El juicio por encubrimiento de la causa Amia, el primer eslabón de una sucia cadena

La muerte del fiscal Alberto Nisman no fue el inicio de un proceso complejo como el del atentado a la Amia en la Argentina; fue un desgraciado hecho, suicidio o crimen no sabemos aún, de una larga cadena de encubrimientos, sobornos, en una causa muy manoseada, con afectaciones tanto en el plano nacional como en el internacional.

Lo sucedido con el fiscal, por la fuerza que tiene su muerte un día antes de presentarle al Parlamento acusando al Gobierno de buscar exculpar a Irán, quizá nos hizo olvidar todo lo que sucedió antes de que se creara la UFI especial Amia a su cargo.

La primera investigación de la causa, en épocas del menemismo, está plagada de irregularidades, hechos singulares y posible comisión de delitos. Por eso la Justicia prohibió salir del país al expresidente Carlos Menem, al exjefe de la Side, Hugo Anzorreguy, y al exjuez federal Juan José Galeano, entre otras personas, para evitar que con su ausencia demoren el inicio del juicio que afrontarán desde el 6 de agosto, en el que están acusados de cometer actos ilícitos destinados a enmascarar el atentado contra la mutual judía.

Los que no pueden salir del país sin antes pedir permiso fundado al tribunal que los juzgará son, además de los mencionados, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el extitular de la Daia Rubén Beraja; el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios; el mecánico Carlos Telleldín; su expareja Ana Boragni; su exabogado Víctor Stinfale; los exagentes de Inteligencia Patricio Finnen y Juan Anchezar, y el policía retirado Carlos Castañeda.

Pueden impedirles salir del país, porque están procesados, sin prisión preventiva y serán juzgados por irregularidades en la causa que genéricamente se conoce como la del encubrimiento que perjudicó el esclarecimiento del atentado de julio de 1994. 

Hay probadas situaciones que demuestran que estas personas, por acción u omisión, obstruyeron el camino para que no se llegara –hasta hoy- a la verdad.

Los jueces a cargo de ese proceso, que está previsto que comience el 6 de agosto, son los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 2: Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli. Los magistrados explicaron que el sentido de impedir la salida del país de los acusados es “contrarrestar eventuales imprevistos que pudieran llevar a suspender, retrasar o interrumpir el normal desarrollo” del juicio oral. No hay ninguna razón particular por la que se tomó esta decisión sino que, previendo que se trata de un juicio largo, es muy probable que se den estas ausencias. Aunque en un juicio oral siempre son excepcionales y los criterios de los jueces son muy restrictivos.

De acuerdo con nuestras leyes, los procesados tienen la obligación de estar presentes en el comienzo del juicio, cuando se leen las acusaciones en su contra, durante su declaración indagatoria para defenderse y al final del proceso, durante los alegatos de las partes y la lectura del veredicto. No sería extraño -y así lo presumen los jueces- que para dilatar (si no evitar) el proceso, estas personas, sobre todo las de mayor edad, se ausenten.

En ese plan está Carlos Menem. No pudiendo salir del país, ahora pidió que se lo exima de estar presente durante todo el proceso por cuestiones de salud. Los magistrados mandaron los médicos oficiales y estos dictaminaron que, pese a su edad y sus lógicas consecuencias, puede enfrentar el proceso.

Como es de imaginar se trata de un juicio por encubrimiento muy complejo y que será extenso. Una vez por semana serán las audiencias, para las que han sido citados a declarar 140 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner y quien fue hasta hace muy poco tiempo el hombre fuerte en la Secretaría de Inteligencia: Jaime Stiusso. 

En el caso de la mandataria, su presencia es requerida por haber denunciado el encubrimiento cuando era legisladora y Menem presidente. Las vueltas que da la vida, porque quizá en otro de los juicios de Amia la presidenta tenga que presentarse a declarar en otro carácter, el de facilitadora de un acuerdo que conculcaría las requisitorias judiciales argentinas respecto de los supuestos participantes iraníes en el atentado.

Este juicio se inició luego de que el Tribunal Oral Federal Nº 3 absolviera en 2004 a todos los acusados en el primer juicio por la voladura de la Amia. En ese juicio los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Miguel Gordo denunciaron un complot de los tres poderes del Estado para encubrir la investigación con falsos culpables. En ese juicio quedó claro que el gobierno de Menem había pagado 400.000 dólares a Telleldín para que señalara a los policías acusados, luego absueltos.

El Gobierno tiene especial interés en la realización de este juicio para remarcar que fue el menemismo el que impidió la investigación de la Amia, y no el kirchnerismo.      

Lo cierto es que desde el atentado en 1994 los gobiernos que se han sucedido no han resuelto nada. Hay claros indicios de que la orden salió del gobierno iraní, pero no más que eso. La pista siria sigue dando vueltas y la Argentina sigue pasando papelones en el mundo. Porque en épocas de Menem se encubrió el caso hasta con sobornos importantes y en la era Kirchner se creó una unidad especial para llegar a la verdad y el fiscal hoy está muerto misteriosamente. En el interludio, el acuerdo de entendimiento con Irán que, con pretensiones de esclarecimiento, plantea muchos grises en cuanto a la situación de los acusados de aquel país, además de involucrar negociaciones de tipo estratégico y económica como “moneda de cambio” en esta cuestión tan sensible a la sociedad argentina y mundial.