El sector eléctrico, un barco que se hunde todos los días un poco más

Las distribuidoras eléctricas en nuestra provincia y en el país en general están padeciendo enormes dificultades de tinte económico. La falta de actualización de tarifas las pone en una situación crítica de subsistencia, primero y, en consecuencia, de imposibilidad de invertir en tendidos, generadores, transformadores, en fin, todo lo necesario para prestar un servicio acorde a las necesidades de los usuarios del Siglo XXI. Especialmente, que puedan abastecer sin sobresaltos a industrias, que con su productividad hacen al desarrollo.

Si la luz no sube como todo lo ha hecho, al ritmo inflacionario, es porque el Gobierno se niega. Si desde allí se adecuan las tarifas, sería un reconocimiento implícito de un índice negado. 

En cambio, sostienen a las empresas prestadoras y distribuidoras con apoyos económicos que se ofrecen a cambio de mantener el costo bajo de la boleta pero que llegan tarde y a cuentagotas.

Esta problemática se vive con preocupación también en Pergamino, donde es una cooperativa la que distribuye la energía eléctrica. Estas entidades, de distintas provincias del país, a cambio de no aumentar las tarifas adhirieron al Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, según el cual el Estado compensa con dinero para la realización de obras de infraestructura la imposibilidad de obtenerlo a partir del cobro del servicio. 

Sucede que, de lo necesario, pautado y prometido, se recibe poco, tarde y en cuotas, de modo que están padeciendo los rigores de pérdidas mensuales en el negocio. Para mayores males, los entes cooperativos normalmente tienen planteles de empleados desmesurados y pagan excesivas horas extra. Por ejemplo, la Celp presentó ante el Ministerio de Infraestructura su proyecto de inversión para 2014, por un valor de 7.500.000 pesos, de los cuales, al 31 de octubre pasado, cuando se celebró la asamblea, se habían recibido 1.400.000, siendo que para esa fecha ya se debería haber acreditado el tercero de esos aportes, es decir, 5.880.000.

Es por todas estas razones (prohibición de tocar tarifas e incumplimiento del Estado en el Plan de Convergencia) que, en el caso de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, el consejo de administración resolvió aumentar en un 20 por ciento la cuota capital de cada socio en su última reunión, concretada el pasado lunes. Las autoridades de la entidad dicen que le adeudan parte de la “Convergencia” del año pasado y no pueden mantener la estructura en esta situación. De esta manera el usuario pagará más desde la próxima facturación aunque no haya incremento de tarifas.

Para las distribuidoras eléctricas privadas Edenor y Edesur, las dos mayores empresas de ese rubro en el país, los próximos dos meses serán clave para ver si pueden seguir adelante con el negocio. Con resultados económicos que arrojan pérdidas millonarias, aumentos de costos por la inflación e ingresos congelados debido al retraso tarifario, ambas empresas deberán reducir su capital social en el primero o segundo trimestre del año.

Más aún, han planteado que si no obtienen ingresos adicionales a los actuales, entrarán a fines del primer trimestre o principios del segundo en una situación de patrimonio neto negativo. En esas condiciones, podrían quebrar. Más que suficiente para que iniciaran un proceso de liquidación y estén obligadas a devolver la concesión.

No hay muchas alternativas a la vista: o les permiten incrementos de tarifa, lo que en un año electoral es más que difícil lograr, o el Estado les tendrá que incrementar los subsidios. Esto dicho sin desconocer que se trata de pasar el momento, de un parche que se le pone a una herida. Porque lo que hay que analizar es el costo real de la energía en la Argentina y de allí partir con soluciones serias y de largo plazo. También se puede recurrir a otros recursos, siempre en plan de salir del paso: un incremento en el denominado Focede (Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica), que se usa para financiar obras de las empresas privadas; se nutre con un item en las facturas de Edenor y Edesur que se aplica desde 2013 y lo administra el Gobierno. Ayer hubo una nueva señal en esa dirección: Edenor informó a la Comisión Nacional de Valores que había renovado un acuerdo con Cammesa, la compañía administradora del sector eléctrico que es la encargada de comprar la electricidad a los generadores y vendérsela a las distribuidoras, para obtener fondos. Una intermediaria. 

Edesur informó al Gobierno que había perdido 1.358 millones de pesos el año pasado. “El resultado negativo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 pone en evidencia que el margen de distribución percibido por la compañía es insuficiente para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del negocio”, explicó la compañía.

En las dos distribuidoras, según explicaron fuentes privadas al tanto de las discusiones, esperan que en las próximas semanas el Gobierno les otorgue algunos beneficios para limpiar sus balances y puedan continuar prestando el servicio.

En julio de 2013 remitió a las empresas documentos que podían utilizar para el pago de su deuda con Cammesa y a las cooperativas les ofrecen lo mismo, que se endeuden con la distribuidora hasta que se amplíen los subsidios. Las cooperativas quieren esta salida, porque temen que luego además de los problemas que ya tienen, deban afrontar esa deuda con la intermediaria. En cambio Edenor le debía a Cammesa 6.250 millones de pesos y Edesur, otros 5.700 millones. Si bien los documentos que esperan del Gobierno no implican para las empresas contar con mayores recursos, les permitirían mejorar sus balances. Lo que no alcanzamos a ver es cuál es el plan oficial para mantener a flote el sector eléctrico. Un barco que parece hundirse todos los días un poco más.