Causa Ponce de León: Derechos Humanos de la Nación presentó un pedido de indagatoria

Evangelina Lardone, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentó ante el juez Marcelo Bailaque una solicitud de indagatoria a cuatro personas que, según la profesional, fueron autores de la muerte del entonces obispo de la Diócesis de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León que se produjera el 11 de julio de 1977, durante el gobierno de facto.

En tal sentido se pide al magistrado que Antonio Bossié, Bernardo Landa, Omar Andrada y Sergio Bottini sean citados para ser indagados en el marco de la causa caratulada: "Saint Amant, Manuel Fernando sobre muerte por causa dudosa, víctima: Ponce de León, Carlos Horacio y otros".

Entre los argumentos expuestos por la profesional del derecho se menciona que Antonio Bossié, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Mayor y hasta el 20 de diciembre de 1976, se desempeñaba como Jefe de Inteligencia y Operaciones de la Plana Mayor del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Bernardo Luis Landa, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Capitán y desde el 5 de Enero de 1977 y hasta el 5 de Diciembre de 1977, se desempeñaba como jefe de Personal y Logística (S1 y S4) de la Plana Mayor del Area Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.

Omar Andrada, a la fecha de los hechos, contaba con el grado de Mayor, desde 1º de Enero de 1976 hasta el 5 de Diciembre de 1977, se desempeñaba como jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101.

Y por otra parte, la abogada solicitó se llame a indagatoria a Sergio Bottini, quien en la causa fraguada era el acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de la firma Agropolo S.A., titular registral de dicho vehículo automotor. Sergio Bottini viajaba -según lo consignado por Martínez- "por razones comerciales" de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up.  

"Si bien Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni tampoco sus negocios fueron objeto de constatación", expresa Lardone en el escrito y agrega que "existe también suficiente probabilidad de que tanto Luis Martínez como Sergio Bottini hayan intervenido como autores directos y/o con colaboración de otros ejecutores y/o participaciones introduciendo el medio material para producir directamente la muerte del obispo y las lesiones a su acompañante".

Para la Secretaría de Derechos Humanos, la indagatoria es por los delitos de "homicidio doblemente agravado y para ocultar otro delito o procurar la impunidad para sí o para otro". Estos delitos se castigan con prisión de ocho a 25 años.

Lo que sucedió

El 11 de julio de de 1977, en una mañana lluviosa y con neblina, en la Ruta Nacional Nº 9 (Ramallo) el obispo de la Diócesis de San Nicolás falleció luego de que colisionaran el Renault 4 que conducía el prelado con una camioneta Ford F-100. La muerte del prelado fue juzgada durante la dictadura como homicidio culposo en accidente de tránsito. El conductor de la Ford F-100, Luis Antonio Martínez fue condenado por ese hecho en 1977.

El avance en la causa

Rubén Santucho es el presidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, que integra también Encuentro por Memoria y Justicia "Cholo Budassi", una organización de carácter regional.

En contacto con LA OPINION, Santucho hizo una recorrida contextual de lo sucedido al obispo nicoleño en tiempos de la dictadura. "La muerte del obispo Carlos Ponce de León se enmarca en el asesinato del obispo Angelelli y también en la 'Masacre de San Patricio', donde fueron asesinados cuatro sacerdotes y dos laicos", comenzó diciendo y describió el contexto de estos eventos de esta manera: "Una Iglesia comprometida con su pueblo, que denunciaba los casos de abuso por parte de la dictadura, condujo a la eliminación física por parte de la misma Dictadura de estos sacerdotes".

Accionar en la mira

Sobre la muerte de Ponce de León, el presidente de la Asociación por la Memoria afirma que "fue encubierta bajo la modalidad de un accidente vial en la vieja ruta Nº 9. Todos saben que el obispo se dirigía a Capital a entregar un listado de presos y desaparecidos de la zona donde él tenía competencia, de su Obispado en San Nicolás de los Arroyos y ciudades linderas. El ya había intercedido por decenas de presos de las ciudades vecinas a San Nicolás y siempre hubo muchas dudas respecto del accidente incluso hay versiones que, en el lugar del hecho, minutos antes había estado Manuel Saint Amant en persona, el militar responsable del batallón de San Nicolás. A esto se suma que existe una carta de Saint Amant a sus superiores denunciando al obispo por su accionar en la zona de defensa de presos y acompañamiento a sus familiares".

Juan Murray

Desde la asunción como fiscal subrogante en la Fiscalía Federal de San Nicolás, Juan Murray empezó a tomar testimonios en la causa Ponce de León. "En esa investigación aparecieron incongruencias en los testimonios y esto llevó a Murray a investigar quiénes eran los dueños de la camioneta que colisionó con el Renault 4 del obispo. Se llegó a la conclusión de que la camioneta pertenecía a una empresa que tenía un local al lado de donde funcionaba Inteligencia Militar en Capital Federal y así empezaron las sospechas, comenzó el largo camino de presentar escritos por parte de la Fiscalía exponiendo las dudas", señaló Santucho

Se suman apoyos

En el transcurso de este tiempo surgió la Pastoral Ponce de León encabezada por el padre Aníbal Pollachi que junto a cristianos, que conocieron el accionar de Ponce de León, acompañan el pedido de la Fiscalía mientras que el 11 de cada mes se juntan e una ermita, construida en el lugar del siniestro vial para rezar pidiendo por la pronta aclaración de la causa.

¿Palos en la rueda?

Según Santucho, "tanto los jueces federales de aquellos tiempos hasta (actualmente) Villafuerte Ruzo rechazaron y pusieron trabas para avanzar en las decisiones de revisión del fallo en que se hablaba de accidente. Tanto es así que Villafuerte Ruzo fue apartado de la causa por dilación y la misma está hoy bajo la órbita de Bailaque, un juez federal de Rosario que tiene los mismos métodos de poner palos en la rueda".

Finalmente la causa llegó a la Cámara Federal y tras analizar las pruebas aportadas por el perito accidentológico Jorge Geretto, que manifestó "que la camioneta no estaba en movimiento sino que se la cruzaron en el camino para que Ponce chocara contra ellos, esta Cámara revocó la sentencia que hablaba de accidente", señaló el entrevistado.

"Un pasito adelante"

Por estos días se solicitó la citación a declarar como imputados tres de los cuatro "que se asignan como responsables del asesinato", afirmó santucho al tiempo que expresó lo que ese pedido significa como miembro de organismos de derechos humanos: "Para nosotros como asociación, que tenemos una ligazón con San Nicolás y con los distintos organismos de derechos humanos de la zona, y constituimos una organización regional de Encuentro por Memoria y Justicia 'Cholo Budassi', esta solicitud constituye un pasito adelante. El tiempo, como en todos los casos de lesa humanidad, va logrando la impunidad biológica ya que Saint Amant está muerto pero estaremos siempre acompañando el accionar de la Fiscalía y sobre todo en este nuevo espaldarazo que se tiene ante la decisión de la Cámara a empezar a autorizar indagatorias. Esperamos que la Justicia demore menos para poder, realmente tener justicia así como en todos los casos de violaciones de derechos humanos que venimos reclamando desde hace muchos años", concluyó Santucho.