Asignatura pendiente

Ayer se celebró el Día de la Industria en nuestro país, ocasión que fue tomada en el mundo periodístico, a lo largo de toda la jornada, para hablar de la actualidad del sector y poner sobre el tapete la cuestión de si Argentina es o no un país industrializado.

Si se toma como referencia la participación de la manufactura en la generación de riqueza del país, que se estima en cerca del 20 por ciento, la respuesta sería un tibio “sí”, frente al 6 por ciento de incidencia que tiene el campo y al resto, que alcanza el 74 por ciento del PBI, que proviene del sector servicios.

Ahora bien, si le preguntamos a cualquier ciudadano cuál es la principal fuente de generación de riqueza que tiene el país, seguramente responderá el campo y no la industria, mucho menos dirá que los servicios.

¿Es entonces Argentina un país con matriz industrial? No lo es, por idiosincrasia, por extensión territorial, por la composición de su clase asalariada. Pero sin dudas tendría un destino de éxito cuando de una vez por todas se encare un serio desarrollo de la agroindustria. Esa es la gran materia pendiente en este país, especialmente para el desarrollo de las economías regionales.

Pensemos por un momento en el ilógico camino que sigue gran parte de la producción que se exporta (granos, frutas, algodón, carnes, todo lo que sale de nuestra tierra). Parte en contenedores tal cual se la cosechó, con una mínima participación laboral en relación con la que podría tener. En los países de destino es donde se le incorpora la real mano de obra que, junto con elaboración y tecnología, lo convierte en un producto con valor agregado. De allí sale al mundo, con su costo varias veces multiplicado y en más de un caso se da la paradoja: Argentina termina importando un producto que contiene materia prima local y nosotros, los ciudadanos, lo pagamos y consumimos como extranjero.

No es difícil imaginar lo beneficioso que sería para las pequeñas localidades del interior que allí donde haya una extensión con cultivos de cereales o soja, se montara una refinería y parte de la producción saliera convertida en aceite. O una fábrica de galletitas, por citar algún ejemplo. Cuánta gente más se emplearía en la zona, fomentando el arraigo en lugar de la migración, incluso cuántos llegarían desde otros puntos del país. Cuántos trabajadores estacionales contarían con estabilidad laboral y cuánto dinero se ahorraría el Estado en planes que buscan suplir la falta de trabajo. Justamente es este punto una de las causas de la falta de desarrollo de la agroindustria. Porque la mayor parte del dinero que recibe el Estado desde el campo (vía retenciones, tasas y otros impuestos) no vuelve al sector en forma de inversión, específicamente convertido en obras de infraestructura que son necesarias para que florezca una industria: caminos, tendidos eléctricos y gasíferos, créditos de fomento. En cambio, se ha decidido destinarlo a subsidios y otros beneficios que, sin juzgar sobre su oportunidad, nada tienen que ver con las necesidades del sector que le dio origen. 

Hay que tener en cuenta que el rédito político de un gobierno es mayor e inmediato cuando es el mismo Estado quien entrega en propias manos la asistencia. Si ese dinero fuese utilizado para dar un crédito a un inversor que luego le da trabajo a un desocupado, lo más probable es que esta persona no reconozca el mérito al Gobierno sino que su gratitud sea para con el empresario. Por eso, en términos de poder, muchas veces es preferida una estructura clientelar que una progresista.  

Con cada llegada de un nuevo tiempo político, la agroindustria renueva su esperanza de dar a luz definitivamente. Pero para ello, como decimos, hace falta inversión. Durante los años 2010 y 2011 la Argentina se vio beneficiada por el alto precio de sus commodities que posibilitaron un profuso ingreso de divisas (agro dólares), muy importantes para un Estado que no tiene intención de bajar su gasto público, y que otorga amplios beneficios a diferentes sectores y escasamente los devuelve al agro. 

Más allá de estos ingresos, la inversión en infraestructura no estuvo entre las prioridades por parte del Estado nacional, cuando es precisamente la infraestructura pública uno de los factores productivos más importantes y una de las variables fundamentales que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de un país. Podremos escuchar de boca de la presidenta o del ministro De Vido cifras extraordinarias destinadas a obras de infraestructura, pero lo que dicen las economías regionales o lo que ven nuestros ojos no hablan de que estas erogaciones hayan sido las necesarias.

Existe un verdadero déficit en la inversión pública en esta materia, a pesar de los ingentes aportes de divisas que genera el sector agropecuario y el incipiente agroindustrial; ambas “patas” del campo constituyen, de hecho, el único y genuino generador de divisas de nuestro país. Esas que tanto necesita nuestra economía, por eso es incomprensible que el Gobierno siempre trabe el crecimiento de su “gallina de los huevos de oro”.

El sector agroindustrial está esperando desde hace más de 10 años que las autoridades nacionales y provinciales traten seriamente los temas que afectan al sector. Los productores, las empresas, los inversores esperan que en algún momento esos temas tengan caminos de solución. Muchos de ellos fueron ignorados, ya que el precio alto de la soja fue el árbol que tapó el bosque.

¿Cuáles son esos temas?

La falta de apertura comercial al mundo y sus principales mercados; las retenciones; los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) y cupos a las exportaciones; las trabas a la comercialización normal en el mercado interno y externo de granos, carnes y lácteos; los problemas de transitabilidad y falta de mantenimiento en rutas, caminos y accesos de los principales corredores productivos; la falta de stock ganadero; la no operatividad del Plan Trigo y Maíz Plus; la falta de energía para el sector (eléctrica, gas- oil); la falta de conectividad en gran parte del interior del país (telefonía, Internet); la falta de apoyo financiero a economías regionales; la falta de acceso al crédito a los productores chicos y medianos, y podemos seguir. Cada falencia no atendida son millones de dólares que no entran al circuito de los productores, de las empresas y, por supuesto, del Estado.  

Es tal la deuda con la agroindustria que, además de no explotarse su máximo potencial, ya acumula saldos negativos, como el cierre de más de 100 frigoríficos de carne vacuna desde el año 2008 a la fecha. Esto implica, además, unos 20.000 puestos de trabajo menos, mayormente localizados en ciudades pequeñas, donde las oportunidades laborales no abundan. Es decir que, en una primera instancia, estas personas han pasado a vivir directamente del bolsillo del Estado. Una situación completamente evitable (más en estos casos en que las inversiones ya estaban hechas) con medidas proactivas en lugar de restrictivas. Estas actitudes del Gobierno de menospreciar el aporte del campo, cuando no socavar sus posibilidades aun a sabiendas que es de allí de donde provienen los mayores recursos públicos, es lo que hace pensar si no es que prefieren un pueblo subsidiado que empleado, como para que nunca deje de besar la mano que le da de comer. 

Hay que buscar un camino de diálogo permanente sin fisuras y sin buscar protagonismos. La Argentina sigue con las oportunidades al alcance de su mano, pero hay que ir a buscarlas. 

La inflación no se controla sola y el consumo en algún momento se para. La plata se va cuando no hay confianza en invertir. No podemos permitir que las inversiones entren solo a países hermanos, porque no generamos confianza, reglas claras y estables. Seguramente algunas cosas se han hecho bien, pero en el sector agroindustrial hay aún muchas materias pendientes.