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Aquí seguiremos teniendo el huevo de la serpiente

05 de julio de 2017 a las 12:00 a. m.

Brasil sigue siendo un polvorín de corrupción, toda vez que la Justicia tiene la decisión de ir a fondo con el Lava Jato, caiga quien caiga. No es solo puro voluntarismo sino que además allí cuentan con las herramientas legales para vehiculizar a los arrepentidos hacia desentrañar la trama de los affaires que se ventilan. Se trata de dos normas clave con que no contamos en la Argentina, lo que nos deja a manos de la buena voluntad de algunos honestos que traccionan para que no quede todo en la nada pero que se toman con tecnicismos judiciales y un gran corporativismo político para que finalmente nadie vaya preso y la plata no aparezca.

Tras la denuncia contra el presidente Michel Temer, la Policía Federal detuvo en Salvador al exministro Geddel Vieira Lima, uno de los más estrechos aliados del mandatario, acusado de intentar obstruir la investigación de irregularidades en la Caixa Económica Federal.

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Vieira Lima, una de las figuras de más peso dentro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, fue vicepresidente de la Caixa entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Dilma Rousseff. Los escándalos demuestran que en Brasil no hay protección para nadie y esto es lo que posiblemente más asuste a nuestra clase política y empresaria, que si la Justicia comienza a trabajar con libertad y herramientas legales apropiadas, todos queden en medio de un lodo que se les pegue.

Temer es el primer presidente brasileño en el ejercicio de su mandato en ser denunciado por corrupción por el escándalo de sobornos del frigorífico JBS, y como hacen los políticos de la mayoría de los países latinoamericanos, pasó al ataque frontal contra el procurador general de la República, Rodrigo Janot, que lo acusa. Temer calificó la demanda como una acción penal que busca “la revancha, la destrucción y la venganza” con pruebas “frágiles y precarias”, fruto de la grabación clandestina de una conversación que mantuvo en marzo con el dueño de JBS, Joesley Batista, antes de que el empresario firmara un acuerdo de delación premiada con la Justicia. Aquel video, del que todos escuchamos el audio, bastó para que uno a uno comenzaran a caer alfiles del poder, además de otros empresarios con similares planteos. Mientras que en nuestro país, donde vimos a implicados contar dinero no declarado en financieras, cajas fuertes ocultas, bolsos revoleados a medianoche en un convento y tantísimas evidencias más, poco se ha podido avanzar. Dos o tres entre cientos están encarcelados pero no son más que chivos expiatorios de otros.  

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En la Argentina lo que prevalece es el status quo. Muy por el contrario de lo que se dice de cara a la gente y los medios, la mayoría de los políticos en funciones no quiere que se llegue al meollo de la corrupción. Habilitar en nuestro país normas como la delación premiada para que el arrepentido hable a cambio de una exoneración sería para la dirigencia el principio del fin. Primero, porque muchos quedarían involucrados: hay gente que hace decenas de años que vive de la “teta” del Estado y se ha mimetizado con prácticas anquilosadas como el cohecho y el sobreprecio. Hasta el que llega honrado se degenera porque estas cuestiones son parte misma de la actividad y hace a su sueldo. Hemos planteado en más de una ocasión que algunos sueldos en el Estado son bajos en relación a la responsabilidad y el lucro cesante, lo que hace poco atractivo a personas exitosas de la sociedad el involucrarse para brindar sus conocimientos al sector público. Así aparecen estas “zanahorias” de meterse en la política porque los sueldos, aunque bajos, vienen de la mano de grandes negocios. Y un segundo motivo de la negación a estas leyes es que, además de caer los actuales, se desactivan las posibilidades a futuro.

Es así como oficialistas y opositores mantienen un status quo para evitar que cayendo unos, luego terminen arrastrando a otros. Y al fin, terminemos como en Brasil con toda la clase política enchastrada. Por eso, la ley de delación premiada va a paso de tortuga y posiblemente no salga del Senado, cuando en realidad, si los políticos obraran según lo que dicen para las cámaras, tendría que tener aprobaciones unánimes. ¿Quieren nuestros políticos, realmente, combatir la corrupción? Eso es lo que dicen pero no lo que demuestran con sus actos.

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Mientras la Justicia se mueve al ritmo de los intereses políticos, en el Parlamento duermen los proyectos de delación premiada, de devolución de los activos robados, responsabilidad empresaria en corrupción, todo aquello que pueda acelerar procesos judiciales y descorrer los telones de tanto desaguisado que hubo en nuestro país y que involucran a dirigentes de toda laya junto a empresarios y proveedores del Estado. 

La realidad es que todos los factores del poder en la Argentina se niegan a que tengamos herramientas normativas porque tienen más que claro el ejemplo brasilero en el sentido que cuando se agarra uno de los hilos de la corrupción y se tira todo el entramado comienza a desarmarse. 

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Veremos si alguno de los candidatos a senadores y diputados de la Nación habla, entre sus propuestas, ir a fondo con la sanción de estas leyes. Sería una grata sorpresa pero nos reservamos el derecho a la duda. 

 

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Es lamentable tener frente a nuestros ojos esta suerte de persecución selectiva y escasa de la corrupción, porque es claro que terminaremos en nada concreto y el huevo de la serpiente sigue quedando enquistado en nuestra sociedad.

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