hace por lo menos una década empezaron a militar su identidad indígena con mayor fortaleza. Y ahora pelean por la restitución de 4.000 hectáreas de las que -afirman- “fueron despojados con engaños”. ¿Cómo saberlo? Si la historia se remonta a 151 años atrás, cuando el entonces presidente Bartolomé Mitre les otorgó por ley a los mapuches 16.408 hectáreas, de las que hoy conservan 1.000. La demanda no es un caso aislado, ya que otras 17 comunidades indígenas de la provincia iniciaron gestiones o juicios para que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, les restituya tierras, les dé predios como parte de una reparación histórica o les permita conservar sitios donde encontraron restos arqueológicos, tal como da cuenta un informe de Amnistía Internacional. Los representantes de los pueblos originarios dicen que el problema con la venta de tierras en Los Toldos nace con la falta de títulos de propiedad individual que habilitara la venta legítima de campos que eran parte de las 16.408 hectáreas cedidas por Mitre. Lo único que tenían los mapuches era un título comunitario. Por eso, las ventas que realizaron muchos mapuches, engañados o no, se hicieron con boletos de compraventa que no permitían escriturar. El despojo legal llegó en 1978, cuando la provincia les permitió a los compradores escriturar bajo el proceso de posesión veinteañal.

También hay demandas de tobas, qoms, kollas, mocovíes y guaraníes. Cada comunidad pelea por espacios que van de una a 4.000 hectáreas. Hay reclamos en General Viamonte, Olavarría, Azul, José C. Paz, Moreno, Glew, Berisso, Tigre y La Plata. En fin que en cualquier momento van a llegar a Pergamino reclamando los terrenos donde hemos construido nuestras viviendas, previo haber comprado los terrenos siguiendo todos los requisitos de la ley vigente, dicho sea de paso. Y aunque los reclamos tengan casi dos siglos el pedido se fundamenta en el derecho consagrado en el artículo 75 de la Constitución, que llama a garantizar “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Y en el convenio 169 de la OIT, que establece que “deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado” y que se “deberá indemnizar plenamente a las personas trasladadas y reubicadas”.

La realidad es que en el interior de la provincia viven 112.671 personas que se reconocen como descendientes o miembros de comunidades indígenas. De ellas, y pese a que sus antepasados se dedicaron a la agricultura y la ganadería, el 93 por ciento vive en áreas urbanas. En el Gran Buenos Aires es de 186.640 personas y de ellos, el 99,8 por ciento vive en zonas urbanas.

Así las cosas, nos encontramos frente a un choque de derechos, entre los que alguna vez poseyeron y los que hoy poseen, todos amparados en algún punto por la ley. La verdad es que cualquier solución que se busque es compleja, porque cuando se ha establecido la propiedad de la tierra hace siglo y medio, sobre la base de un ordenamiento legal que da origen a la creación de la Argentina como república y más allá de cuestiones puntuales que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) pueda ir resolviendo, como ha hecho en el norte de nuestro país, no parece lógico que hagamos tambalear todo el andamiaje jurídico sobre el cual ha evolucionado este país, quitando derechos a los compradores legítimos de tierras. Y si como dicen algunos descendientes hubo terrenos comprados a precio vil o con engaños, difícilmente podamos establecerlo 150 años después, cuando ambos víctima y victimario, por llamarlo de algún modo, llevan tres o cuatro generaciones muertos.

De todas maneras el caso desatado en Los Toldos puede generar jurisprudencia, porque la Defensoría del Pueblo en acuerdo con la Municipalidad de General Viamonte y el Inai, realiza un relevamiento jurídico de los campos que los mapuches afirman que tuvieron que vender irregularmente. Cuando esté ese detalle, la comunidad iniciaría demandas individuales y ahí veremos la suerte que corren los juicios, sobre todo porque cuando se trata de posibles aprovechamientos que se han generado hace siglo y medio, insistimos, no será sencillo probar la venta injusta. Y en definitiva, tampoco los actuales y legítimos poseedores tienen algo que ver con aquel asunto.

Como las comunidades originarias bonaerenses están absolutamente adaptadas a la ciudadanía a punto tal que no viven en conjunto en la mayoría de los casos sino en las zonas urbanas de nuestra provincia, bien pueden entender el concepto de la propiedad que ampara a los actuales titulares y advertir que su reclamo no va ya en contra del Estado sino de sus propios vecinos. Por eso hablamos de choque de derechos.

La historia de los pueblos está repleta de estas situaciones y aun peores; guerras que permitieron al ganador sojuzgar todo un territorio, campañas (como la de Julio A. Roca) que era un emergente de la época, que era reivindicado por haber ganado territorios a pueblos indígenas. Era la cosmovisión del momento. Cada época ha tenido su cosmovisión, su conjunto de creencias que luego se traducía en leyes que proporcionaban el orden para vivir en sociedad. Desde el presente, con “el diario del lunes”, es sencillo juzgar esas acciones pero a la vez es vano porque no media la misma escala de criterios y valores. 

Lo que sucedía en la Argentina, pasaba también en Estados Unidos, en Australia y Canadá, como en todo el continente americano. Y antes había sucedido en Europa. Imaginemos por un momento que los etruscos, el pueblo considerado originario de la península itálica, apareciera ahora reclamando los territorios de Roma. Visto así parece ilógico, y lo es, porque con el paso de los siglos nuevos pueblos fueron ocupando el territorio y una vez que se creó el Estado italiano, se entiende que todos los que allí viven se rigen por la misma ley y el pasado quedó atrás.

Estos reclamos que no tienen en cuenta la evolución de los pueblos y la creación de las naciones modernas tal como las conocemos en Europa y en América, que no costaron poca sangre ni poco dolor en todos los casos, nos traen a una actualidad donde se entiende que es la legalidad y no la fuerza la que determina quién tiene la razón. 

Este tema se conecta con el referéndum catalán, guardando las distancias entre los reclamos, que fue más una masiva demostración política que un acto en el que se haya cumplido con la legalidad. Todo lo contrario y por eso ahora el camino será más sinuoso y duro. Los mismos representantes del pueblo catalán que suscribieron el Estatuto en 2006 donde se establecieron las actuales condiciones de autonomía fueron los que lo ignoraron y recurrieron a un instrumento ilegal, procurando un atajo que no hizo más que complicar la tarea independentista que se proponen. Y sobre todo pusieron al pueblo en una situación compleja. La grosera represión policial potenció sus efectos, añadiendo una fuerte reacción emocional, que es lo menos indicado en estos casos. 

La monarquía constitucional que sucedió al franquismo en España respetó las zonas autonómicas como Cataluña, región con la que se han firmado distintos acuerdos a los largo de estos años, donde se mantienen sus derechos específicos. Hoy todos estos acuerdos parecen querer ser desconocidos por la autoridad catalana. 

En fin que estamos en una época de reclamos y de la inteligencia de los gobernantes saldrán las soluciones o la profundización de los conflictos.