Escándalo de corrupción en Brasil, con conocidos de nuestro país involucrados

No es para sorprenderse que en más de un país latinoamericano haya corrupción. Es como un mal endémico que pasa de un gobierno a otro como si se tratase de un virus. Brasil es un país que ha tenido enormes escándalos de corrupción, basta decir que hubo que destituir en su momento a Fernando Collor de Melo por corrupto, antes del primer triunfo de Lula y de la llegada al poder el PT. En la Argentina gobernaba Carlos Menem que, en tanto, hacía privatizaciones en las que se ventiló más de un hecho de corrupción y sobornos.

Ahora mientras en la Argentina tenemos serios problemas como la muerte del fiscal Nisman que acusó a la presidenta de hacer negocios con Irán a sus espaldas, en Brasil crece  el escándalo de la corrupción en la estatal petrolera Petrobras.  

Mientras la Policía Federal anunció que ampliará a diez empresas más -entre ellas, la argentina Techint- la investigación sobre el pago de sobornos, por la que ya fueron procesados ejecutivos de las siete principales constructoras del país, una nueva fuerza de tareas creada por la Procuraduría General de la República comenzó a recabar pruebas contra los políticos involucrados en la millonaria trama. Es que hay políticos, legisladores y funcionarios, y empresas todas envueltas en el caso y debieron crear un organismo especial porque no dan abasto para analizar las pruebas y tomar los testimonios a los involucrados.

Luego de que en noviembre el juez Federal Sergio Moro, de Curitiba, procesara y ordenara la detención preventiva de 36 empresarios -entre ellos, altos ejecutivos de las compañías Camargo Correa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Engevix, Iesa, OAS y UTC-, ahora la Policía Federal inició pesquisas sobre la actuación de las constructoras Andrade Gutiérrez, Techint, Setal, MPE, Alusa, Promon, GDK, Schahin, Carioca Christiani Nielsen y la sueca Skanska. Esta última, como se recordará, también involucrada en supuestos sobornos en la Argentina, hace varios años, en una causa que involucró a Julio de Vido y que finalmente no llegó a resolución alguna.

Todas ellas, junto con algunas otras empresas, fueron citadas en las declaraciones que dieron a la Justicia los tres exdirectivos de Petrobras arrestados hasta ahora: Paulo Roberto Costa, quien estuvo a cargo del sector de abastecimiento de la petrolera; Ricardo Duque, exdirector de Servicios, y Néstor Cerveró, exdirector el área Internacional. Y están acusados, concretamente de crear una organización paralela para, a través de sobornos y sobrefacturación, repartirse contratos con Petrobras en la última década, cuando el Partido de los Trabajadores llegó al poder.

La presidenta Dilma Rousseff en más de una oportunidad ha debido echar a un funcionario de alto rango por denuncias de corrupción, sin que le temblara la mano, esto hay que decirlo también. Sin embargo los tentáculos de la corrupción son más fuertes.

“El esquema criminal de fraude en las licitaciones, sobreprecios y sobornos va mucho más allá de Petrobras”, advirtió esta semana el juez Moro, mientras que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, instauró una fuerza de tareas especiales para investigar la participación de políticos del oficialismo y sus partidos aliados en la enorme red de desvíos de dinero conocida como “petrolão”.

Lo que pasa es que al llevar presos a los tres directivos de Petrobras, estos comenzaron a negociar reducciones de penas a cambio de dar las listas de quiénes participaban en los cohechos y quiénes compraban licitaciones. Janot y los ocho fiscales de este nuevo grupo especialmente creado buscarán pruebas de las acusaciones contra políticos oficialistas que hicieron los ejecutivos y directivos de Petrobras, que vienen a ser los primeros tres “arrepentidos” de esta megacausa.

En sus declaraciones, que se mantienen en secreto, aunque algunos detalles se filtraron a la prensa, Costa habría señalado a una treintena de legisladores y hasta a algunos miembros del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, que habrían financiado campañas con fondos desviados de Petrobras. Se espera que las primeras denuncias contra los políticos sean presentadas por Janot ante el Supremo Tribunal el próximo mes.

Si bien hasta ahora las autoridades judiciales estimaban en unos 4.000 millones de dólares el costo de la corrupción en Petrobras, los directivos de la empresa estatal declaran que los contratos sobrevalorados habrían causado daños por unos 34.500 millones de dólares. Veremos quién tiene razón.

Según uno de los fiscales las constructoras son protagonistas de un gran esquema criminal de sangría de recursos públicos que lleva muchos años. La corrupción es practicada hace tanto tiempo por esas empresas que se volvió un modelo de negocios con el objetivo de mejorar su lucro. Si las empresas “se cartelizaron” para fraguar licitaciones y aumentar ilegalmente sus márgenes de ganancia, no tiene sentido alegar que fueron víctimas de presiones por sus cómplices. Esto lo aclara el fiscal porque muchos empresarios se presentan a la Justicia victimizándose, afirmando que debían pagar coimas para que les dieran la obra y por eso establecían entre todos los sobreprecios a los trabajos realizados.

Lo mismo pasa en la Argentina, las grandes empresas se cartelizan e incrementan precios y afirman que es porque les piden coimas. No sabemos al fin, si las dos cosas no son ciertas: se cartelizan para cobrarles demás al Estado y aparte les piden coimas.

La presidenta Dilma Rousseff teme que el escándalo paralice las inversiones a Brasil en un año donde las perspectivas de crecimiento son muy bajas: 0,3 por ciento, según proyecciones del Fondo Monetario. Por eso la mandataria llamó públicamente a no castigar a las empresas, sino a sus directivos corruptos.

“Cada vez que intentaron en Brasil desprestigiar al capital nacional estaban buscando en verdad disminuir su independencia. Tenemos que cerrar las puertas a la corrupción, pero no podemos, de ninguna manera, cerrar las puertas al crecimiento, al progreso y al empleo”, dijo la jefa de Estado en la primera reunión de gabinete de su flamante segundo mandato.

En realidad este caso, como otros similares en la Argentina, demuestran que las empresas de capitales mixtos, terminan contaminándose con la corrupción de algunos políticos que participan en el manejo.