El escándalo de las listas “truchas”, la gran estafa

Si  los argentinos utilizaran el ingenio que a veces demuestran para la estafa y lo volcaran a la creatividad, seríamos la nación más avanzada del mundo. La realidad es que en las etapas previas a una elección siempre aparecen nuevas picardías en materia electoral, algunas de ellas que terminan constituyendo verdaderos delitos como en el caso que nos ocupa.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), se destapó un verdadero escándalo que esconde una estafa de proporciones que, de profundizarse la investigación a lo largo y ancho del país, podría tratarse de un delito generalizado, con partidos que armaron varias listas cuyos integrantes jamás fueron contactados para ocupar cargos y, sin embargo, son parte de las nóminas.

Porque la noticia aparecida en Pergamino por una investigación de LA OPINION, respecto a que el Frente de Unidad Federal había presentado cuatro nóminas para competir en las internas locales y los vecinos que la integran no tenían conocimiento del hecho y no habían prestado consentimiento para ser candidatos, ha sucedido en otras tantas ciudades bonaerenses, como por ejemplo Tandil.  

Apenas se conoció la noticia en Pergamino y en el resto de los distritos, los vecinos acudieron a denunciar la irregularidad a las fiscalías de sus Departamentos Judiciales, sin embargo es la Justicia Electoral la que está actuando, porque es quién tiene la competencia.

El tema se venía meneando en los medios nacionales, pero lo que no se conocía, hasta ahora, es que la estafa se extendió a distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, como Pergamino. 

Al fin, la Cámara Nacional Electoral ratificó la decisión de primera instancia que impidió que el Frente Unión Federal, que llevaba como precandidatos a diputados al actor Ivo Cutzarida y al cantante tropical Antonio Ríos, participe en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y reciba fondos del Estado para la impresión de boletas.

Y aquí empieza a desarmarse la madeja de esta estafa, porque quizás los vecinos que no están pendientes del metié político, desconocen el interés de los organizadores de esta cuestión, al incorporar a ciudadanos que no prestaron consentimiento para integrar una lista. Y la respuesta no es tan compleja: hacerse con los fondos que el Estado dispone para los frentes electorales que se presentan en las Paso.

Cada frente bonaerense que se inscribió en la Justicia Electoral para competir en los comicios recibirá la suma de 2,8 millones de pesos por lista. Si presenta candidatos a senadores y diputados, el monto se duplica y, en algunos casos, puede alcanzar cifras millonarias. La alianza Unión Federal es uno de los ejemplos: por la presentación de 13 nóminas debía recibir más de 70 millones de pesos para la impresión de boletas pero la Cámara Nacional Electoral constató irregularidades y frenó el pago.

Esto se debe a que la ley de primarias establece que hay que pagar el equivalente de un padrón por cada una de las listas presentadas, que sean autorizadas por la Justicia, se entiende. Después se tendrá que rendir cuentas de la facturación de esas boletas. Por eso este Frente que se presentaba multiplicaba las listas en distintos distritos, con la excusa de las Paso, porque así también multiplicaba los fondos con los que iban a quedarse tras los comicios.

La realidad es que era más que sospechoso el porqué un Frente sin notoriedad pública, inscribió hasta ocho listas municipales en una misma ciudad (en Pergamino cuatro, sin ir más lejos) o porqué buscaron presentar trece nóminas para diputados nacionales y otras tantas para el Senado. La respuesta, como dijimos, es estafar al Estado con los fondos de campaña, alzarse con una millonada y, en todo caso, hacer confeccionar un mínimo de boletas nacionales para el disimulo.

Para los vecinos nuestros que aparecen en las listas y que terminaron enterándose por LA OPINION que eran candidatos sin saberlo, no deja de ser un disgusto y un dolor de cabeza, porque sin tener conocimiento del hecho, estaban siendo utilizados para una estafa que, felizmente, ha sido detectada y la Justicia ha frenado la salida de los fondos para evitar que se consume el delito.

En otros comicios, históricamente aparecían partidos de nulo conocimiento público y la sospecha de apropiación indebida de fondos públicos sobrevolaba, pero eran muy pocas las listas y quienes las integraban tenían conocimiento. De modo que aun cuando la sigla a nivel nacional se quedara con algún “dinerillo” por una campaña que no se efectivizaba plenamente, los pasos legales se cumplían y de ese modo no había delito, “picardía” seguro.

No se trata de un trámite sencillo el presentar listas de candidatos, los apoderados de todos los partidos lo saben de sobra. La documentación completa (los postulantes con su DNI y su firma auténtica, titulares y suplentes), sin errores ni tachas, debe ser presentada ante la Junta Electoral partidaria y si es aprobada en esa instancia, debe luego pasar el filtro de la Justicia Electoral. 

En este caso los apoderados de la nómina nacional de este supuesto frente afirman que, a diferencia de los partidos tradicionales, ellos han permitido que todos los que quieran se presenten y de allí la cantidad de listas que circulaban. Lo que no dicen es que quienes integraban las nóminas fueron extraídos del padrón de cada localidad (para poder extraer de allí el DNI y el domicilio real) sin que los vecinos lo supieran.

Las autoridades partidarias competentes de los partidos Popular (María Trinidad Muñoz) y Dignidad Popular (Ernesto Raúl Habra) y el apoderado del frente, Ernesto Raúl Habra, deberán dar explicaciones. Sin embargo con las denuncias que están surgiendo en toda la provincia, es probable que lo que tenga que afrontar sean cargos judiciales. Evidentemente ellos como organizadores del frente se han constituido en Junta Electoral partidaria y han aprobado las nóminas “truchas”, las que fueron detectadas al llegar a la Justicia Electoral.

La realidad es que la Justicia Electoral debe seguir investigando y llegar hasta el hueso en este intento de delito, no solo porque es su obligación, sino porque se está utilizando a vecinos que, sin saberlo, participarían de la estafa. 

Una vergüenza.