En torno a la coparticipación, una señal orientada a la calidad de las gestiones

La coparticipación federal de impuestos es el concepto que identifica los recursos que reciben las provincias del Estado nacional y representan fondos que sirven para el desarrollo de las gestiones gubernamentales. Son el punto de anclaje de la relación que la Nación mantiene con los distritos y de una u otra manera repercute en la vida cotidiana de la gente porque significa la inyección de recursos que oxigenan y posibilitan el desarrollo de determinados proyectos y obras.  Desde el punto de vista económico resulta sustancial y en el aspecto político marca cómo se van tejiendo relaciones en un marco de más o menos equidad según la concepción que de la asignación de recursos tengan los gobiernos.

Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri gobernadores justicialistas vienen exigiendo que se les devuelva el 15 por ciento de coparticipación retenida a las provincias y el cumplimiento de la promesa de liberar el envío de fondos para obras públicas. En este contexto, y adoptando una posición en torno a uno de los temas más sensibles que tiene el Gobierno nacional en su agenda, el presidente Mauricio Macri dio las primeras señales de cuál será el rumbo oficial que se impondrá respecto de la asistencia financiera a las provincias y la asignación de recursos.

En la provincia de Córdoba el mandatario se mostró categórico al asegurar que es inviable que el Estado nacional siga asistiendo a aquel que no haga las cosas bien. En una clara alusión al reclamo que están haciendo varios gobernadores que según voceros del oficialismo durante la gestión de Cristina Kirchner “obedecían” y aceptaban sin cuestionamientos decisiones tomadas que afectaban la asignación de recursos en términos coparticipables.

Esta definición fue la insignia que marcó el rumbo que tomó el Ministerio del Interior que ayer reunió a los gobernadores para hablar de este tema y avanzar en posibles soluciones. Vale recordar que días antes de dejar el Gobierno, Cristina Kirchner emitió un decreto en el que extendió a todos los distritos la devolución de los fondos retenidos para financiar a la Anses, Macri lo derogó y luego aumentó del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento la coparticipación para la Capital Federal, bajo el argumento de acompañar el traspaso de la Policía Federal. 

Todos los observadores coinciden en que la reunión del ministro del Interior con los mandatarios provinciales fue clave porque allí se acordó que en un plazo de cinco semanas el Gobierno nacional se pondrá al día con la deuda corriente que la Nación mantiene con las provincias. También se sinceró que los recursos coparticipables que se asignarán a la Capital no superarán los que sean absolutamente imprescindibles para sostener el funcionamiento de la Policía Federal. Además se consensuó la realización de un nuevo encuentro con técnicos designados por las 24 jurisdicciones del país para analizar el esquema actual de coparticipación, en la búsqueda de corregirlo y lograr una mayor equidad en la relación entre la Nación y las provincias.

Más allá de estos acuerdos puntuales y de las opiniones que surgirán en torno a este tema mientras se desarrollen las negociaciones, lo que revela el diálogo con los gobernadores es la decisión de avanzar en una dirección: modificar una profunda inequidad existente en el reparto de la coparticipación federal y poner este tema bajo el prisma de la calidad.

A la luz de los discursos del propio Gobierno, lo que se intenta es crear nuevas reglas de juego que no sean como sucedió históricamente: las de beneficios dados en función de una determinada pertenencia partidaria y la convivencia política.

En este sentido, las apreciaciones del presidente Macri fueron contundentes: “No se puede asistir a los que hacen mal las cosas”, ni se puede discriminar- como según él sucedía durante el kirchnerismo- a quienes hacen las cosas bien.

Estas definiciones incluyen en la discusión no solo un nuevo esquema de asignación de recursos sino los parámetros vinculados a la calidad de las gestiones y los objetivos que cada provincia se trace en la tarea de conducir sus destinos sin perder de vista el criterio federal.

En esta línea,  lo acordado ayer por el ministro del Interior con los gobernadores no fue más que el señalamiento y ratificación de un rumbo. La premisa ahora es devolverle a los gobernadores las herramientas e instrumentos para que salgan adelante, asumiendo que en una coyuntura compleja el Estado tiene la obligación de asistirlos financieramente para no dejarlos desprotegidos, pero que en el mediano y largo plazo la sustentabilidad de las economías estará dada por la capacidad que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales tengan para alcanzar la tan ansiada gobernabilidad. Al primero le compete asignar los recursos de un modo equitativo y a las jurisdicciones provinciales, por su parte, lejos de la dependencia, les cabe idear estrategias para idear un desarrollo genuino.

La distribución de recursos, la reactivación de las obras públicas, el pago de deudas previsionales y el financiamiento de inversiones para fortalecer las economías regionales y atender las necesidades energéticas son algunos de los aspectos que a la par de la coparticipación conforman la agenda compleja que el Gobierno tiene que abordar con los gobernadores.

Introducir cambios en la distribución de la coparticipación federal es una vieja deuda pendiente y lo que se juega en esta discusión es el sostenimiento de provincias quebradas, y la puesta en marcha de una rueda que parece comenzar a girar con otro impulso. Sobre la base de una construcción colectiva que pondere la calidad de las gestiones, establezca un sistema de premios y castigos y deje de lado las mezquindades, esas que durante años han impedido el desarrollo y hoy condicionan seriamente la gobernabilidad.