El Estado no da el ejemplo y tiene más empleo en negro que los privados

En esta Argentina tan particular con respecto al cumplimiento de las normas, tan desigual en la exigibilidad y en el compromiso para con la norma, el sector privado debe tener sus empleados en blanco, porque si llegase a caer una inspección y encuentra empleos informales, la multa que paga es casi dolorosa.

No está mal, porque las leyes laborales están para cumplirlas, el problema es que el Estado es el mayor empleador en negro del país, cómo va a controlar el Gobierno el trabajo precarizado si es el primero en utilizarlo. La pregunta es ociosa, porque la realidad es que bajo ningún punto de vista la propia administración puede violar las leyes de la República.

No hablamos de algunos casos, sino de una realidad que se refleja en los más de 600.000 trabajadores que, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), forman parte de la planta transitoria de manera irregular. Son empleados que tienen contratos que se renuevan anualmente por años, hablamos de diez, catorce, una cantidad muy importante de tiempo, de modo que tampoco se trataría, en todo caso, de empleados a prueba. Todo en contravención con las leyes laborales. 

En temas laborales el Estado es el primer evasor, en un país donde debe ponerse blanco sobre negro el trabajo precarizado. El empleo en negro es uno de los problemas que afronta el Gobierno porque afecta al 35 por ciento de la fuerza laboral, lo que representa, unos cuatro millones de personas, que no tienen acceso a los beneficios de quienes están registrados. La paradoja es que es el propio Estado el que no cumple con las leyes, según varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que las indemnizaciones serán millonarias, advierten los especialistas.

Vale como ejemplo que un trabajador con solo tres años de antigüedad y un sueldo de 20.000 pesos puede demandar al Estado por  180.000, a lo que hay que sumar costos que hacen que la cifra llegue a 230.000, como cualquier empleador privado bien sabe porque quien tiene gente a su cargo no está exento de problemas laborales. En algunos casos, porque los estatales tienen estabilidad en su cargo, el juez puede ordenar que se los reinstale y se les paguen los sueldos no percibidos.

Hacer tareas igual que un empleado en relación de dependencia, facturar como monotributista al mismo organismo, tener un salario inferior al de quien realiza un trabajo similar, carecer de aportes a la seguridad social y no tener aguinaldo y vacaciones son algunas desventajas de quienes son empleados irregulares del Estado sin que se los admita como tales.

Estos casos no solo se replican a nivel nacional y provincial sino también en la Municipalidad de Pergamino, pero el actual intendente no aceptó más monotributistas (por ahora nadie ha hecho juicio) y en un acuerdo con los gremios va incorporando paulatinamente a contratados de antigüedad, dando un viso de legalidad a una situación flojita de papeles.

El Estado por ley tiene que tener no más de un 15 por ciento de precarizados que no pueden ser eternos, sin embargo desde el Ministerio de Trabajo y en la propia Afip, donde hay inspectores que son monotributistas, es un festival de empleo en negro.

Hay distintas formas de tener empleados precarizados en el Estado, los de planta transitoria que son empleados con obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás. Pero no tienen indemnización por despido ni estabilidad en el cargo, ya que se supone que deben ser contratados para tareas transitorias y eventuales, y no para tareas normales. Algunos cumplen décadas en esta situación.

Y en el último escalafón están los contratados como monotributistas o autónomos. No tienen aportes de ninguna naturaleza, ni ART, aguinaldo, vacaciones, nada. A los transitorios y contratados el Estado, los utiliza para no engrosar la planta permanente y poder despedir cuando quiera sin indemnizar. 

Según el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, ya se dejaron de renovar 6.196 contratos porque se trataba de personas que cobraban un sueldo y no asistían a su trabajo, o porque se dedicaban a la militancia y no al servicio público, o por duplicación de tareas. Sin embargo, en la nueva administración se están generando, da la impresión, más despidos que los llamados “ñoquis”, en un intento de achicar el Estado que según consideran está sobredimensionado.

El Presupuesto nacional reconoce que son 66.236 los contratados en la administración nacional y organismos descentralizados. Pero la cifra crece varias veces si se incluyen a provincias y municipios, como contabiliza ATE. El problema es que el Estado contrata a trabajadores con el fin de realizar tareas comunes y habituales de la administración pública, pero de manera irregular. De esta manera, carecen de los derechos y beneficios que sí tienen personas que cumplen sus mismas funciones. Allí es donde incumplen abiertamente la ley.

Estas contrataciones nacieron porque cada organismo tiene un número de empleados para poner y con el fin de cumplir compromisos o no tener empleados de su confianza empezaron con los contratos, un sistema que a la postre terminó en este descontrol de personal precarizado que, muchas veces es quien cumple la función, ya que el estable sabe que no puede ser despedido y el contratado sí. 

Los gremios consideran que no es lo mismo la no renovación de un contrato de quien ingresó el año pasado a la gestión a quienes llevan varios años, en este último caso se pueden generar juicios, habiendo ya jurisprudencia en ese sentido de parte de la Corte.

Veremos cómo se generan los próximos despidos, pero fundamentalmente, lo que esperamos es que el Estado deje de tener empleo precarizado y que dé el ejemplo de cumplir la ley como corresponde.