El sentido común es el juez más duro contra la corrupción

En medio de las tormentas generadas por los destapes de una enorme corrupción en la pasada gestión kirchnerista, con una Justicia de la que se desconfía y con razón, por el tratamiento espasmódico de los temas que involucran al poder, hay un asunto que no es menor y que es parte del análisis: el mensaje a la sociedad de los sindicados.

Frente a esta situación compleja que vivimos: indignación, crisis económica, herencia recibida, medidas de ajuste, la sociedad tiene preocupaciones fundamentales para su vida cotidiana, como su bolsillo y la inseguridad. No podemos exigir, a los hombres y las mujeres de a pie, que asuman posturas filosóficas respecto del funcionamiento de nuestras instituciones cuando tienen enorme angustia para llegar a fin de mes. 

Sin embargo, el sentido común de la gente lleva a conclusiones que se van sedimentando en lo que podemos llamar inconsciente colectivo. Lenta pero implacable, la conciencia de todos va acentuando ideas, imágenes, creencias, que terminan por dar a los políticos la peor de las sanciones: la social. Concretamente, esperamos que los políticos corruptos sean sancionados y también que se devuelva el dinero robado, pero aquello que la Justicia logre o no, es independiente de que la sociedad no vuelva a confiar en esos políticos y es claro que sin este presupuesto no se puede soñar con volver al poder. 

Aunque la corrupción no aparezca al tope de los sondeos de opinión, todo lo que sucede ha creado un estado de enojo del que la dirigencia política deberá hacerse cargo. Y esto implica comportarse como se espera de cualquier ciudadano.

Hay un enorme aparato judicial dispuesto a la tarea de condenar a los hechos y sus imputados, y otro de igual dimensiones enfocado en evitarlo. Es la grieta, que también se hace visible en la Justicia. Por eso, ante la parafernalia de medidas procesales: imputaciones, citaciones, indagatorias, allanamientos, los exfuncionarios hablan de “persecución judicial” y con ello pretenden excusarse de todo lo que los acusan. 

Supongamos que algo de ello hubiere e imaginemos un caso por fuera de lo político: si a usted lector, un vecino enojado le “inventara” una causa, como un robo o un asesinato, cuando usted no tiene nada que ver, sin dudas lo primero que hará será presentarse a la Justicia a exponer sus razones para lo antes posible quedar exonerado. Sabiéndose inocente, usted no querrá permanecer un minuto más de lo necesario bajo una presunción de culpabilidad. Esto es sentido común. Pero nuestros políticos y exfuncionarios obran justamente de la manera contraria: se valen de todos los vericuetos procesales para dilatar la mirada profunda de los jueces; en lugar de ponerse bajo la supervisión de la Justicia lo más rápido posible para demostrar su inocencia, utilizan maniobras dilatorias para esquivarla. Esto, en la calle y para la gente común, es igual a tener mucho que ocultar. Y justamente todo tiempo que pase es útil a este fin de esconder pruebas y enfriar pesquisas.  

En el discurso, las pocas veces que hablan en público o cuando son interrogados por la prensa, al referirse a sus situación judicial estos personajes sintetizan en un “que la Justicia investigue”. Pero por otro lado, la cuestionan y no responden con celeridad a sus requisitorias; sus abogados se la pasan presentando recusaciones, anulaciones, postergaciones, declaraciones escritas. Todo legal, es claro. Pero la actitud no es propia de quien realmente quiere que la Justicia investigue en pos de probar su inocencia. Quien nada tiene que ocultar y está siendo acusado falsamente, por sentido común le exige celeridad a los jueces para salir del escarnio. No sería el caso, claramente, de Boudou, De Vido, López, Etchegaray, Fernández y compañía. 

Es ante estas situaciones, con las que nos desayunamos cada día, que el sentido común va un paso más adelante y lee entrelíneas esto que estamos planteando: que los políticos que estuviesen injustamente apuntados como corruptos se mostrarían desesperados por presentarse en Comodoro Py para limpiar su nombre y salir rápidamente de un mal entendido que los ensucia en lo más importante que debe tener un político: su credibilidad.

Esto es que lo que estamos viendo: una actitud claramente dilatoria de los acusados, desde la propia expresidenta Cristina Kirchner hacia abajo y hacia los costados de sus colaboradores, quienes no solo no colaboran con las investigaciones judiciales sino que parecen hacer todo lo posible por entorpecer y dilatar las causas. Los fiscales investigan, recopilan y presentan ante los jueces intervinientes pero éstos quedan estancados por las medidas que solicitan los abogados defensores, y en algunos casos también son los propios magistrados los que demoran en expedirse, por alineamiento político o por temor. Ya lo hemos dicho, la biblioteca judicial quedó dividida en dos por la grieta.

En general, quienes presumen inocencia tienen apuro por que la Justicia los libre de esas malsanas sospechas. Los culpables, en cambio, buscan encaramarse en los resquicios que todo sistema de garantías ofrece para que la Justicia no llegue a conclusiones válidas. Y la sociedad, independientemente de lo que resulte en tribunales, termina por configurar una realidad sobre la base del sentido común: quien tanto esquiva, mucho esconde. Y esa es una Justicia que aplica la sociedad en forma inapelable.