Argentina Siglo XXI: definir qué país queremos

En Argentina, con más de 200 años de independencia y más de tres décadas de democracia continuada, aún no logramos definir qué rol debe tener el Estado y, en consecuencia, determinar qué país queremos para nosotros y las futuras generaciones.

Han sido, en todo caso, los gobiernos de turno los que aplicaron sus recetas, pero nunca el conjunto de la sociedad -a través de sus representantes tal lo indica la Constitución Nacional-  logró ponerse de acuerdo para establecer bases sólidas que permitan tener cierto grado de previsibilidad como país.

En la década de 1990, durante la gestión Carlos Menem, se implementó una drástica política de reducción del tamaño del Estado mediante la eliminación de subsidios y la opción por las privatizaciones, desregulaciones, desmonopolizaciones, tercerizaciones y descentralizaciones, financiadas por organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional). Se buscaba transformar ese Estado grande en uno más chico en el supuesto de que tal reducción nos conduciría a un Estado mejor, más eficiente.

De la mano de estas ideas, acciones y omisiones, el Estado argentino (a nivel federal) redujo su planta de personal -pasó de aproximadamente 1.000.000 de empleados, en 1989, a 298.000, en 1999, (casi el 70 por ciento de reducción en 10 años)- y privatizó todas las empresas públicas. Ese Estado reformado, que perdía capacidad de control, mostraba un contexto social preocupante, con una desocupación del 13,8  por ciento en 1999 (con un pico del 18,3 por ciento en 2001), y un endeudamiento externo que asfixiaba nuestra economía. El creciente conflicto social no presagiaba un desenlace moderado. Este tobogán descendente terminaría en el default de 2001, que puso al país frente a una de las crisis más profundas de su historia. Este Estado chico terminaba siendo incapaz de regular la vida social y económica de los argentinos. Era débil para asegurarnos el cumplimiento de la ley. 

Desde 2003, el kirchnerismo con la opinión pública a favor, comenzó un ciclo de crecimiento del Estado mediante una mayor intervención pública, una drástica reducción del endeudamiento externo y una serie de reestatizaciones, además de una política de subsidios estatales más activa que en la década anterior. Podemos decir que este Estado grande fue producto de una sociedad que demandaba mayor presencia estatal en su vida cotidiana, en la regulación de la economía, en la búsqueda de una mayor inclusión social y en el mercado de trabajo. Pero ese Estado grande no es, necesariamente, sinónimo de capaz y, en el caso del kirchnerismo con todas las acusaciones que salen a la luz, tampoco podemos hablar que haya sido honesto.

Ahora, con la administración de Mauricio Macri, hay indicios sobre hacia dónde se quiere ir, pero se desconfía mucho desde algunos sectores sobre si las políticas que se proponen son en verdad para favorecer al país en su conjunto o solamente para satisfacer los intereses de los sectores más pudientes. Son las tristemente famosas segundas intenciones a las que tan acostumbrados nos tuvo el kirchnerismo, como por ejemplo desarrollar decenas de obras públicas para, con los sobreprecios, obtener millonarios retornos. La máscara era la obra y la segunda intención (y verdadera) la coima.

Hoy vivimos en un país de altísima carga impositiva, que es prácticamente imposible de bajar en la medida que el Gobierno no revise el elevado gasto público que tiene. Evidentemente la llegada de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda va en ese sentido. Pero la realidad indica que hay una impresionante cantidad de millones que, en forma de subsidios, mantienen muy en alto el nivel de gasto público.

No es pecado ni error dar subsidios estatales. De hecho, los países desarrollados tienen fuertes políticas en este sentido. La administración Obama, que está llegando a su fin, ha dado billonarios subsidios a bancos, corporaciones y financieras que tuvieron mucho que ver con la crisis norteamericana de 2007. El problema está dado por el control del subsidio otorgado. Dar subsidios sin controles relativamente eficaces y eficientes por parte del Estado es casi tan peligroso como negarlos por una cuestión de simple ideología antiestatal. Los subsidios, orientados por una política pública democrática, son una valiosa herramienta del sector público. No tenemos por qué descartarlos, pero sí orientarlos, mejorarlos, transparentarlos y controlarlos. 

El Estado es un producto del juego político democrático entre los políticos y los ciudadanos. Es la organización que construimos y conseguimos entre todos. El perfil del Estado necesario se construye de acuerdo al clima de época y a la visión de futuro. Es inevitable que en la vida democrática de una nación exista cierta oscilación en cuanto al rol del Estado. El punto aquí es cómo evitar la variación extrema (tan argentina). Aunque no tan fácil de implementar, la respuesta es muy sencilla: discutir un modelo de país de una forma democrática. No tiene que ser para todas las áreas del Estado al mismo tiempo, pero tenemos que trazar, como sociedad, horizontes de largo plazo en políticas fundamentales, como por ejemplo, la educativa, la energética, la social, la industrial, la impositiva, la agraria, y ver qué sectores subsidiar y con qué objetivos.