De tres poderes a dos, o más bien uno

La división de poderes es un principio indispensable de la organización política de una República; se sustenta en que las tareas de administrar, legislar y juzgar deben estar distribuidas, para evitar la concentración propia de los regímenes autoritarios.

Este es uno de los principios liminares de las democracias liberales; a través de él, se logró acorralar a las monarquías absolutas de mediados del Siglo XVIII.

El filósofo inglés John Locke y el jurista francés Montesquieu fueron autores intelectuales de este esquema, que luego se fue perfeccionando y de-sagregando.

El Poder Legislativo, en la mayoría de los países, se presenta como un sistema bicameral y con un origen de representación diferente. El Poder Judicial se fue dividiendo en jurisdicciones. El único que parecía mantener la hegemonía en una sola persona era el Poder Ejecutivo que, con el paso del tiempo y debido a la complejidad del Estado, se fue haciendo cautivo de una tecnoburocracia a través de ministerios, que marcan determinadas políticas públicas.

En la actualidad el Ejecutivo ha perdido fortaleza, y como es la cara visible de la administración de recursos escasos, es muy cuestionado. En los regímenes parlamentarios, el jefe de gobierno es un fusible que depende de los humores del Legislativo, el que a su vez reacciona de acuerdo a la sensación térmica de la sociedad. En los presidencialistas, como el de Argentina, el fusible es directamente el presidente y su ascendencia en la sociedad.

Por su parte, el Legislativo, que sufre el mayor desprestigio de su historia en nuestro país, se caracteriza por eternos “becarios” que gozan de privilegios; en gran parte de los casos se parece más a un generador de puestos de trabajo “blando” que a una usina de leyes.

Así las cosas,  hoy parecen existir solo dos grandes poderes: el Judicial y las redes sociales.

Con respecto al Poder Judicial, su fortaleza no emana precisamente de su prestigio sino de su capacidad –cuestionada en muchos casos como arbitraria– para condenar y encarcelar o absolver y liberar a determinados ciudadanos. Como bien reza la norma, “todos son iguales” ante la ley, pero en la práctica “algunos son más iguales que otros”. Además, actúa como un disuasivo que “sugiere” no enfrentarse ni cuestionar al poder de turno.

En cuanto a las redes sociales, se han transformado en el nuevo Torquemada del Siglo XXI. Son capaces de enviar a la hoguera sin prueba alguna, o de ensalzar y elevar a una persona o un grupo a la categoría de dios pagano.

Si alguien, incluso desde el anonimato, pretende enlodar una trayectoria, puede hacerlo con total impunidad, y la “conducta de manada” hace el resto, convirtiéndose en un alud que aplasta sin dar lugar a réplica alguna.

Es decir, como una práctica “staliniana”, las redes lograron invertir la carga de la prueba: todos son culpables, hasta que demuestren lo contrario.

Claro que hay culpables, pero los injustamente maltratados, al igual que una deuda no paga, quedan en el “Veraz” de la historia, afectados social y familiarmente, sin poder levantar la frente.

El esquema de las redes sociales es tan perverso que no tiene miramientos y es usufructuado por profesionales de la difamación: los famosos trolls, que se han convertido en mercenarios impiadosos que persiguen intereses espurios.

Lamentablemente la política está muy relacionada con ellos, acepta la guerra de trolls, y hay conciencia de que la ventaja es para quien tiene más recursos.

En definitiva, hay que buscar que los electores no discutan problemas o razones sino que se manejen por emociones que los induzcan a determinadas conductas electorales, sea indignación, orgullo, vergüenza o bronca.

El poder de las redes sociales, donde rara vez se constata la veracidad de la información, nos ha transformado en prisioneros de ese tejido invisible que da fe a todo lo que se publica, y nos convierte en cómplices al reenviar información sin chequearla.

El fraude electoral fue muy cuestionado y superado hace años, al menos en países serios. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia entre el fraude propiamente dicho, que altera los resultados de una elección, con ganar un comicio utilizando engaños mediáticos y trampas discursivas?

Los profesionales del “discurso político” pensarán que el fin justifica los medios, que hay que prometer hasta convencer, y que después de convencido, se debe olvidar lo prometido.

El sendero es estrecho y sinuoso, y el riesgo de no poner límites a través de un marco legal claro, es que sigamos sin discutir los grandes problemas y, como externalidad negativa, que muchos “inocentes” queden en el camino.