El sinceramiento del gas, un nuevo dolor de cabeza

Un nuevo dolor de cabeza se genera para usos domiciliarios, pequeñas y medianas empresas, hospitales, clínicas, escuelas y clubes, por la aplicación del aumento del gas natural.

Para el Gobierno la suba es parte del “proceso de normalización tarifaria”. Hasta aquí total coincidencia porque por más que a nadie le gusta pagar más, lo cierto es que los servicios tenían congeladas sus tarifas desde hace 12 años, algunas en importes irrisorios. Por ello otro de los argumentos es que se está tratando  de volver “a un sistema más equilibrado”, reconociendo que la Ciudad de Buenos Aires estaba abonando una cuarta parte de lo que se paga en el resto del país por idénticas prestaciones. 

Pero en el análisis por parte de las autoridades, algo se les ha escapado porque en la aplicación fría de los porcentajes determinados surgen situaciones irrisorias, aunque dramáticas, como las suscitadas en Bariloche, donde un sacerdote denunció que entre sus feligreses, de extracto humilde, recibieron facturas de gas con incrementos de más del 2.000 por ciento, con importes en torno a los 6.000 pesos. Lo mismo viene sucediendo en otros puntos del país, inclusive Pergamino, con facturas de electricidad. Entidades de salud, escuelas y pequeños comercios, con graves consecuencias en todos los casos, como veremos.

Por un lado está el necesario sinceramiento de tarifas y por otro la viabilidad de su aplicación para que no se convierta lo primero en una espada de Damocles para la sociedad y, a la postre, para el propio Estado. Y en otro apartado, la situación de todos los distritos que no son ni la Capital ni el Conurbano, es decir, la mayor parte del país. Es claro que no se ha tenido en cuenta que en el interior  ya veníamos pagando tarifas más altas.

A la luz de los hechos, es evidente que cuando se analizaron los aumentos muchísimas situaciones no fueron contempladas y hoy el Gobierno es como una ambulancia que sale a recoger heridos, poniendo parches a lo realizado.

El argumento de la tarifa social para acompasar el efecto de los aumentos y procurar que estos lleguen a quienes –supuestamente- están en condiciones de pagarlos, ha resultado insuficiente. Se explicó que abarcará a jubilados, beneficiarios de la asignación universal y otros planes sociales y a todo aquel que no pueda pagar en función de un ingreso familiar de dos haberes mínimos, que hoy está en 9.900 pesos. Se trata, aproximadamente, del 20 por ciento de los usuarios atendidos. Quedan afuera ocho millones de usuarios entre los que están los sectores medios, las pequeñas y medianas empresas, entre otras entidades, que son quienes por el momento están pagando todos los costos del duro ajuste. La cuestión es que si le aplica la nueva tarifa a estos sectores tan amplios nos encontramos con pequeños comercios que de pagar 5.000 pesos mensuales de luz pasaron a recibir una factura de 30.000 este mes. Tal el caso de una confitería de nuestro medio. ¿Cómo se supone que afronta el comerciante este gasto? Los caminos son tan pocos como claros y dolorosos para todos: prescinde de personal (con dos sueldos menos paga la luz) o traslada el costo a su producto, y si lo hace en su totalidad, seguramente no venderá una factura más y deberá cerrar sus puertas. Como este, miles de casos en todo el país.

Extraoficialmente, LA OPINION pudo saber que un reconocido centro de investigaciones de nuestra ciudad recibió su factura de la luz con un importe en torno a los 300.000 pesos. ¿Espera el Gobierno que este importante dispositivo sanitario ahorre la energía que utiliza de manera vital para sus investigaciones. Y si lo hiciera, ¿a cuánto podría bajar la factura?, ¿a 270.000 pesos?  Una cifra igualmente inadmisible, que por cierto, deberá abonar el propio Estado, una flaca manera de contribuir él mismo con la disminución del gasto público.

La cuestión de las entidades es otra: clubes, iglesias, asociaciones que sobreviven mayormente de cuotas colaborativas no podrán de ningún modo afrontar los nuevos costos. Y tocar el valor de sus cuotas, en un momento tan recesivo de la economía, sin dudas le redundará en la baja de sus adherentes.

A modo general, toda la sociedad se enfrenta por estas horas a los denominados aumentos de segunda generación: aplicadas las nuevas tarifas de servicios, todos los bienes y prestaciones verán sobrecargados sus costos y lo que hasta ahora no había aumentado, lo hará.

El aumento del gas, en tanto, se formalizó a través de las Resoluciones Nº 28 y Nº 31 del Ministerio de Energía y Minería, publicadas en el Boletín Oficial, donde se establecen también los criterios para la tarifa social. Y quienes registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15 por ciento respecto del mismo período del año anterior, también tendrán bonificaciones. ¿Pero cómo ahorrar en invierno un bien tan elemental como la calefacción? ¿Cómo lo hacen escuelas y hospitales?

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aclaró que no se esperan nuevas subas de tarifas de gas durante 2016 y justificó el ajuste, al señalar que se busca corregir las “señales contrarias a la realidad”: “Los precios bajos alentaban el consumo y la demanda aumentaba en función de eso, mientras a la oferta se le decía que no tiene condiciones de rentabilidad para poder sostener su actividad, por lo tanto no produzca”, explicó el funcionario. Aranguren evaluó que con esas dos señales contradictorias la oferta escasea y la demanda aumenta, lo que lleva a recurrir a cortes de energía eléctrica o importación.
La posición del ministro de Energía es la lógica de un CEO, empresario, sin embargo cuando se trata de la cuestión pública la mirada económica no es igual a la mirada aritmética. 

La economía es más una ciencia social, no es matemáticas, hay que contemplar la oportunidad de los incrementos y su impacto en la producción y en la vida diaria de los ciudadanos. Porque buscando sincerar tarifas en forma salvaje, tras tantos años de subsidios aplicados (que no son responsabilidad de la gente sino de los mandatarios de la gestión anterior) se puede producir imposibilidades de pago para los consumos residenciales, ahogo a la pequeña y mediana empresa que, como es la que ofrece el 80 por ciento del mercado laboral, se pueden producir despidos, más recesión. Por eso afirmamos que cuando se va a tomar una decisión económica son muchas las variables a tener en cuenta, no sólo que coincida lo que se cobra con lo que cuesta realmente el gas, en este caso. Y esas variables, claro está, no fueron contempladas.

Es así como muchas industrias han salido públicamente a advertir el problema, mientras las santafecinas aún intentan resolver el ahogo por los incrementos en la electricidad recibidos el mes pasado, se encuentran desde este mes con un nuevo tarifazo: el del gas. Algunas empresas que utilizan el recurso en su proceso productivo recibieron las últimas facturas con hasta 1.500 /1.600 por ciento de aumento. A modo de ejemplo el Gobierno de Santa Fe afirmó públicamente que una empresa recibió una factura de 380 mil pesos mientras que la anterior había sido de 30 mil pesos.

El incremento es de un 300 por ciento promedio, aunque hay tarifas distintas en cada localidad del país y según la categoría donde estén inscriptos según sean consumos residenciales o industriales, comerciales o productivos. Esto lo veremos los pergamineneses en la próxima factura de Litoral Gas que, se estima, tendrá un costo del metro cúbico de 5 pesos. A mayor consumo, mayor porcentaje de aumento. Pero muchas veces (por no decir todas) la reducción del consumo no es una opción. El clima puede ayudar, pero clínicas, hospitales, geriátricos, escuelas no pueden economizar en este punto. 

La realidad es que estos aumentos tan importantes, no sólo repercuten en el sector privado, incluyendo clínicas, clubes, los teatros, los museos y entidades de la comunidad en general, sino que también impactarán en el déficit del mismo Estado.

Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal deberá afrontar enormes costos de energía en los hospitales, las escuelas y los centros sanitarios. Pensemos, por ejemplo, en los 60 nuevos calefactores del exColegio Nacional. Con estos grandes incrementos, ¿cómo se logrará mejorar el déficit fiscal? Un interrogante que a estas horas muchos mandatarios provinciales deberán hacerse.

La marcha de los estudiantes universitarios en estos días, que fue multitudinaria por otra parte, se produjo precisamente por los incrementos de servicios. Ya que cada universidad tiene asignado un presupuesto y lo debe administrar para que alcance para cubrir las necesidades que tienen. Sin embargo ese presupuesto fue aprobado con los números que dejó pautado el kirchnerismo y al surgir los aumentos de servicios, los montos resultaron cortos para poder mantener el año de trabajo.

Algo similar a lo que ocurre con los salarios para tantos rubros que aún no han tenido paritarias. Los trabajadores están cobrando con salarios del año pasado y el sinceramiento de tarifas y la inflación los han colocado en una situación muy difícil.

Una ventaja que tenemos los argentinos es que el gobierno de Mauricio Macri, cuando una medida tiene impacto negativo es permeable a revisarla, a buscar salidas. No son dogmáticos en sus decisiones. En una Argentina donde el kirchnerismo impuso decisiones sin posibilidad de cambio bajo ninguna circunstancia, esta es una virtud.

A estas horas han puesto bajo la lupa los aumentos de gas y posiblemente deban hacer correcciones a los anuncios efectuados. Eso abre la posibilidad de que quizá mejoren la situación del aumento del gas tal como está planteada.

Pero lo lógico hubiera sido un análisis más profundo y sensible previo a lanzar los ajustes.