Derivaciones del caso Lucio Dupuy: muchos asesinos y solo dos culpables

Por la doctora Norma López Faura, Especial para LA OPINION

La maternidad no santifica. El instinto materno se alimenta más de mitos que de realidad y la carencia del deseo de ser madre o la imposibilidad de ejercer el rol materno existe pese a la insistencia cultural de asignar al hijo una función de enaltecimiento total y absoluto de la mujer. Una maternidad rechazada en la biografía de una mujer tiene una connotación negativa en el ideario social. Desear un hijo no es lo mismo que quererlo. Los recientes filicidios conocidos ubicaron a la opinión pública en un estado de espanto y consternación con posibilidades de que dichas reacciones queden solo en un plano sentimental, cuando en realidad estamos compelidos a reflexionar. El pensamiento no puede ser anegado por la emocionalidad cuando apremia una acción efectiva de protección del derecho a la vida de las personas con mayor vulnerabilidad. 

El desprecio por la vida de los infantes tiene un historial remoto, desde el sacrificio ritual hasta el descarte genético, pasando por el oprobio de un hijo sacrílego o un embarazo reñido con el honor. Romanos, griegos, egipcios, fenicios, celtas, galos, escandinavos, moabitas y -en algunos casos- los israelitas, han matado niños sin considerar que eran homicidios. Habitaban sus cuerpos para descartarlos, ya que su status no era humano o era un humano incompleto listo para ser aniquilado sin remordimiento alguno. El reconocimiento de los "derechos humanos de los niños", en particular el derecho a la vida, es una creación moderna, universal y ecuménica. Pero, muchos de sus postulados son demasiado teóricos, con poco anclaje en la realidad. Dentro de este esquema, el homicidio de un niño acaecido en su hogar, a manos de sus propios padres, en pleno Siglo XXI, además de horror, provoca miedo y el miedo remite a una naturaleza humana inaprensible, que a veces no tiene límites, códigos ni ética y tampoco un Dios que los contenga. La esperada condena a prisión perpetua para "Magui" Valente y Abigail Páez por el asesinato de Lucio Dupuy confirma que no hay estándar normativo ni proporción sancionatoria que esté a la altura de un crimen tan atroz. Tampoco justificación ni perdón, salvo el divino. 

Cuando el horror no alcanza y la cárcel tampoco, la mirada se posa en los adultos que algo podrían o deberían haber hecho para evitar el destino mortal de Lucio, Milena, Tomás, Marcelino, Renzo y tantos otros. Una tía, un vecino, una amiga, un pediatra, una maestra, un abogado, una enfermera y, por supuesto, un juez, ¿no vieron acaso un moretón, un rasguño, un corte, una fractura, una quemadura o unos ojos tristes? ¿Por qué les fue indiferente verlo distraído, susceptible, dolorido, inapetente, molesto, agresivo, insomne o enfermo? La respuesta es que sí lo vieron pero decidieron no actuar. Algo del orden desaprensivo e insensible los paralizó. 

Hay dos estamentos clave: salud y educación. Un médico y una maestra no pueden ignorar los protocolos de actuación ante estos casos. Claro está, denunciar en Argentina es sinónimo de burocracia, pérdida de tiempo, molestias, citaciones reiteradas y riesgos varios. Esto no hay quien lo dude, pero ¿no porta acaso un límite la indiferencia cuando estalla contra la moral? Nuestra sociedad se caracteriza por obviar la ley con artilugios infinitos. Denunciar es una obligación, no una opción, pero claro, quienes están dentro de este rango saben que si no cumplen, no hay sanción. El familiar, docente, pediatra, religioso o vecino que debiendo denunciar no lo hace debe saber que contribuyó con su silencio a un homicidio. La Justicia no se revisa a sí misma, pero debería. ¿Un magistrado que no analiza a quién otorga el cuidado de un hijo en una situación conflictiva, no es responsable? ¿Un funcionario judicial que no sanciona con contundencia la violación de una restricción perimetral, no es responsable? A juzgar por los hechos pareciera que no. 

Un niño es vulnerable y si la familia, la sociedad y el Estado no lo cuidan, su supervivencia está en riesgo. La pobreza estructural también aporta lo suyo y favorece el desamparo infantil. Los seis millones de niños menores de 14 años que son pobres en la Argentina, son vulnerables y están más expuestos a la violencia endémica y a un prematuro destino mortal. No le importa al Gobierno ni a la oposición haber reducido el ya magro presupuesto destinado a la infancia, de 2,05 % a 1,84 % del total del ingreso per cápita. 

Entonces, ¿quién cuida a la infancia? Una sociedad que no mira a los niños se auto extermina y clausura la única oportunidad de soñar un mejor destino para nuestro país.