El Gobierno debe tomar una decisión con Boudou aunque pague un costo político

Para el Gobierno no hay momento de mayor debilidad política que éste, en que la economía muestra un  agotamiento extremo, la inflación corroe bolsillos y las paritarias amenazan la poca tranquilidad de la administración.

Y en ese escenario, el fiscal federal Jorge di Lello pidió las indagatorias del vicepresidente Amado Boudou y del jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, por el caso Ciccone. 

Con esta presentación se aceleran las definiciones, que vienen bastante dilatadas en el expediente penal que tiene en vilo al Gobierno desde hace dos años.

De acuerdo con el escrito del fiscal, hay pruebas que demostrarían que Boudou y Echegaray se interesaron, en violación de la ley, por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda. Boudou, porque opinó en favor del levantamiento de la quiebra en su condición de ministro de Economía, algo que no había hecho en ningún otro caso, y porque se habría reunido con los Ciccone, sus dueños originales, para negociar el traspaso y Echegaray, porque le concedió a la imprenta un plan de pagos extraordinario, diferente de los otros 1.363 otorgados por la Afip, sostuvo el fiscal.

Según Di Lello, ambos deben ser citados a declarar como acusados del delito de negociaciones incompatibles con sus cargos, una figura que prevé una pena de uno a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua que, de ser condenados, les impediría ejercer cualquier cargo público. No obstante, durante el curso de la investigación, aunque fueran indagados o procesados, seguirían libres y, en lo que respecta a la ley, podrían conservar sus cargos. Porque no es lo mismo sospecha que condena.

La presentación del fiscal forzará al juez de la causa, Ariel Lijo, a reevaluar su plan de trabajo. La idea del magistrado era seguir reuniendo pruebas durante algunos meses más antes de disponer posibles indagatorias, afirmaban fuentes que conocen el caso. El juez no está obligado a contestarle al fiscal -y es probable que no lo haga-, pero es innegable que el voltaje político de la presentación sacude el expediente.

Es evidente que Lijo apostaba a seguir dilatando la causa con el truco conocido de “seguir reuniendo pruebas”, una versión que siempre se acepta porque se cree que el magistrado lo hace para trabajar más responsablemente. Sin embargo en este caso, al ser Boudou vicepresidente, no es de extrañar que sea la cercanía del poder lo que hace que se terminen por fabricar dilaciones.

Lijo se reunirá con su equipo para decidir los pasos a seguir. Podrían apurarse algunos trámites. No obstante, en el juzgado creen que para cerrar una hipotética acusación contra el vicepresidente falta una serie de elementos que están terminando de juntar. Por ejemplo, el análisis del contenido de dos computadoras que usaba Alejandro Vandenbroele, acusado por su exmujer de haber sido el testaferro de Boudou. Ella, Laura Muñoz, podría ser citada como testigo. No sabemos cuánto tiempo tardará el magistrado, teniendo excelentes peritos en computación, para analizar esta cuestión.

Tan pronto Di Lello entregó su escrito en el Juzgado, Echegaray presentó uno propio donde pidió que se definiera de una vez su caso. “No me queda claro cuál es mi estado procesal”, dijo. Su situación es mejor que la de Boudou. Hasta ahora, el Juzgado no lo considera sospechoso.

Con el escrito de Di Lello quedaron expuestas las diferentes visiones que tienen el juez y el fiscal sobre la causa. Para Lijo, Echegaray tiene carácter de testigo. No de acusado. Lo mismo que los miembros de la familia Ciccone que participaron de las negociaciones para evitar la quiebra. Según ellos, amenazados por el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, le entregaron la imprenta al vicepresidente y a sus prestanombres.

Para Di Lello, en cambio, si existió un delito, los Ciccone también son culpables. Por eso, su pedido de indagatorias incluye, además de a Boudou y a Echegaray, a Nicolás Ciccone y a sus yernos Guillermo Reinwick y Pablo Amato. También alcanza a Núñez Carmona, a Vandenbroele y a tres hombres que protagonizaron el surgimiento de la nueva Ciccone (Máximo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez y Jorge Capirone).

En cuanto al capítulo Afip, junto con la indagatoria de Echegaray, Di Lello solicitó además la de Rafael Resnick Brenner, su exjefe de Gabinete de Asesores, que le recomendó favorecer a Ciccone con una quita en sus deudas impositivas, medida que sólo puede tomar el Congreso.

Di Lello pidió además la declaración testimonial del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, y de autoridades de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur para “ahondar respecto del origen de los fondos” que permitieron el levantamiento de la quiebra. La cooperativa financió a The Old Fund, que obtuvo a su vez créditos del Banco Macro, relató el fiscal. Según Di Lello, fueron fondos “de dudoso origen”.

Pero la diferencia de criterios entre el juez y el fiscal no sólo está dada por la condición de imputados o testigos de algunos involucrados. La investigación de Lijo aspira a ir más allá de la adquisición de la empresa; pretende indagar también en para qué se compró la imprenta y en los negocios posteriores previstos, por ejemplo, con la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía, por entonces a cargo de Boudou.

De confirmarse que Vandenbroele fue su testaferro, el vicepresidente habría tenido la posibilidad de contratar, como funcionario, a una empresa que en realidad era suya.

Al fin, el vicepresidente se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py para elevar al juez Ariel Lijo “un escrito aclaratorio” que explica su intervención en el proceso de levantamiento de la quiebra de la eximprenta Ciccone Calcográfica.

El funcionario, al salir de los tribunales, informó que elevó dos escritos en los que detalló su actuación como ministro de Economía en el salvataje de la imprenta que fabrica billetes y el posterior traspaso del capital accionario a The Old Fund. “Ya expliqué que es mentira”, dijo Boudou, al ser consultado sobre las acusaciones que planteó el fiscal Di Lello en el pedido de indagatoria.

“Más allá de cualquier decisión que se tome, vine a ponerme a entera disposición, que sepa que va a contar con toda la colaboración, dejarle un escrito aclaratorio”, dijo el vicepresidente, que también reclamó que se dé trámite “lo más rápido posible” a las actuaciones para “que se pueda esclarecer todo”.

Diego Pirota, abogado de Boudou, dijo que “los fundamentos son insuficientes y equivocados”, y acusó al magistrado y al fiscal de querer involucrar al vicepresidente con una clara intención política. “Todo lo que el juez hizo en diciembre fue desvirtuar la causa y la investigación. Se corre del foco real y hoy nos vemos en la obligación de dar una explicación que consideramos innecesaria”, agregó.

La oposición pide la renuncia de Boudou, el oficialismo dice que se trata de un “linchamiento mediático” contra el vicepresidente. Pero lo que los argentinos pretendemos es una Justicia independiente y absolutamente clara y transparente con respecto al poder. Y tener un vicepresidente que recorre tribunales, dilaten o no sus causas, es una situación que pasa de castaño oscuro.

El Gobierno debe tomar una decisión seria respecto de Boudou aunque pague un costo político, porque el mayor precio es seguir brindándole protección.