Con la sensibilidad y la necesidad no se juega

Una inundación, aun cuando no haya que lamentar víctimas fatales, es una tragedia. Las pérdidas económicas y sobre todo el despojo de la dignidad en que se ve envuelta la familia anegada, generan vulnerabilidad. Más cuando se trata de sectores de menores recursos a los cuales les costará enormemente volver a recuperar todo lo perdido.

El Estado, en este caso municipal, con ayuda de la Provincia y la Nación hacen algunos aportes, como colchones, almohadas, mantas. Pero como es natural, esto no es suficiente para retornar a la situación anterior a los destrozos que hizo el agua. Es claro que los créditos que ofrece el Banco Provincia que son claramente blandos y los perdones impositivos anunciados alivian a los sectores medios que se inundaron, pero no a los grupos de bajos recursos que no están bancarizados y además tampoco pagan tasas e impuestos.

El Gobierno encara la ayuda en estos casos como sabe y puede y ojalá pueda ampliar la cobertura que le brinda a los inundados de escasos recursos para ayudar a reparar la triste situación en que la naturaleza los ha puesto. Pero los recursos locales genuinos son limitados, provienen exclusivamente de lo que pagamos los vecinos vía tasas, infracciones, sellados. El resto, aunque nos corresponda por derecho, como lo son los impuestos coparticipables, es administrado por Provincia y Nación.

Además de ser limitados los fondos locales, un municipio tampoco puede endeudarse discrecionalmente ni es en sí mismo un banco que pueda financiar préstamos. En síntesis, lo que sí se le puede exigir, demandar, a las autoridades, es gestión para que de esos estamentos lleguen más fondos que los habituales, dada la excepcionalidad del caso. 

No obstante, es lógico que los damnificados arremetan contra las autoridades locales, en busca de ayuda monetaria. Porque tal vez desconocen los mecanismos de la administración estatal y sencillamente porque es la puerta más cercana a golpear. Lo que no es aceptable es que quienes sí saben cómo funcionan las cosas jueguen al distraído y bajo el argumento de ser receptivos de la demanda de la gente, salgan a la palestra solicitando aquello que, conocer perfectamente, no es posible. O bien poniéndose a la cabeza de gestiones que dicen que el gobierno ha descuidado por mucho tiempo, cuando ellos mismos han estado en el mismo ruedo durante ponchada de años, sin mencionar la palabra inundación más allá de cada 7 de abril, cuando se recuerda el siniestro de 1995.

En este trance es importante que las fuerzas políticas trabajen en conjunto y traten de resolver sus diferencias respecto del modo en que se puede ayudar a los más vulnerables, sin utilización de los vecinos que están irritables, enojados y claramente permeables a las manipulaciones de quienes pretenden sacar pijoteras ventajas de todo este dolor. 

Lamentablemente no siempre suceden así las cosas. Concretamente, hemos escuchado a dirigentes  planteando propuestas que no han tenido la responsabilidad de investigar si económicamente son posibles y alentando a que una población desinformada en la materia los acompañe en el reclamo. De este modo se promete lo que quienes administran la Municipalidad debieran ofrecer a los vecinos con total desapego de si es posible hacer esos desembolsos.

La ecuación es, en estos casos, de lo más sencilla, se elabora un proyecto, se lo ventila frente a familias desesperadas y es así como la gente sale a pedir lo que suponen se les está negando. De este modo el jueves se vivió un escándalo en la puerta de la Municipalidad toda vez que los vecinos de los sectores más vulnerables reclamaban fondos que algún edil les había hecho creer que era posible recibir ya. Y la realidad es que no sabemos si es posible, lo más probable es que una ayuda a la escala que se viene planteando para azuzar a la gente a protestar solo podría encararse con apoyo nacional y provincial. 

La gente, claramente direccionada, vulnerable y con las necesidades y los nervios a flor de piel, va y ejerce la protesta, lo que por otra parte no es cuestionable, todos tenemos derecho a la queja pública (sin quemar objetos frente a la Comuna como sucedió) pero no como parte de una utilización política.  

No estamos diciendo que un edil no pueda mocionar un proyecto de ayuda económica ante el Ejecutivo sino que lo debe hacer de manera responsable. El Presupuesto 2017 ya fue aprobado, con el voto del oficialismo y parte de la oposición, razón por la cual todos saben cuáles son los fondos con que cuenta el Municipio y para qué avalaron utilizarlos. A partir de allí, lo que puede proponer un edil al intendente es la gestión ante quienes sí disponen de los recursos extra o bien indicar de qué partida ya aprobada se sacará el dinero para dárselo a los damnificados; si se suprimirá o postergará alguna obra, si se reducirá el presupuesto de alguna cartera o si se cobrará una tasa adicional a los vecinos. Pedir que dé la plata a quien no la tiene y no decir de dónde se va a sacar es irresponsable y ambiguo en cuanto a los resultados que se buscan con la movida. A lo sumo, con miras al futuro,  puede promoverse en el Concejo una ordenanza exigiendo al Ejecutivo que de ahora en más se disponga alguna vía que genere fondos (nueva tasa, suplemento sobre multas) para crear un fondo que sirva para asistir económicamente en las contingencias. Pero hoy, no existe tal cosa. 

Llegado a este punto, la experiencia indica que cuando hay una protesta de vecinos, sea espontánea o azuzada, lo que genera el primer paso para que se baje el tono de violencia es la presencia de la autoridad. Si el intendente enfrenta la situación, automáticamente un 50 por ciento de la tensión se afloja y el resto se logra con el diálogo. En este aspecto el jefe comunal no ha hecho uso de esta buena costumbre con la cual otros intendentes en el pasado han logrado desinflar conflictos más complejos que estos.

La realidad es que cuando hay un problema vecinal, la ausencia de la autoridad que los encare termina por enardecer más a la protesta y es así como se llega a situaciones de violencia o de represión, que son derivaciones indeseadas del derecho a peticionar. Después de una inundación lo último que necesitamos es que terminemos los vecinos y las autoridades enfrentadas, cuando debemos trabajar más juntos que nunca y, en todo caso, los distintos sectores políticos debieran ir juntos a solicitar más apoyo provincial y nacional si hace falta. Por una vez tiene que haber objetivos más importantes que el destaque de un concejal o un funcionario en detrimento de otro, porque la realidad es que los vecinos sufren de verdad por esta situación. Para los inundados no es un juego político, ni una carrera rumbo a las elecciones. Para ellos es una cuestión muy importante tratar de retomar su vida, ir recuperando sus cosas, su hogar, tratar de poner de pie otra vez su negocio.

Y los que más necesitan no merecen actitudes de aprovechamiento de ningún dirigente ni sector político, lo que precisan es ayuda real, concreta y posible.