Conflictos salariales reales que se mezclan con delincuencia y oportunismo

Lo que más preocupaba, social y dirigencialmente, mientras se producía la ola de saqueos y violencia que se levantó el martes pasado en Córdoba a partir de una huelga policial en reclamo de mejoras salariales, era que se replicara, que otros focos similares pudieran extenderse por el país. Y esa preocupación no cesó del todo cuando el objetivo de los acuartelados se cumplió al ceder De la Sota a los pedidos. Entonces, a la luz de logrado, era posible un efecto multiplicador en otras fuerzas provinciales, incluso en otros gremios. Como una profecía autocumplida, es lo que está sucediendo. Otras seis provincias enfrentan problemas similares, mientras el Gobierno tiene teoría propia al respecto, que analizaremos más adelante. En realidad el problema no es el reclamo ni que el resultado sea un acuerdo sino lo que sucede en medio, muchas veces ajeno a los protagonistas, otras veces fogoneado por ellos.

Por eso en Pergamino debemos estar atentos, frente a problemáticas que pudieran surgir, porque después sólo queda lamentar los sucesos violentos, los heridos y los saqueos que terminan en pérdidas millonarias.

En Catamarca, por ejemplo, se concentró el foco de mayor tensión: en la Casa de Gobierno se enfrentaron los efectivos policiales con personal de la Gendarmería y Prefectura Naval, con un saldo de cuatro personas heridas con balas de goma. Las otras provincias en las que hubo acuartelamientos y revueltas policiales fueron San Juan, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Rioja.

Tras no lograr un acuerdo con la cúpula policial local, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, solicitó a la Casa Rosada el envío de más gendarmes para reforzar la seguridad y evitar que se propaguen los saqueos, que se intensificaron en comercios y supermercados. A diferencia de Córdoba, en este caso los uniformados nacionales no tardaron en llegar. De hecho el momento más álgido en las calles se vivió cuando la gobernadora estaba en su despacho reunida con los jefes de Gendarmería, coordinando los operativos de contención. 

En la negociación con la Policía provincial, Corpacci ofreció una suba salarial de más del ciento por ciento, lo que denota el atraso que existía, pero aseguró hubo “un condimento político” en los sucesos. Es muy difícil de dilucidar esta cuestión cuando se mezclan tantas realidades: sueldos desactualizados, necesidades en la gente y, también, los intereses políticos de algún sector que siempre saca provecho de las dos primeras.

En la pulseada salarial, el Gobierno de Catamarca hizo dos propuestas: elevar los sueldos medios, que oscilan entre 4.000 y 5.000 pesos, a  7.900 y a  10.000 pesos a partir de mayo. Pero la oferta fue rechazada y derivó en los incidentes en la sede gubernamental. A última hora, hubo un ofrecimiento final: llevar el salario medio a  8.160 y a 12.305 pesos a partir de mayo. Los policías, además de un alza salarial, exigieron mejoras en las condiciones laborales, entre otras demandas de un petitorio de 17 puntos.

La Policía de otras cinco provincias se mantuvo el viernes en pie de protestas. El conflicto está aún latente en Neuquén, Chubut y San Juan. En Río Negro se accedió a una tregua y en La Rioja, tras el acuartelamiento, se acordó un aumento escalonado que llevará el sueldo básico a 9.998 pesos a partir de abril de 2014.

En San Juan, los policías y sus familiares protestaron en el Comando Radioeléctrico. Se autoconvocaron a través de las redes sociales. Por temor a un acuartelamiento de las fuerzas y a que la medida se extendiera, el transporte público no brindó servicios durante la noche.

Sin policías en las calles, hubo saqueos en dos sucursales de los supermercados Changomás y Atomo. 

En Neuquén, los policías autoconvocados mantenían anoche su protesta en la jefatura de la fuerza al fracasar la negociación con funcionarios del gobierno de Jorge Sapag. Desde el Gobierno neuquino intentaron llevar tranquilidad a la población e informaron que la medida de fuerza era parcial. 

En Río Negro, unos 30 efectivos policiales presentaron un petitorio de mejores condiciones laborales, salarios y el pago en término de servicios adicionales. No hubo toma de unidades ni restricción en los servicios. Tampoco se vivieron horas de tensión y caos. Sin embargo, la situación motivó al Gobierno provincial a emitir un comunicado en el que garantizaba que la policía trabaja con “normalidad en las tareas de prevención y lucha contra el delito”. Y, unas horas después, se anunció un pago adicional de 1.500 pesos para los agentes que trabajen durante las fiestas de fin de año. Más vale prevenir que curar, habrá pensado el gobernador Alberto Weretilneck.

En Chubut, el gobernador Martín Buzzi, que destrabó recientemente un largo conflicto salarial con el gremio docente, activaría una serie de cambios en las comisarías, lo que motivó protestas en la cúpula de la fuerza.

Por temor a que se extiendan los saqueos en el Conurbano bonaerense, un sitio que suele ser una caja de resonancia de los desbordes sociales, los ministros de Seguridad y Desarrollo Social de Buenos Aires, Alejandro Granados y Martín Ferré, respectivamente, se reunieron  con representantes de la Asociación de Supermercados Unidos para activar un canal de diálogo y reforzar la seguridad en los comercios.

Lo llamativo en estos casos, es que los reclamos salariales son legítimos, cobran un sueldo magro por tareas de alto riesgo de vida frente a una inflación que se desborda. 

Lo que no hubo fue previsión de los gobiernos provinciales, ni atención de la Nación, para prevenir esta situación, que es aprovechada por los violentos para llevar adelante saqueos y efectuar todo tipo de destrozos.

Por su parte, el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a sospechar que existe una disputa territorial entre las policías locales, el narcotráfico y los gobiernos nacional y provinciales. Según su hipótesis, las Policías y los narcos desafían al Estado con grupos dedicados a los saqueos, que pueden propagarse por la grave situación social y que buscan arrinconar y condicionar a los dirigentes y funcionarios políticos.

En el cambio de estrategia oficial respecto de la tibia respuesta a los hechos iniciales de Córdoba tuvieron que ver todos los gobernadores e intendentes que reclamaron en conversaciones reservadas con Capitanich que la Casa Rosada debía afrontar el problema porque los conflictos policiales y los saqueos podían extenderse por todo el territorio nacional si el Gobierno no actuaba rápido. 

Si lo que piensa la Casa Rosada es cierto, y el narcotráfico está aprovechando la problemática salarial para generar el caos, estamos frente a una cuestión muy seria, mucho más de lo imaginado, sobre la que habrá que elaborar estrategias puntuales y tomar el asunto desde otra perspectiva. Pero siempre, encarando oportuna y profundamente los temas, no con parches y acuerdos dilatorios.