Consumo de sustancias, salud, seguridad y un flagelo que nadie atiende en toda su dimensión

Lo sucedido con la comercialización de cocaína adulterada mostró a la sociedad la peor cara de un flagelo que con su agravamiento parece ir naturalizándose. El número de intoxicados y muertos y la diversificación de los casos en zonas alejadas del lugar primario en el que se vendió la sustancia, exhiben ante los ojos atónitos del ciudadano de a pie, la convivencia con una problemática de raíces profundas. También contrasta la diversidad de vértices desde los cuales puede observarse una realidad que muchas veces pareciera que no se puede o no se quiere abordar en toda su dimensión.

De repente la agenda pública se inundó de tensión y de relatos vinculados al narcotráfico. Todo se fue nutriendo del nombre indescifrable de sustancias y compuestos químicos, de circuitos de circulación de las drogas que se consumen en el país; acompañado de explicaciones científicas y sociológicas. Se habló de guerra entre bandas, de errores en el modo de "cortar" la droga; y de hipótesis de todo tipo en torno a su origen y su destino. Hubo un mar de especulaciones en el intento de explicar cómo fue que lo que las personas llegaron a consumir se transformó en un veneno mortal. El tema captó la atención de una sociedad que en lo cotidiano solo observa el problema de las adicciones como algo que le sucede a otros, sin hacerse cargo de que en los últimos tiempos el fenómeno ha invadido las entrañas del entramado social y se expresa con múltiples consecuencias, aunque no todas tan espectaculares como las experimentadas en este hecho.

Detrás de declaraciones, investigaciones, accionar policial y conflictos, lo que subyace es el drama de los adictos, la realidad transformada en barbarie, en el corazón mismo del Conurbano bonaerense mostrado en toda su crudeza. Es ese drama de personas que están presas de la adicción el espíritu de este comentario. Historias contadas en primera persona sobre el flagelo que representa la droga y las dificultades ciertas que se tienen para abandonar un camino que parece sin retorno.

Hasta donde se sabe la mayor parte de quienes consumieron cocaína envenenada fueron personas jóvenes y de edad media, en su mayoría hombres, habituales compradores en "La puerta 8", un lugar que apareció como insignia de la venta de sustancias ilegales en pleno corazón de la Provincia. La realidad superó cualquier ficción de las que pueden verse donde esta trama se relata con verosimilitud indiscutible. Y lo que mostraron las noticias en una sucesión interminable no fue algo novedoso ni un problema reciente. El país convive con el flagelo del narcotráfico desde hace muchos años y quienes murieron o sufrieron intoxicaciones graves a causa del consumo de esta sustancia, en su vida cotidiana consumen otras drogas que tienen efectos feroces en términos de dependencia.

Lo que sucede es que a menudo esta tragedia pasa desapercibida, a pesar de lo que representa y todas las acciones que se llevan adelante resultan insuficientes. Quienes perdieron la vida o cayeron internados por consumir "cocaína envenenada" de repente no solo se hicieron visibles, sino que se transformaron en blanco de todas las críticas de una sociedad que suele tener una mirada esquiva.

Una vez más, se instaló la dicotomía y el análisis de la problemática del consumo se puso bajo el prisma de la seguridad y se corrió de la cuestión de la salud. La droga se ve como una cuestión que afecta la seguridad de las personas y no como algo que las enferma a ellas y al entorno del que forman parte.

Se habló de los consumidores solo superficialmente o para darle mayor espectacularidad al relato informativo, pero poco se reparó en sus problemas, ni siquiera en su modo de consumir que esta vez se transformó en una trampa que los volvió visibles ante los ojos de una sociedad que prefiere considerarlos ajenos porque interpreta sus conductas como amenazantes o peligrosas, cuando no delictivas. De inmediato se alzaron voces exigiendo mayor rigor, incluso las redes sociales se transformaron una vez más en canales de expresión de mensajes sin ningún tipo de reparo por la historia personal, de por sí dramática.

De la mano de ello, poco se pensó en quienes comercializan esa droga, como si de antemano se supiera que ningún allanamiento ni detención iba a alcanzar para cortar de raíz el problema. Mucho menos se reparó en quienes se escudan en la complicidad con el poder y hacen negocios millonarios.

Como ocurre con tantas otras cuestiones, en la consideración social, el hilo volvió a cortarse por lo más delgado, desatendiendo que detrás de quien consume hay gente poderosa que nunca paga las consecuencias y cuando se apaga el flash de las noticias y el foco de la actualidad se pone en otro tema, todo sigue su curso como si la vida no valiera nada.

Poco se dice del fracaso histórico en la lucha contra el narcotráfico; nadie se detiene a pensar en la responsabilidad del poder político, del poder judicial, de la connivencia policial que muestra con impotencia su inoperancia cuando los hechos de tan groseros y aberrantes quedan expuestos ante la mirada social.

Poco se piensa en que lo que sucedió en la Puerta 8 sucede en cualquier geografía en la que la venta ilegal de drogas se instala y habla, más de lo que se sabe, de un Estado que no termina de estar presente tampoco en la contención de las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias.

Tampoco se discute seriamente el peregrinar de las familias reclamando atención para sus hijos. Ni se atiende en toda su gravedad el drama que representa para muchos convivir con personas que no pueden controlar su consumo.

Mucho se habló del alerta epidemiológico difundido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del pedido desesperado para que quienes hubieran comprado cocaína la descartaran y se argumentó que el mensaje formaba parte de una política de reducción de daños que no existe si antes fallan todos los resortes para evitar que estas tragedias ocurran.

Casi nadie se detuvo en el trabajo de médicos y enfermeras de los Hospitales públicos que afrontaron la emergencia. Quizás porque a pesar de las declamaciones, la cuestión de las adicciones no se considera una cuestión sanitaria y sigue resultando más fácil estigmatizar y reclamar acciones duras contra quienes en realidad necesitan del acceso urgente a estrategias de tratamiento que resulten efectivas.

Para nada esta reflexión justifica el accionar delictivo en el que incurren algunas personas cuando están bajo el efecto de alguna sustancia, algo que se lee en la crónica policial de todos los días. Pero reducir lo ocurrido a una cuestión de seguridad; centrar la atención en la discusión estéril que le han presentado a la sociedad quienes tienen responsabilidades ciertas en la resolución de este tema, es no ver el fondo de las cosas, seguir castigando al que consume, sin transformar el paradigma que les devuelva a ellos la salud y a la sociedad, la idea de una Justicia que deja de castigar a las víctimas y recae con todo su peso sobre los hacedores de esta verdadera tragedia.