De los jueces se pretende investigación seria y condena acorde, el show solo entretiene

Comodoro Py, la sede de los juzgados federales nacionales, se ha transformado en un hervidero de resoluciones, imputaciones, procesamientos y todo tipo de rumores que circulan ante la hiperactividad que viene desarrollando en estos tiempos la Justicia.

Esta semana el juez Claudio Bonadio allanó todas las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner menos su vivienda personal, en Santa Cruz por una causa que, si se quiere, es la más flojita de papeles ya que se la juzga y procesa por el dólar futuro que, en todo caso, es una mala praxis del modelo económico y no un caso de corrupción, de los tantos que abundan en la gestión anterior.

Se conoce la enemistad manifiesta de Cristina y Bonadio, por lo cual en definitiva es el show lo que prevalece antes que los nudos gordianos de 12 años de una corrupción sistémica donde hay protagonistas que conocen a fondo todo el entramado, sencillamente porque son quienes los han manejado. Si hay algo que así como puede estar claro para muchos es lo menos probable por la Justicia es la autoría intelectual de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso es más importante conseguir que Julio de Vido hable, que Aníbal Fernández aclare sus sindicaciones y que Boudou comparezca sin reticencias, antes que movilizar todos los resortes tras el objetivo de que Cristina vaya literalmente presa, lo que es en principio poco probable y menos lo será si no se desenrollan antes los entramados corruptos debajo de ella. Destejer toda la maraña de negocios de la obra pública, comprobar posibles conexiones de Aníbal Fernández con la efedrina -que sería otra de las cajas políticas del kirchnerismo, así como comprobar dónde fue el dinero de Fútbol para Todos, entre funcionarios y dirigentes de la AFA es elemental y previo a cualquier imputación seria y viable a la expresidenta. Ir tras los brazos ejecutores es ir a deshacer los nudos de la corrupción, ir por Cristina presa -que eventualmente puede llegar ese momento- tiene más que ver con un efecto público que con un combate real a la corrupción. 

Es como pretender que la Justicia condene a alguien por la autoría intelectual de un homicidio sin haberse encontrado el cuerpo de la víctima, el arma utilizada y quién la disparó. 

La expresidenta ya perdió su capital más importante: la credibilidad política mantenida en altos niveles durante 12 años de kirchnerismo, su posibilidad de tener vida pública y ver desmoronarse toda su gestión entre jueces y carceleros. La que mejor comprendió el particular momento judicial que se vive es la diputada nacional Elisa Carrió, quien no se suma a “guerras político personales” ni busca “operaciones políticas ni venganza”, al apuntar contra el juez federal Claudio Bonadio. “Nunca estuvimos ni vamos a estar en guerras político personales, no buscamos operaciones políticas y menos venganza”, expresó. Y en el mismo comunicado agrega que” para proteger a Julio de Vido y Aníbal Fernández van por Cristina y algo que se supone más grande”. Su conclusión es que “distraen para no avanzar sobre lo de verdad importante, el narcotráfico y Aníbal Fernández y todos los manejos multimillonarios que hizo Julio de Vido en 12 años”. “Ya quedará tiempo para Cristina. Nosotros en esa no estamos”. O, lo que es lo mismo, si se pueden comprobar todas estas acusaciones (y para que eso sea posible no deben haber más dilaciones, ni de la Justicia ni de la política), lo de Cristina vendría por decantación.

La sobreactuación de la Justicia en su desesperación por tapar con hiperactividad la impunidad que ofrecieron durante tantos años al kirchnerismo, en que la mayoría de las denuncias de hoy ya estaban hace siete y ocho años, ha generado que la sociedad ponga la lupa en el Poder Judicial. Y de allí nació una propuesta que quita el sueño a la mayoría de los magistrados de Comodoro Py: la auditoría a los juzgados federales, aprobada por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, lo supone un fuerte salto cualitativo en la acción orientada a depurar la Justicia de los magistrados que contribuyeron, por acuerdos espúreos o por omisión al funcionamiento del sistema de corrupción del kirchnerismo.

La investigación abarcará también a la Cámara Federal porteña, a la Cámara de Casación y a los tribunales orales federales. Son todos los lugares de la Justicia por los que deben pasar los funcionarios que resultan acusados. Lo que se busca es registrar de qué modo los jueces y camaristas actuaron para hacer avanzar efectivamente las causas por corrupción o, como en tantos casos bochornosos, lo que hicieron fue cajonear las denuncias, dormir los expedientes, no molestar a funcionarios y permitir, con su inacción, que el saqueo sistemático del Estado se desarrollara a sus anchas.

A partir de las evidencias que puedan arrojar estas auditorías, el Gobierno se propone avanzar desde el Consejo de la Magistratura para remover a jueces y camaristas que hayan obrado de modo incorrecto. Se estima que en ese camino podría generarse una presión social y política tal que algunos magistrados preferirán una renuncia rápida y todo lo discreta que sea posible. 

Esta investigación, huelga decirlo, incrementará la presión social y política sobre ciertos magistrados, cuya actuación es de lo más desprolija y sospechosa. 

Pero lo más importante es que las auditorías a los jueces federales son una iniciativa de la sociedad civil lanzada desde el Colegio de Abogados y no un revanchismo del macrismo, lo que hubiese podido interpretarse de esta manera si la idea partiera del Gobierno. Una docena y media de ONG se sumaron al proyecto. Y son de las más representativas, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Colegio Público de Abogados porteño. Y no sólo la corrupción sino el manejo de los jueces en algunas causas de delitos mayores donde también hay sospechosa hechura. Un motor del proyecto fue la agrupación Usina de Justicia, que encabeza la filósofa y ensayista Diana Cohen Agrest, cuyo hijo Ezequiel fue asesinado en un robo en el barrio porteño de Caballito, en 2011. 

Esto ha llevado a los jueces de Comodoro Py a pensar que quizá sea tarde para tanta sobreactuación y a eso le temen, aunque por las dudas siguen con los allanamientos televisados, las declaraciones altisonantes, conferencias de prensa con anuncios explosivos como la posibilidad de dejar presos a los hijos de Lázaro Báez, cuando los vástagos aún no declararon siquiera. Pero el juez Casanello sabe que es uno de los más mirados por la sospecha de haber ofrecido impunidad al kirchnerismo, de modo que ahora trata de generar efectos públicos, cuando lo que queremos es una seria recolección de pruebas, los juicios pertinentes y las condenas que correspondan. Tan sencillo como eso. 

Pero se sabe, y ahora tiene más validez que nunca, que “los jueces hablan por sus sentencias” de modo que veremos si se llega a desarmar judicialmente la corrupción sistémica de la Argentina durante la anterior gestión, observando las investigaciones serias y los resultados concretos. El camino es ir de abajo hacia arriba, para desandar tantos años de descarado robo a los argentinos.