Cumplir con las obligaciones para preservar los derechos de todos

Más de tres décadas de lo que puede considerarse fue una época de aceptable vigencia de los derechos humanos, debe motivarnos ahora, como sociedad, a reflexionar igualmente sobre los deberes que todos los habitantes de este país tenemos en nuestra calidad de ciudadanos, en especial a la luz de lo establecido en el capítulo I de la primera parte de nuestra Constitución, cuando señala en su artículo 19 que  “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Lo que es igual a decir que el ciudadano debe cumplir con todo lo que manda la ley para ser pasible de ser alcanzado por sus derechos y garantías. 

Sin lugar a dudas, la exigencia de nuestros derechos tiene como contrapartida fundamental el cumplimiento de nuestros deberes personales y ciudadanos. Este año, en que ejerceremos el derecho fundamental que provee la democracia, es un buen momento para reflexionar por parte de cada una de las personas que habitamos este país, que el reconocimiento de los derechos y las responsabilidades que acompañan indivisiblemente, es la única forma en que se podrá edificar la sociedad equitativa y solidaria.

Es natural y justo que en una sociedad como la nuestra, que se ha visto sometida a regímenes autocráticos, opresores y represivos, prime la consideración trascendental sobre la necesidad de respetar, promover y proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Evidentemente, este debe ser un componente esencial en la formación cívica nacional.    

Dentro de esta línea, con marchas y contramarchas, en los últimos 32 años, el Estado argentino mantuvo en salvaguarda estas garantías que, por ser inherentes a la naturaleza y a la dignidad humanas, son precisamente consideradas como fundamentales. Coherentemente, fue de principal relevancia la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y el subsecuente sometimiento de la República Argentina a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.    

Pero no se trata de andar reclamando derechos todo el tiempo sino de cumplir deberes y obligaciones en la forma establecida y puntualmente. Si vamos a ejercer el derecho a manifestarnos en la vía pública, por ejemplo, no comencemos por conculcar el derecho de la mayoría a transitar libremente. Si invadimos propiedades ajenas, no pretendamos tener legítimo derecho a ninguna ventaja o privilegio. La vía de la violencia, aun en sus formas leves como la de cerrar calles, caminos y puentes, o usurpar bienes ajenos, no está respaldada por ninguna norma, ni jurídica ni ética, y no está justificada por ningún argumento valedero. La degeneración en el uso de libertades se denomina anarquía, y si ésta se impone en una sociedad, acaba por disgregarla y aniquilarla.    

Esta realidad fue lúcidamente expuesta por el fundador de la tercera escuela vienesa de Psicología, el célebre profesor austriaco de origen judío Víctor Frankl, superviviente del campo nazi de exterminio de Auschwitz y fundador de la logoterapia. En uno de sus libros, el científico advertía que “la libertad corre el peligro de degenerar en nueva arbitrariedad a no ser que se viva con responsabilidad. Por eso yo recomiendo que la estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos se complemente con la estatua de la Responsabilidad en la costa oeste”. Porque todo derecho conlleva una obligación, que generalmente a nivel social se traduce en preservar, precisamente, el derecho del otro.    

El ejercicio responsable de nuestras obligaciones es algo sobre lo que deberíamos reflexionar en profundidad, a la luz de las traumáticas experiencias dictatoriales de nuestra historia, que contrastan con el beneficioso ambiente de garantías constitucionales que vivimos en estas últimas tres décadas, y de las tareas y responsabilidades que todos y cada uno de nosotros tenemos en cuanto integrantes de una sociedad que ansía superar aquellos recuerdos y triste memoria para insertarse adecuadamente en las grandes avenidas de la modernidad y del progreso. 

Este cumplir con las obligaciones, lejos de llevar implícita una opresión, como muchas se esgrime, es la mejor manera de preservar los derechos. En la escuela, en la calle, en cualquier ámbito de la vida, cada vez que no se respeta una obligación, se está conculcando un derecho: si en la escuela un joven altera el orden y nadie lo impide, otros pierden la posibilidad de aprender; en la calle, si alguien estaciona donde no debe, está obstruyendo el derecho a libre circulación; si se deja la basura cuando y donde no corresponde, perjudicamos a todo el vecindario (y nada tiene que ver con que paguemos tasas municipales para que pase el recolector) y así con cada momento de la vida cotidiana en que actuamos como miembros de una sociedad.    

Es evidente que el sentido del deber prima de manera muy particular en las naciones más desarrolladas del mundo, donde las personas están compenetradas de sus responsabilidades, desde las más elevadas hasta las más pedestres o cotidianas, como respetar las normas de circulación y tránsito. Desde allí, hacia arriba todo “funciona” porque se parte de la misma premisa y no se admite alternativa: hacer lo que corresponde.

Si todos lo hacen, la igualdad de derechos está garantizada.  

Esta plena conciencia sobre la importancia de sus compromisos individuales y públicos, y la consustanciación con los valores del bien común y el crecimiento colectivo, son los factores preponderantes que han hecho avanzar a estas sociedades de manera impresionante. Sin lugar a dudas, este es el camino en el que, como sociedad  -hay que admitir-  aún nos falta avanzar mucho para dar el salto cualitativo que nos ubique en el concierto de la vanguardia de la civilización humana.    

Sin lugar a dudas, la exigencia de nuestros derechos tiene como contrapartida fundamental el cumplimiento de nuestros deberes personales y ciudadanos. Los derechos están inspirados en la justicia, la cual, según declaró Ulpiano, no significa más que “dare unicuique suum”, dar a cada uno lo suyo. En este sentido, nuestra autoridad moral para reclamar lo que nos pertenece se verá siempre incrementada en la medida en que los demás estén en condiciones de certificar, de nuestra parte, un comportamiento igualmente equitativo al que exigimos para nosotros mismos.    

Y que quede bien claro: el ser pobre no da derechos privilegiados a violar la ley, como que el ser rico no dé derecho alguno a la impunidad.    

En vísperas de ejercitar una vez más el derecho cúlmine del sistema democrático de gobierno, es buen momento para reflexionar por parte de cada una de las personas que habitamos este país, que el reconocimiento de estos derechos sociales elementales y las responsabilidades que los acompañan indivisiblemente es la única forma en que se podrá edificar la sociedad equitativa y solidaria que todos admiramos de otros y pretendemos para nosotros.