El petróleo de Malvinas, el conflicto que se viene con Gran Bretaña

Mientras el pueblo argentino aún hoy lamenta aquella guerra que no nos reportó más que dolor y no nos acercó al objetivo, hay políticos e intelectuales que consideran que aquella gesta y los actuales reclamos diplomáticos constituyen demasiado esfuerzo por unas islas que “no valen nada”, en términos de rendimiento de su suelo.

Baste recordar a Jorge Luis Borges, uno de nuestros máximos escritores que expresaba que había que pensar si valía la pena tanto reclamo por esas islas pura roca.

Sin embargo siempre se dijo que nuestra plataforma continental era una rica extensión para explotar, cosa que la Argentina siempre dejó para otro momento, que nunca llegaba. Es así que barcos asiáticos, entre otros, han saqueado, pirateando nuestras costas de los productos de mar más caros en el mercado, sin ir más lejos. 

Además, la locación de estos archipiélagos es estratégica por ser un punto necesario para el abastecimiento de combustible y como enclave militar por ser punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, además de su cercanía al disputado territorio antártico. 

Por estas riquezas imperceptibles y otras materiales es que ahora se ha abierto un nuevo foco de conflicto diplomático entre Gran Bretaña y la Argentina. Sucedió esta misma semana, cuando tres compañías petroleras británicas anunciaron en Londres que descubrieron petróleo en las aguas del norte de las Islas Malvinas.

Las compañías Falkland Oil and Gas, Premier Oil y Rockhopper Exploration descubrieron petróleo en el pozo de exploración Isobel Deep, en la cuenca norte de las islas, donde tienen previsto realizar más trabajos en el futuro inmediato. Tanto las empresas petroleras como las autoridades de las islas no dieron detalles de las proyecciones económicas previstas. Porque obviamente es una información que se reservan para los acuerdos con el Reino Unido.

La reacción de la Argentina, que ya se venía quejando de estas exploraciones no autorizadas, no se hizo esperar. El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, afirmó que el petróleo que existe en las inmediaciones del archipiélago del Atlántico Sur “pertenece a los 40 millones de argentinos” y volvió a rechazar la actividad que empresas británicas realizan ilegalmente en la zona, sin autorización de la Secretaría de Energía.

Estas empresas ya fueron denunciadas penalmente en una causa judicial que tramita la justicia de Tierra del Fuego. A su vez, evalúan en Cancillería realizar una queja formal en Londres ante la decisión de las empresas petroleras de capital británico de extraer crudo de las Islas Malvinas. La presentación de la queja podría canalizarse por medio de la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro.

La problemática se enmarca, como viene sucediendo hace años, en el incumplimiento de Inglaterra de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, a las que no presta atención alguna. En el caso que nos ocupa, el organismo pide que a través del diálogo entre ambos países se pongan de acuerdo e insta a los dos gobiernos a no tomar medidas unilaterales sin el consentimiento de la otra en la zona en litigio. Sin embargo el Reino Unido sigue tomando los territorios y operando en ellos sin dar cuenta a la Argentina. En este caso, ha tomado como propia la plataforma submarina lindante y sus riquezas también.

La postura de las autoridades de las Islas Malvinas sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur quedó expuesta la semana pasada por Phyl Rendell, representante de la Asamblea Legislativa, cuando dijo que “la exploración responsable y los preparativos para la potencial explotación de hidrocarburos han venido ocurriendo desde finales de la década de 1990, cuando se perforaron los primeros pozos costa afuera y tenemos legislación en la que se establecen los criterios para las compañías que postulan licencias para trabajar que las obliga a operar con altos estándares internacionales”.

Y habló sobre la protección ambiental, las exigencias a las empresas que comienzan a explotar la zona, todo se dijo, menos que la Argentina no ha sido consultada, ni avisada, ni tenida en cuenta en absoluto.

Sólo nos mencionó Rendell ante una pregunta sobre la posición de Buenos Aires, al evaluar que “en contra de las recientes declaraciones escandalosas de representantes del Gobierno argentino sobre la posibilidad de que las actividades de perforación puedan contaminar la costa de la Patagonia, reitero una vez más que tenemos nuestra propia legislación para regular esta industria y hemos podido tomar los mejores ejemplos a nivel mundial para adaptarlos a nuestro medio ambiente en el Atlántico Sur”.

Es decir que, desconociendo el dictamen de la ONU, para las autoridades de Malvinas la cuestión no radica en la improcedencia de la explotación inconsulta sino en una cuestión bilateral en torno al compromiso ecológico. Algo similar a lo que ocurrió con Botnia en la costa uruguaya y su afectación en territorio argentino. 

Sin embargo, aquí el problema no es sólo de contaminación sino que se enmarca en el litigio internacional por la jurisdicción de los archipiélagos, cuestión que el Reino Unido pasa por alto sistemáticamente. Ahora planean saquear nuestra plataforma submarina, riqueza que nos pertenece y que a ojos del mundo entero planean robarla. Ese es el escándalo y no otro.

Se supone que ser miembro de la ONU, y en este caso ocupar una silla permanente en el Consejo de Seguridad, implica el acatamiento de los mandatos que la Asamblea emana. No es la manera en que se mueve Londres, y si bien el organismo internacional no tiene poder de policía ni judicial, es de esperar que en el ámbito interno esta actitud devenga en algún tipo de llamado de atención o sanción.

Lamentablemente los países centrales no aceptan resoluciones de organismos internacionales aunque formen parte de ellos, lo que deja a la Argentina ante la situación de seguir reclamando, mientras nos explotan la plataforma submarina del modo más descarado.