Crecen los índices de pobreza y los funcionarios deben comenzar a asumir el problema

La noticia es impactante: más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza en la Argentina, sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud insuficiente. Además, entre 2004 y 2012 aumentó la brecha social: la diferencia entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, llamado “Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes”. 

Antes de ingresar al detalle de este estudio tan preocupante, cabe el interrogante respecto de cómo un país que ha crecido a tasas chinas durante varios años tiene este resultado en la calidad de vida de sus habitantes.

La respuesta está en los errores económicos que derivaron en un proceso inflacionario que distorsionó claramente el mercado interno.

Dentro del período kirchnerista se distinguen, según diversos estudios, dos etapas bien definidas. Una de crecimiento y recuperación económica y del empleo en parte dada por la devaluación y el aumento del precio de las commodities, que fue récord en estos años. Es claro además que no era difícil lograr cifras auspiciosas, devaluación mediante, si se tiene en cuenta el punto de partida: el mismísimo quinto infierno. Y otra etapa, a partir de 2006-2007, en que se redujo el superávit comercial y aumentaron los precios internos a un ritmo visible. La inflación, según fuentes privadas, subió del 13,4 por ciento en 2003 al 18,5 por ciento en 2007, para llegar al 25,9 por ciento en 2012, y además se dio un estancamiento del empleo.

El fenómeno inflacionario, ya lo hemos planteado en otros comentarios, es una fábrica de pobres, porque empuja a quienes tienen salarios fijos a tener cada vez peor calidad de vida.

Hoy también se padecen las consecuencias de no aplicar medidas impopulares y realizar obras invisibles en las épocas de “vacas gordas”. Nos referimos, por ejemplo, a la eliminación de impuestos y subsidios introducidos en plena crisis que nunca fueron sacados, y hoy es imposible eliminar. Y a esas obras que por estar bajo tierra y no ameritar un corte de cintas para la foto, no levantan un voto, como redes de agua potable o gas natural. Así las cosas, una de cada 10 viviendas no tiene agua corriente y tres de cada 10, cloacas. Y el Estado sigue destinando billones en subsidios a las empresas que sin ellos no pueden prestar el servicio. Y si en su lugar se sinceran las tarifas, el mercado interno se iría a la lona por la retracción en el consumo. 

No todas las medidas son simpáticas y se traducen en votos, pero son necesarias y es parte de la destreza de un dirigente el tomarlas a tiempo, cuando la situación general del Estado puede actuar como una red para sostener a quienes puedan verse afectado. Ese momento ya pasó, es tarde porque las situaciones están colapsando y es tarde porque ya no existe un superávit de respaldo. Ahora la red está llena de agujeros y las vacas están flacas.

Según la investigación, casi la mitad de los trabajadores tiene un empleo precario o hace “trabajos de indigencia” (por ejemplo, el cartonero o changarín), y más de la mitad de las nuevas generaciones de adultos está excluida del sistema de seguridad social. Alrededor de 3 millones de personas están mal nutridas. Al mismo tiempo, el 37 por ciento de los jóvenes no termina la secundaria y el 20 por ciento no estudia ni trabaja. Dos  de cada 10 hogares requieren asistencia pública, con un total de 23,5 por ciento que necesitan un programa de asistencia social permanente. 

La marginalidad estructural tampoco mejoró en la Argentina a pesar de años en los que el país creció a un ritmo de 8 por ciento anual. Se cristalizó la pobreza estructural, la imposibilidad de alcanzar niveles elementales de bienestar e integración social.

La mitad de los pobres de 2002 dejaron de ser pobres, dice el informe, pero los niveles anteriores a la crisis se agravaron. Buena parte de la conflictividad social tiene que ver con la desigualdad y con expectativas no satisfechas. El delito, el arrebato y el saqueo están dentro de un contexto de descomposición social, de gente que siente que el sistema no los incluye y que la distancia con los que están mejor es cada vez mayor.

Las condiciones de la vivienda son otra variable que marca el aumento de la brecha entre sectores. Si en 2004 un 68,7 por ciento de hogares desfavorecidos no tenía conexión a la red cloacal, en 2012 el porcentaje disminuyó poco, al 61,3 por ciento, mientras que asciende a sólo el 8,1 por ciento en niveles medios y altos. Lo mismo sucede con el gas, situación que empeoró durante el kirchnerismo para los sectores de menos recursos: 68,5 por ciento no tenían conexión a la red de gas en 2012, contra el 68,2 por ciento en 2004. 

A nivel nacional existen 2.700.340 hogares deficitarios. Entre ellos, 566.095 viviendas precarias irrecuperables y 1.579.129 que se pueden reconstituir. Había 2.640.871 hogares deficitarios en 2001. El problema es que se invierte en lo nuevo, pero no en recuperar gran cantidad de viviendas que lo necesitan.

En este contexto, aumenta la brecha social. Hay, según datos del Observatorio, un 40,7 por ciento de informalidad en sectores muy bajos, y un 23,8 por ciento en sectores medios-altos en 2012. Por su parte, el subempleo inestable (trabajos de muy baja remuneración, sin protección social y alta inestabilidad) se duplicó entre 2007 y 2012 en el segmento más vulnerable. Pasó del 16,5 al 30,6 por ciento para los sectores muy bajos. 

Todas estas cuestiones se entroncan además con familias que al carecer de recursos tienen bajos niveles de educación y de salud, lo que termina conformando un círculo de pobreza del que es cada vez más difícil salir para los sectores más vulnerables. Paradójicamente, el Estado está cada vez más abultado en sus gastos y cada vez más ausente en las necesidades elementales de la gente.

La realidad la tenemos frente a nuestros ojos, y sobre todo frente a los ojos de los funcionarios, iniciar el camino de la solución es comenzar a ver, a no esconder y asumir la totalidad de la verdad de esta década ganada.