Corrupción, complicidades y Justicia espasmódica

La Argentina asiste atónita a una grave problemática que excede el marco de la corrupción del último gobierno, la que lamentablemente ha sido naturalizada por parte de la sociedad. Ya que el caso de Lázaro Baez descorre el telón no solo de la falta de transparencia en la obra pública en general y ahora usada como una matriz permanente de saqueo de las arcas del Estado sino el papel de la Justicia en este entramado que va arrastrando a muchos al fango de las sospechas.

Porque este acelerado destape de la ruta del dinero K, como se ha dado en llamar, lleva varios años de denuncias acumuladas sin que se tomaran los mínimos recaudos y sin que los organismos de fiscalización y auditoría con que cuenta el Estado cumplieran debidamente su rol. El cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia no hizo más que cambiar la mirada sobre hechos preexistentes. Parece haber despertado las conciencias judiciales y las causas que dormían el sueño de los justos comenzaron a moverse. La pregunta es obvia: si la segunda vuelta la ganaba Daniel Scioli, ¿los jueces estarían trabajando en estas investigaciones como la de Báez u otras que se ventilan a estas horas?

Nos animamos a decir que es improbable que eso sucediera, lo que nos lleva a pensar que nuestro sistema judicial está demasiado contaminado con la política y trabaja en forma espasmódica según quien gobierna. Más aun, posiblemente este apuro actual por investigar la corrupción K sea la reacción natural de quienes creen que lo que hacen le ha de gustar al nuevo mandatario. Tienen en claro, algunos magistrados (no se puede generalizar en esto) que quienes se fueron del poder ya no podrán hacerle favor alguno, en cambio los que llegan…

Es muy problemático encarar una suerte de “mani pulite” cuando Comodoro Py es un edificio lleno de sombras y sospechas. Sucede allí lo mismo que hemos planteado en otras oportunidades respecto de la Policía y las limitaciones de las nuevas autoridades al pretender un cambio cuando el recurso humano es el mismo de antes. Sin embargo, por el momento no tenemos otra posibilidad los argentinos que aprovechar este nuevo impulso que tiene la Justicia, para que quienes se enriquecieron de manera obscena a costa del Estado sean sancionados y sobre todo, se logre recuperar algo de lo distraído por corrupción.

El caso de Báez puede significar un caso testigo en la Argentina, un país donde siempre hubo corrupción.  Y es precisamente esta triste verdad la que, sin dudas, ejerce como una limitante en la lucha por su erradicación: inexorablemente quien acusa termina siendo acusado por alguna falta anterior, restando legitimidad a lo que se denuncia. Si no todos, la gran mayoría tiene “un muerto en placard”.

La novedad en la causa Báez es que pidió ser entrevistado por la Cámara Federal y por medio de una nota solicitó que si lo investigan, lo hagan con todos los funcionarios que participaron de las licitaciones o las autorizaron. Y no quedaron afuera ni políticos ni empresarios en esta apelación. 

En una escalada su propuesta llega a la expresidenta Cristina Kirchner, pasando por Julio de Vido y a Cristóbal López y otros empresarios vinculados al macrismo, está diciendo que no quiere ser el “pato de la boda” y que, como decimos, nadie en los ámbitos de poder tiene “la cola limpia”.

Mencionó entre aquellos a los que se debería investigar a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de la constructora Iecsa SA, como el tercer empresario por volumen de negocios con el Estado. Y también a sus socios y exsocios. Nominó a 36 contratistas del Estado. No quiso dejar a nadie afuera, porque su mayor defensa, parece, es tratar de que todos sean parte de lo mismo.

Báez, preso desde hace dos meses, será más amplio ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Martín Irurzun, presidente de la Cámara, le preguntó si quiere que su audiencia sea ante los periodistas. Y el interrogante se debe a que la causa es tan mediática como fuera posible, con un fiscal como Marijuán que ha permitido que se transmita en vivo por televisión allanamientos y trabajos con retroexcavadora buscado dinero bajo la tierra en pleno sur argentino.

Viendo el show montado alrededor de este caso, lo que preocupa son los resultados, porque si bien con esta actitud se logra la condena social y moral, no estamos seguros que se esté buscando la condena penal. Porque cierto es que con los elementos con que se cuenta hasta el momento, el enorme enriquecimiento patrimonial de Báez en pocos años, son claramente indicativos de un delito precedente que no estamos seguros que se esté analizando. Es decir que, si se quisiera ya la causa (al menos en lo que a evasión y lavado refiere), podría estar camino a una sentencia. El tema es: ¿se quiere?

Al percibir que no hay fuertes intenciones de avanzar en las responsabilidades políticas de sus negocios, en su escrito presentado ante el juez Casanello fue duro, mordaz, con el juez y dejó mensajes para otros destinatarios fuera del expediente. Porque está convencido de que él está detenido para establecer una “línea de corte”, es decir que se llegue hasta el empresario sin seguir hacia arriba, léase el exministro Julio de Vido y la misma Cristina Kirchner. Allí mismo niega haber lavado dinero y afirma que no hay ninguna prueba respecto a un supuesto delito precedente. En su defensa, él podrá negar y re negar, es legítimo que así proceda, pero las pruebas parecen elocuentes, al menos hablan de un enriquecimiento que debe ser justificado como nunca se le fue exigido hasta ahora. La misma UIF que ha cuestionado a muchos ciudadanos, a veces tan solo por un gasto de tarjeta de crédito que no es compatible con su declaración de ganancias, a Báez ni le llamó la atención, al punto de ignorar los alertas de las casas bancarias nacionales y extranjeras por los movimientos de dinero que realizaba. 

Y es aquí donde la política vuelve a ponerse sobre la mesa, en principio porque daría la sensación que al juez Casanello no le interesa seguir profundizando más allá del empresario en este pesado asunto. Y si no fuera por la aparición del video de “La Rosadita”, ni siquiera estaría preso.  

Que Báez era un hombre de Néstor Kirchner, posiblemente su socio o directamente su testaferro y que se llevaba una parte de los sobreprecios de la obra pública que el exmandatario le otorgaba es irrefutable. Durante muchos años, hasta la aparición pública de las pruebas, no se quiso actuar judicialmente sobre las denuncias que ya existían. Y ahora sucede algo similar, porque con los elementos de prueba que hay se podría estar avanzando más allá en las responsabilidades. Como decíamos antes, querer es poder y nos volvemos a preguntar: ¿se quiere? ¿O hay muchos costos personales en juego por esto de que, cuando de corrupción se trata, toda nuestra dirigencia política e incluso los magistrados tienen un pasado que se le puede enrostrar?

Tampoco queda claro si al Gobierno de Macri le conviene una Cristina presa por esta u otras causas como Hotesur o Los Sauces. Porque sectores del macrismo evalúan que una situación tan extrema pudiera generar mucha conflictividad social, además de mitificar políticamente a la expresidenta.

No sabemos qué giro va a tomar finalmente esta historia de corrupción, complicidades y una Justicia espasmódica. Al fin, el hombre de a pie solo quiere que en la Argentina no le roben más, tan sencillo como eso. Y que el peso de la ley sea igual para todos.