Caballos sueltos: un problema sobre el que se tienen instrumentos para resolver de raíz

Dos accidentes de tránsito que tuvieron como víctima a una misma persona en cuestión de meses, el mismo sector de la ciudad e iguales circunstancias como causales de los siniestros viales: la presencia de caballos sueltos, hicieron que este tema ciudadano volviera a ponerse en el centro de la escena. La problemática está lejos de ser novedosa, y lleva al hartazgo a vecinos que sienten que sus reclamos no son escuchados por la autoridad municipal que tiene plena facultad para resolver esta cuestión de raíz y, sin embargo, por diversas razones que se esgrimen como argumento, no lo hace. 

Como tantas otras cuestiones que podrían resultar menores en el universo de los temas que ocupan la agenda pública de una ciudad, cuando la presencia de un caballo suelto, cuyo comportamiento es impredecible, pone en jaque la tranquilidad y se transforma en una amenaza para la vida, el tema cobra otra relevancia y convoca- o debería hacerlo- la atención de las autoridades en la búsqueda de ponerle coto a una situación repetida. Hay barrios que, al decir de los propios vecinos, se han transformado en espacios en los que los caballos tienen rienda suelta y el dejar hacer a sus propietarios que incurren en una contravención que no siempre se sanciona, no hace sino profundizar la problemática.

Lo que podría resultar una cuestión menor o que los propios ciudadanos naturalizan por frecuente, se transforma prácticamente en una crónica policial cuando ocurren accidentes o episodios que atentan ya no solo con la propiedad- ya que los animales suelen ser dejados por sus dueños en terrenos y espacios abiertos de la ciudad- sino la seguridad de las personas. 

En términos formales, el Municipio tiene potestad y autoridad para prevenir y para actuar frente a esta problemática. ¿Lo hace realmente? A este interrogante y solo de leer lo que muestra la realidad es que la intervención municipal suele darse a medias. Las denuncias de vecinos que son cotidianas y repetidas, son recibidas a través de la línea 147 y en algunos casos el equipo de trabajo afectado a esta tarea acude al lugar con el propósito de secuestrar el caballo, labrar el acta de infracción correspondiente y girar la actuación al Juzgado de Faltas que es el que debe intervenir en el resto del proceso que implica el cobro de una multa por infringir la ordenanza vigente, y supone exigir la documentación correspondiente al animal- libreta sanitaria y documento único equino- para su restitución.

Este circuito que es el que prevé la normativa vigente no siempre se cumple y los argumentos que se esgrimen van desde que no se cuenta con un lugar apropiado para alojar a todos los caballos que están sueltos en la vía pública; hasta señalar que secuestrarlos implicaría tener que quedarse con los caballos porque no todos los propietarios cuentan con la documentación correspondiente para recuperarlos. Como si la solución en sí misma agigantara el problema.

Atravesada por múltiples cuestiones que van desde el posicionamiento de las entidades proteccionistas- que piden que se actué con dureza contra los propietarios de los animales-hasta la realidad social que muestra que, a pesar de la prohibición de la tracción a sangre, muchos de estos ejemplares son utilizados para llevar carros y garantizar la subsistencia de familias en situación de vulnerabilidad.

Sin abandonar ninguna de las razones que son legítimas, lo que no puede hacer el Estado frente a los inconvenientes, es claudicar en la búsqueda de la solución al problema. Si adolece de los instrumentos o los que cuenta no resultan los apropiados, existe un Concejo Deliberante que puede adecuar la norma a su efectivo cumplimiento.

Si a pesar del accionar, la problemática se perpetúa y quienes incurren en una contravención encuentran el modo de vulnerar las reglas y repetirla, será necesario establecer mecanismos para que la reincidencia en la contravención represente un perjuicio para quien haciendo valer su necesidad, deja en la calle animales que representan una amenaza para terceros.

Complejo, diverso, este problema como tantos otros de índole ciudadana, tienen una misma raíz que es incumplimiento de las normas. En este caso hay una ordenanza que no se cumple, un infractor que vulnera la norma, una autoridad que no la hace cumplir. El combo es explosivo y da rienda suelta a la inseguridad.

Lo preocupante es que lo que sucede con los animales sueltos en la vía pública, ocurre también con contravenciones de otra naturaleza. Y en ese dejar hacer gana la anomia y se afecta la convivencia ciudadana, un bien de preciado valor que el conjunto de la sociedad y sus representantes deben cuidar.

Las normas están hechas para ser cumplidas y si no resultan apropiadas o son obsoletas, hay espacios institucionales desde donde pueden ser cambiadas. Lo que no puede ocurrir es que la imposibilidad de hacer cumplir una norma, sea lo que genere la agudización de una problemática. Es peligroso que así lo sienta la sociedad porque precisamente las reglas establecidas son garantía de la sanidad de la vida comunitaria.

En este sentido, hay pocas cosas que dependen de principio a fin de la potestad de un intendente. Esta es una de ellas y quizás llegó el momento de establecer esta cuestión como prioritaria.

Ver inspectores empujando caballos tratando de acercarlos al lugar del que salieron; saber que son siempre los mismos animales que pertenecen a los mismos dueños y no generar los mecanismos apropiados para que la reincidencia tenga un costo, hablan de una inacción que está llamada a resolverse de manera urgente. Porque muchas veces son las cuestiones vecinales, esas que pueden resolverse en la pequeña geografía, las que exhiben con mayor claridad la capacidad de honrar la función que le compete a la autoridad municipal que es cuidar las calles de su pueblo, preservando la calidad de vida de su gente.