Carlos Elizalde da su versión: “No hemos incurrido en ningún delito”

El secretario general del Municipio que junto al subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, están imputados en una causa judicial, expuso su posición con relación a la orden de enviar una patrulla municipal a controlar un establecimiento clausurado. “De darse la misma situación, actuaríamos de igual manera”, aseguró el funcionario.

DE LA REDACCION. Carlos Elizalde, secretario general del Municipio, que junto al subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, están imputados en una causa por abuso de autoridad, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber dispuesto que una patrulla municipal se apostara en el acceso a un establecimiento que había sido clausurado por la Comuna, expuso su versión sobre los hechos.

Puntualmente asegura que el Municipio ordenó la clausura del establecimiento y que, en consecuencia, hubo que controlar que se cumpliera esa disposición. Y que como no podía ponerse faja de clausura por tratarse de un predio en el que había animales vivos (gallinas ponedoras), la alternativa fue disponer un móvil municipal para ejercer ese control. También destacó que el intendente, “como no podía ser de otra manera”,  estaba al tanto de todas las actuaciones.

-¿Por qué cree que se llevó a la Justicia un asunto que, tal vez, podría haberse resuelto por otra vía?

-Se judicializó porque intervino la política, porque estamos cerca de una elección y porque alguien pensó que esto lo podía beneficiar y, a la vez, perjudicarnos a nosotros.

La causa en sí viene del año 2009, se trata de una empresa que no cumple con las ordenanzas municipales y las leyes provinciales desde ese tiempo. Se tramitó en el Juzgado de Faltas durante casi cinco años y a medida que va pasando el tiempo se van cumpliendo etapas. En 2014 se llegó al trámite de clausura de dos galpones de 30.000 unidades de ponedoras cada uno; después del tercero al octavo galpón también fueron clausurados por el mal manejo del producto, porque no cumplían con las normas de salubridad. Después de las clausuras de a uno de los galpones se continúa con la clausura de todo el establecimiento.

-¿Quién dispuso esas clausuras?

-El que clausura es el Municipio atendiendo las actuaciones que se realizan en el Juzgado de Faltas.

Cuando llega el momento de realizar la clausura total, se hace el procedimiento y también se da la orden de decomiso de las aves. La Municipalidad no tiene la posibilidad en forma propia de decomisar semejante cantidad de animales. El área Legal y Técnica comenzó a trabajar con el fin de conseguir una empresa que pudiera hacer la logística para este trabajo, y mientras tanto el establecimiento, aun estando clausurado, seguía operando.

-Hasta ahí todo en la órbita del Juzgado de Faltas. ¿Cuándo aparece la causa judicial?

-En el medio de todo la empresa presenta un trámite judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo, que da una medida precautelar para que desde el Municipio no se hiciera nada más hasta que no se resolviera en el Contencioso. El juez primero dicta la cautelar, luego se excusa porque tiene un vínculo familiar con el gerente de la planta, pero antes levanta la medida cautelar. Por no haber en Pergamino otro Contencioso Administrativo la causa se traslada a Junín.

-¿Por qué se dispuso una patrulla en la puerta del establecimiento? ¿Estuvo bien esa medida?

-Nosotros cuando clausuramos algún establecimiento en Pergamino, como puede ser un bar, una fábrica, un negocio, le colocamos una faja, que es lo que hace que no se ingrese al inmueble y, caso contrario, estará rota la faja y esa persona seguirá teniendo más problemas legales. Pero cuando se trata de un lugar donde hay animales vivos y en el medio del campo, no se puede poner una faja de clausura en la tranquera ni en el acceso a los galpones, porque estoy obligando a cometer una falta más que es romper la faja para entrar a darles de comer a las gallinas. Entonces, cuando consultamos dentro del sistema jurídico y administrativo municipal cómo hacíamos para controlar un establecimiento que estaba clausurado pero tenía animales que había que atender, la respuesta fue que pusiéramos un control. Y la ejecución de ese control es poniendo a alguien que lo haga porque la obligación de la Municipalidad para con un lugar clausurado es controlar que allí no haya actividad. Para eso nos asesoran que colocando una persona con un móvil municipal era suficiente. Entonces dispusimos desde la Secretaría General, que es el área de la cual depende Medio Ambiente, que se disponga una guardia de control, no para que no se ingrese a atender a los animales sino y únicamente para que no salga la producción.

Se dispuso un móvil y a pesar de ello la misma empresa reconoce que nunca se le impidió sacar la mercadería, porque lo hacían en los horarios que el móvil se retiraba, ya que no estaba afectado las 24 horas.

-¿También era necesaria la presencia de un efectivo policial?

-En los primeros días, porque teníamos una información de que podría haber algún problema, enviamos el móvil con un policía, pero eso duró creo que tres días porque al no haber ningún problema nos pareció innecesario tener un policía en la patrulla y por lo tanto en los días siguientes quedó el móvil con un agente municipal arriba.

Nosotros no incumplimos ninguna ordenanza, ni ninguna ley provincial ni nacional. Lo que ejercimos fue el control de poder de policía que tiene la Municipalidad para estos casos.

-Hasta ahí el relato de cómo fueron los hechos que, según su visión, no representan ninguna irregularidad. ¿Por qué cree entonces que la Justicia hace lugar a estos planteos?

-La verdad, no lo sabemos, y no quiero especular con estas cosas porque la Justicia debe trabajar en forma independiente. Pero lo que es claro es que luego de que estuvo la patrulla en la puerta ejerciendo su función, el intendente en uso de sus atribuciones revoca la habilitación. Es decir que el trámite administrativo siguió sin ningún problema, de modo que no pudo haber abuso de autoridad, que es la base del cuestionamiento por la cual nos imputa el fiscal a mí y a Federico Beltrán.

La base es abuso de autoridad y eso supuestamente es porque yo ejercí algo que no podía hacer, y por lo tanto gasté dinero del Estado (ahí cabe la malversación de fondos) y atrás viene el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir que una cosa lleva a la otra.

Pero nosotros estamos tranquilos y seguros porque ejercimos el deber de controlar. Recuerden lo que pasó en Buenos Aires con Cromañón por no controlar. Yo me pregunto qué hubiera pasado si se hubiesen prendido fuego esos galpones estando clausurados y nosotros no haberlos controlado. Qué hubiera pasado si había personas intoxicadas con huevos que salían de ese establecimiento. Sin dudas que nosotros hubiéramos sido los responsables por no haber controlado. Por eso no entiendo por qué terminamos imputados si lo que hicimos fue ejercer el control de algo que nos compete.

-¿Usted percibe algún tipo de animosidad?

-No puedo asegurar nada. Sí creo que hay un desconocimiento por parte de quienes llevan adelante la investigación sobre cómo funciona un gobierno municipal. La pregunta más importante de toda la indagatoria es si el intendente había dado la orden. Obviamente que el intendente está en conocimiento de lo que pasa en la Municipalidad, porque lleva adelante la cuestión, y en la cuestión diaria a veces no toma la decisión pero está de acuerdo con la misma. A tal punto está de acuerdo en este caso, que no levanta la decisión tomada, no da una contraorden y encima, días después, revoca la habilitación que tenía ese establecimiento. O sea que hay una cuestión administrativa que es absoluta y totalmente coherente. No hay ningún abuso de autoridad. Al contrario: existe el control que debe ejercer la Municipalidad en estos casos.

- ¿Un móvil de la Patrulla Urbana era el único medio disponible?

-Es el instrumento que tiene la Municipalidad. Podría haber ido también un móvil de tránsito. Tiene que ir un personal municipal con un vehículo oficial, no puede ser de otra manera.

-En conclusión, ¿usted se plantea plenamente inocente en esta causa o puede haberse equivocado el algo?

-No hay nadie que me haya dicho que en esta causa exista el dolo. ¿Qué es lo que están investigando que hicimos mal? Porque no veo que haya algo que se haya hecho mal. Entonces el hecho de que una causa que tendría que haber ido a archivo se siga con tanta vehemencia, genera alguna clase de sospecha.

Nosotros somos el Gobierno y actuamos de acuerdo a las normas. Y si cometemos algún error que la Justicia lo determine. En mi caso estoy sujeto a derecho, me parece bien que si existe una duda y hay una denuncia hecha por una empresa se investigue. Me parece que pueden ir a fondo en lo que quieran que yo no voy a poner ningún obstáculo. Lo único que me parece es que esto se tramita más por los medios públicos que lo que es propiamente en la Justicia. De hecho yo no conozco las declaraciones que hubo en el último mes, porque no me dan las fotocopias de las declaraciones. Y acá es donde viene la cuestión del buen nombre y honor, porque que tanto a mí como a Beltrán se nos use en la parte pública mancillando el buen nombre y honor me parece grave. No por la información en sí, porque es verdad que estamos imputados en una causa, pero de ahí a toda la elucubración posterior me parece irresponsable por parte de quienes lo hacen.

-¿Cree que esto puede afectar en la marcha de la campaña teniendo en cuenta que usted es primer candidato a concejal por el oficialismo?

-A tal punto creo que no porque yo ya estaba imputado en esta causa cuando se decidió que fuese primer candidato a concejal. Nosotros tenemos tranquilidad de conciencia, honestidad intelectual en el trabajo que estamos haciendo y coherencia como funcionarios porque ejercimos todos los deberes tal lo marca la Ley. Ergo, no hemos incurrido en ninguno de los delitos por los cuales se los imputa. 

A tal punto somos inocentes que si volviera a darse la misma situación, actuaríamos de la misma manera, porque los móviles fueron utilizados para lo que marca la ordenanza: control.