Críticas a la Ley de Salud Mental: respuestas desde el radicalismo

El “Grupo radicales con la Ley de Salud Mental y Adicciones” integrado por profesionales y correligionarios de todo el país, se pronunció respecto de algunos cuestionamientos a la norma vigente y bregó por su plena implementación. El psicólogo Marcos Carini en diálogo con LA OPINION compartió un documento emitido y aportó su visión.

Hace unos días, algunos medios de comunicación de alcance nacional emitieron críticas a la Ley de Salud Mental, atribuyendo a ella términos que no pertenecen a su texto. Se utilizaron algunos episodios aislados para generalizar, catalogando de “peligrosas” a las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico. En respuesta a esos mensajes, fueron numerosos los actores de todo el país que se pronunciaron. Uno de ellos fue el psicólogo Marcos Carini, quien ha sido uno de los impulsores de la creación del grupo “Radicales con la Ley de Salud Mental y Adicciones”, espacio desde el cual se emitió un documento que a 10 años de sanción de la ley contextualiza los avances y tareas pendientes en relación a la implementación y abunda en una reflexión sobre reformas que habría que implementar. En sus párrafos centrales, el texto expresa conceptos que son compartidos por otros sectores: “Quienes suscribimos este documento somos radicales de diferentes provincias de nuestro país, profesionales de la salud mental que bregamos por una salud comunitaria, con perspectiva de derechos humanos y por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.

“Esta ley, que fue aprobada con el voto unánime de los bloques de la UCR en ambas Cámaras, es una herramienta jurídica promotora y protectora de derechos, reconocida internacionalmente e inspirada en los diversos consensos y compromisos ante las Naciones Unidas, respetuosa de los acuerdos de los países de la región. A su vez, tiene un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la Salud Mental en Argentina.

“Lamentablemente, a 10 años de su sanción, consideramos que se ha avanzado muy poco en su implementación y los derechos de las personas con padecimientos mentales siguen siendo vulnerados. Esta situación se ve agravada en el contexto actual de crisis económica e incremento de la pobreza, que profundiza la brecha de accesibilidad.

“Entendemos que el modelo de abordaje sigue siendo hospitalocéntrico, individual, asistencialista unidisciplinar, biologicista y con escasa articulación entre los niveles de atención. Existe una brecha entre los discursos profesionales que adhieren a la salud mental comunitaria y las prácticas acordes a modelos tradicionales de atención… La mayoría de los hospitales generales no admiten internaciones por motivos de salud mental. Existen escasos dispositivos intermedios para la inclusión social. La concentración de trabajadores y presupuesto se encuentra aún en los hospitales psiquiátricos. Es escasa la adhesión de las provincias a la ley, así como también la conformación de los órganos de revisión locales. Se reeditan algunas opiniones contrarias a la ley, las cuales se basan erróneamente en el mito de la peligrosidad de las personas con padecimientos mentales”.

Reformas necesarias

El grupo plantea la necesidad de imprimir reformas que deben ser estructurales y con anuencia de todos los poderes del Estado “y un imprescindible y urgente consenso de todos los actores del campo…”.

El documento también recopila algunas gestiones llevadas adelante desde el radicalismo para el fortalecimiento del modelo de salud mental comunitaria y cita entre ellos la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en el gobierno de Raúl Alfonsín y más recientemente las líneas estratégicas planificadas durante la gestión de Adolfo Rubinstein que “se constituyeron en avances concretos en la implementación de la ley”.

Animo de colaboración

“Reconocemos la complejidad de los tiempos actuales, y ofrecemos nuestra colaboración al Gobierno nacional y solicitamos su compromiso para la elaboración de una política pública hacia el cumplimiento efectivo de la Ley 26.657. Somos radicales convencidos en que el Estado debe garantizar el acceso a la salud de calidad y el derecho a una salud mental para todos y todas”.

Fuertes intereses

En diálogo con LA OPINION, el psicólogo Marcos Carini consideró “lamentable” cómo se sigue afirmando en algunos medios de comunicación nacionales y con una seguridad absoluta que la ley no permite las internaciones, y que las personas con padecimiento mental no deberían estar en la sociedad circulando libremente. “Estos dichos son arcaicos y tendenciosos”, recalcó y señaló que bajo esos argumentos “omiten también que esa misma ley es la que devolvió o pretende hacerlo la dignidad a quienes tienen padecimientos subjetivos”.

“Olvidan que durante muchísimos años mucha gente vivió en condiciones atroces en espacios de reclusión naturalizando el encierro y aislamiento como método”, agregó.

“En este caso somos los radicales que nos agrupamos en defensa de la ley en un contexto en el que hay demasiados intereses económicos y de corporaciones que buscan sostener toda una historia de violación de los derechos humanos de los pacientes”, marcó recordando que la Ley de Salud Mental ha sido la resultante de un largo proceso de discusión plural y representa un marco normativo que se encuadra en un compromiso que Argentina asumió con otros estados latinoamericanos de “establecer un nuevo modelo de salud mental comunitaria y cambiar un paradigma”.