De Vido está protegido y es probable que lo siga estando

No somos el único país que tiene corrupción y la arrastra en el tiempo; lo hemos visto en Brasil, lo vimos en su momento en Italia y España, por nombrar algunos ejemplos que nos son cercanos. Lo que nos diferencia de estos casos es el tratamiento que merece el delito público-privado. En Brasil, desde que se inició el “lava jato” no hemos parado de ver cómo van cayendo uno a uno dirigentes políticos de todos los sectores, los grandes empresarios y ahora les ha tocado el turno a los financistas. Lo mismo sucedió hace años en Italia en lo que se llamó el “mani pulite” que no dejó en pie a ninguno de los partidos tradicionales y, literalmente, hubo que comenzar políticamente de nuevo. Y el caso más reciente en España incluyó la condena de un infante de la realeza, gente intocable si la hay.  No parece que haya otro modo de erradicar el mal que esa tormenta anticorrupción que se lleva todo por delante, donde todos los secretos son develados y todos los negocios puestos bajo la lupa.

Entristece ver que en la Argentina se pretenda hacer una persecución anticorrupción selectiva, donde no faltan los “intocables”, ni tenemos una Justicia que esté exenta de compromisos, ni legisladores dispuestos a aprobar leyes que favorezcan la delación premiada, ni una clase política dispuesta a soportar la tormenta que se generará si todo sale a la luz, donde un alto porcentaje caería por mismas circunstancias. Tampoco tiene interés en un tsunami anticorrupción el sector privado, porque sienten que, al fin, todos saldrían perjudicados.

Es tan evidente lo que está sucediendo que  la diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, sostiene que integrantes del gobierno “no quieren” que se conozca el trasfondo de la megacausa de corrupción conocida como “lava jato” porque “protegen al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido” ya que “todo el sistema político, judicial y empresarial” está involucrado. Lo dice con claridad meridiana y la verdad es que el ejemplo del exministro es tan evidente que no podemos más que creerle. Hay causas que ofenden el sentido común de los argentinos: todo apunta y roza al exfuncionario y sin embargo no es citado ni a declarar. Y lo triste es que pocos, casi nadie, lo exige, lo que demuestra que a todos en esos ámbitos dirigenciales les convienen que no se desenmascare al 100 por ciento la corrupción que los circunda.   

Por eso, todo el sistema político y judicial está destinado a proteger a De Vido, especialmente en la causa lava jato, porque en el plato de Odebretch “pincharon” de todos lados. Hay lobby para evitar que se lo complique, porque así los empresarios inmersos en la obra pública no se ven involucrados y los políticos para ocultar el dinero de las campañas políticas. Según la diputada Carrió, “De Vido podría complicar además a banqueros, jueces, miembros del Tribunal Supremos, a todos”.

La causa Odebrecht es un claro ejemplo de que nadie del poder quiere que la mancha de la corrupción se siga ensanchando y les llegue a los pies. Es una inmensa trama de coimas que se descubrió en Brasil, pero ya tiene personajes de distintos países denunciados y que en la Argentina amenaza con dejar a propios y extraños en off side. Si no quieren que hable el exministro, por temor a la gente que irá a involucrar, menos una empresa extranjera que puede exhibir pruebas que terminen por tocar a toda la clase política y buena parte de la empresaria.

Que De Vido sea un intocable no es de ahora, recordemos que durante el juicio oral por la tragedia de Once, tanto Ricardo Jaime como Juan Pablo Schiavi apuntaron de alguna manera en sus declaraciones a Julio de Vido. No se trataba de testimonios como arrepentidos, sino que era lógica pura. Ambos, como secretarios de Transporte reportaban al Ministerio de Planificación Federal, que durante toda la era kirchnerista manejó De Vido. Lo ilógico entonces es que De Vido no haya estado sentado en el banquillo durante el juicio que terminó con la condena para dos de sus exsubordinados.

Otras causas resonantes son todas las que involucran la ruta del dinero k, fondos que nacieron todos de la obra pública, por las que está procesada Cristina Kirchner, sus hijos y algunos empresarios como Lázaro Báez que está preso. De Vido, como jefe supremo de la obra pública K, no es citado ni para saludarlo. El caso de José López fue directamente de flagrancia: lo encontraron arrojando los bolsos con millones de dólares dentro de un convento, de lo contrario quizá su suerte hubiese sido similar a la de su jefe. A pesar de que todas las causas involucran a su excartera y mencionan su nombre, parece ser que hasta que no aparezca un video de De Vido rodeado de billetes, esta novela la va a mirar por TV, cómodamente sentado en su casa.

Lo que dice Carrió en voz alta es lo que muchos susurran por los pasillos de la política temen que la información del exministro salga a la luz si lo toca la vara de la Justicia y no haya forma de parar la tormenta que involucrará a empresarios, políticos y magistrados. Al fin parece que todos le han pedido “favores” al exfuncionario o han hecho negocios sucios con él, o similares a los de él,  y ahora quieren que nadie mueva la tierra.

Todos los legisladores que se llenan la boca hablando de erradicar la corrupción, asumen posturas totalmente contrarias. En el Congreso, sobre todo en el Senado donde los lobby suelen ser más furiosos, porque son menos legisladores y en muchos temas tienen la última palabra, no se aprobó la ley del arrepentido, ni la que exige devolver lo robado en caso de corrupción. Ni tampoco la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta es una norma anticorrupción para sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, que podrán ser multadas con entre el 1 y el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de la persona jurídica condenada y entre el 10 y el 20 si hubo intervención, conocimiento o tolerancia de la alta dirección. También, se pueden suspender total o parcialmente sus actividades, suspender sus patentes y marcas; quitar subsidios o beneficios estatales, impedir el acceso a concursos o licitaciones públicas y hasta cancelar la persona jurídica, entre otras sanciones.

Se establece una responsabilidad de la empresa más allá de las personas físicas que pudieran haber actuado en casos de corrupción. Afirmando la responsabilidad empresarial en casos de corrupción público-privada, el proyecto establece que la empresa como tal debe hacerse responsable de los delitos contra la administración pública, que tantas veces sacudieron a la Argentina. Estos delitos pueden haber sido cometidos por sus dueños, socios, accionistas, directores, gerentes o empleados.

Obviamente los empresarios no quieren que se apruebe, como los políticos tampoco quedarse sin estos negocios particulares ni que se trate la devolución de los dineros de la corrupción. Así, todos juntos pretenden que no se apoye la delación premiada (ley del arrepentido).

¿En este marco podemos sorprendernos de que se proteja a Julio de Vido aun en contra de la norma y el sentido común?

La verdad es que no, porque lo que falta es una Justicia que actúe como en otros países, una clase política que no interfiera y una decisión real de combatir la corrupción. Por ahora estamos en una etapa lúdica, lamentablemente.