Eduardo Ibarra: "El camino es seguir avanzando en la implementación de la Ley de Salud Mental"

Hace un par de semanas la intoxicación de personas debido al consumo de cocaína adulterada puso la cuestión de las adicciones en el centro de la escena pública y volvió a abrir debates sobre el abordaje actual del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Con la mirada en la Ley de Salud Mental y Adicciones, se escucharon voces diversas, algunas de las cuales plantearon una vez más la necesidad de que se impriman cambios en la normativa. Frente a ello y siempre desde la óptica del abordaje sanitario de la temática -y no de otros aspectos que están vinculados al tema de la comercialización y las formas de acceso a las sustancias ilegales- el interrogante que se abre es: ¿resulta necesario cambiar la ley o el camino es avanzar de manera efectiva en su implementación?

Para tratar de ensayar posibles respuestas a ésta y otras preguntas que habilitan la reflexión sobre la problemática del consumo, LA OPINION dialogó con el licenciado en Psicología, Eduardo Ibarra, coordinador de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Región Sanitaria IV, quien al tiempo que defendió la "nueva" ley (data de 2010) desde su concepción, reconoció que "llevará muchos años cambiar el modelo de atención en el campo de la salud mental".

-Lo sucedido a partir de las intoxicaciones sufridas por un importante número de personas tras consumir cocaína adulterada reabrió un debate en torno al abordaje de la problemática del uso problemático de sustancias. ¿Por qué cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza se pone en tela de juicio la Ley de Salud Mental y Adicciones? 

-La Ley de Salud Mental y Adicciones que está en plena etapa de instrumentación ha sido una norma ampliamente discutida. Su sanción en 2010 representó un significativo avance, pero lo cierto es que ha habido diversas gestiones tanto a nivel nacional como provincial que a pesar de la existencia de la norma no han tenido el mismo enfoque ni receptividad en cuanto a su implementación territorial. Recién ahora se está en plena etapa de implementación y se cruza con intereses de algunos sectores que defienden el viejo paradigma. La ley plantea la desmanicomialización, la creación de dispositivos de atención ambulatoria y el enfoque intersectorial de la salud mental y en relación a estos ejes siempre hay procesos de discusión con posiciones muy heterogéneas. Hechos como los ocurridos recientemente, como la intoxicación y la muerte de personas por consumo adulterado de una sustancia ilegal, hacen que empiecen a salir cuestiones relacionadas al modelo de atención y que se reabran debates.

- ¿Considera que la Ley de Salud Mental es el marco apropiado para avanzar en un nuevo abordaje de la problemática del consumo?

-Desde la Subsecretaría entendemos que sí y de hecho estamos trabajando desde esa perspectiva, tomando en cuenta que partimos del fracaso del modelo de encierro y de las políticas que hacían eje en la internación, que por el modo en que se planteaba muchas veces no hacía más que cronificar las patologías, segregar y estigmatizar. En contraposición a ello, la ley nos brinda las herramientas para poder resguardar los derechos básicos del paciente. Anteriormente a las personas se les retiraba el documento y perdían su condición de ciudadanos. La ley restituye derechos básicos y a la vez propone un modelo de atención que haga eje en la socialización a través de los dispositivos ambulatorios y de las internaciones breves en los hospitales generales. Por supuesto que como toda ley, cuando comienza a implementarse tiene sus cuestionamientos y genera dudas. Pero nosotros hemos iniciado un camino en el cual tratamos de favorecer los derechos del sujeto en el tratamiento ambulatorio sin que pierda sus lazos vinculares y sociales. En este marco, a partir de la asunción de Julieta Calmels como subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, se inició un proceso de transformación en el sistema de atención, se adecuaron espacios y se están haciendo cambios profundos en los cuatro hospitales monovalentes de la provincia. También se está avanzando en la creación de centros comunitarios de día para la atención de usuarios en comunidad, se están adecuando los CPA y se está fortaleciendo la construcción de redes y la articulación con el segundo nivel de atención que es el sistema hospitalario.

- A la luz de lo que suele mostrar la realidad y de lo que suelen referir los propios familiares de las personas que consumen, ¿es siempre posible este abordaje o hay casos en que el anterior formato es más propicio para la rehabilitación?

-La ley provee todos los instrumentos, no es que prohíbe las internaciones, como suele decirse. Pero plantea un nuevo paradigma y por lo tanto un nuevo modelo de atención. Por supuesto que hay que profundizar su implementación y consolidar esos dispositivos. En esta construcción tenemos que ser pacientes y comprender que son procesos de transformación que llevan mucho tiempo. Haciendo un paralelismo, es como cuando en materia de obras públicas se ejecutan cañerías o cimientos. Al principio no se ven, pero son la base de una verdadera transformación. En materia de salud mental es un poco más difícil visibilizar la importancia de esos cimientos, pero es muy necesario trabajar en ellos, fortalecer la conformación de redes interdisciplinarias e intersectoriales, porque es muy importante la participación y el compromiso de todos los sectores del Estado en el abordaje de las problemáticas de salud mental y adicciones. No es solo una tarea del área de Salud; Justicia y Desarrollo Social son dos áreas a las que recurrimos permanentemente.

-En esta transición entre un paradigma y el otro, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan familiares que peregrinan por distintos lugares demandando un abordaje diferente para la problemática del consumo?

-Hay dispositivos de acompañamiento. Y por supuesto que todo resulta insuficiente frente al dolor de una familia atravesada por este flagelo y por eso resulta necesario fortalecer estos espacios. En el modelo de atención que propone la Ley de Salud Mental, los dispositivos ambulatorios no son exclusivamente para el paciente considerado como un sujeto aislado sino tomado en el contexto familiar. Permanentemente estamos trabajando con familiares que acuden acompañando al sujeto en su malestar y en sus crisis. Es parte del modelo de atención enfocar la problemática familiar, grupal y social. Pensamos al sujeto en situación, en el marco de su historia subjetiva, familiar y social. 

-¿Hay necesidad de contar con una Ley de Adicciones o el camino es seguir avanzando en la instrumentación de la Ley de Salud Mental?

-Creo que el camino es seguir avanzando en la implementación de la Ley de Salud Mental que de hecho es de Salud Mental y Adicciones. El tema se incluyó para correr la cuestión del eje de seguridad que tenía más que ver con el narcotráfico y con estigmatizar a quien consume. Incluirlo en la Ley de Salud Mental lo preserva de quedar estigmatizado en esa lógica de enfermo y delincuente. Por eso es importante implementar la ley, entendiendo que esto va a tener algún margen de resistencia incluso en la propia sociedad, por cuanto durante muchos años se confundió consumo con uso de sustancias ilegales y se instaló la idea de que el consumidor de sustancias ilegales era un enfermo y hasta un delincuente. Hay que tener claro que no todas las personas que consumen son enfermos, ni están cometiendo un acto de ilegalidad y entender que el sujeto a lo largo de su vida puede atravesar momentos difíciles y no por eso tiene por que quedar estigmatizado como un drogadicto.