Aquel diciembre y este diciembre

Hace muchos años que diciembre dejó de ser solo el mes de los egresos escolares, de las compras navideñas y de la planificación de las vacaciones de verano. Siempre el país supo bien de cimbronazos y de cómo salir a flote de esos terremotos de inestabilidad. Aunque la realidad indica que los sucesivos temblores dejan cada vez más heridos y tullidos de toda oportunidad, solo sostenidos por el Estado que, con un énfasis persistente, hace poco por revertir esa situación, acumula ya generaciones de argentinos dependientes de la asistencia social.

El surrealismo de la economía y de la política Argentina, con sus variados tipos de cambio y su inflación (que a esta altura de la historia es el entenado desprolijo y exagerado que molesta a diario pero que ya nos hizo callo) se empeña en quitarle el ánimo festivo al último mes del año. Es que asociamos estos días a una de las crisis más agudas de la historia argentina. No solo porque es la más reciente en el tiempo sino por la combinación de factores que llevaron a generarla: débil poder presidencial, agotamiento de la convertibilidad, crisis de deuda y descontento social. 

Corralito, corralón, estado de sitio, renuncia, Asamblea Legislativa, manifestaciones, cacerolazos, "qué se vayan todos", feriado cambiario, bancos, devaluación, uno a uno, pesificación asimétrica, "el que depositó dólares recibirá dólares", abismo, debacle, caída, gobernadores, Alianza, golpe institucional, FMI, Argentina caso testigo. Frases, adjetivos, instituciones que nos remontan a días que conmovieron al país. 

Dos décadas después, en términos económicos y sociales, la Argentina no avanzó. Solo retrocedió y en el mejor de los casos, quedó estancada. Sin un patrón de crecimiento orientador que evidencia la carencia de una hoja de ruta que nos oriente en la manera de llegar hacia un tipo de país deseable y cómo querríamos que éste produzca y se organice. Cómo viviríamos en él y, fundamentalmente, imaginar cómo lo seguirán haciendo las generaciones que nos sucedan, también son piezas imprescindibles de esa orientación ausente. 

El diciembre actual, a la espera de un acuerdo con el FMI y con la incertidumbre congénita de la vida económica argentina, debería llevarnos a reflexionar sobre qué hemos hecho desde aquel fin de 2001 para superar el mareante péndulo nacional. Una manera de colaborar con esa necesaria meditación es apoyar ideas y conceptos con cifras e índices, que abarquen ciclos largos y no breves, siempre asociados a caídas, rebotes o despegues. 

Lo breve es engañoso, porque oculta la dinámica real de las cosas y no permite ver con más precisión el desenvolvimiento económico y social de un país. Este mes, como escribíamos al comienzo de este comentario editorial, trae al presente recuerdos de unas jornadas críticas que fueron resultado de una sumatoria de decisiones, vaivenes, contradicciones, impaciencias, intolerancias y ausencia de acuerdos básicos que la sociedad produjo y no supo resolver a tiempo, dominada por la coyuntura.

Pero incluso, en la peor de las circunstancias hay espacio para cierto optimismo moderado. La crisis del año 2001, en su dimensión política, se resolvió institucionalmente. Es decir, de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución Argentina. Solo un rápido vistazo al Siglo XX ensombrecido por golpes de Estado, planteos militares, proscripciones, violencia política y terrorismo del Estado, permite ver en perspectiva y medir adecuadamente lo ocurrido en términos institucionales en aquel fin de año. 

Incluso, con sus opacidades, lo ocurrido fue un avance notable en relación a un pasado repleto de discordias y salidas por fuera del estado de derecho.

Sin embargo, diciembre regresó y con él la memoria de sinsabores que se empeñan en no dejarnos de acechar.   

Aunque han pasado 20 años, para los argentinos la crisis de 2001 sigue siendo un recuerdo muy fresco, más aun en estos últimos tres años en los que se vivió un nuevo período de recesión económica y devaluación del peso, agravados por la pandemia.

Si bien en 2021 Argentina ha vuelto a crecer -el Gobierno estima que el PBI aumentará un 10 por ciento este año, recuperando el 10% que cayó en 2020- algunos barómetros económicos son peores que hace dos décadas.

Uno es la inflación, que hoy asciende al 52 por ciento interanual. En 2001 no había; de hecho, había lo contrario: una deflación de -1,1 por ciento, por la convertibilidad y la caída en la 

Otro índice que hoy está peor que cuando estalló la crisis es el de la pobreza, que en la actualidad afecta a entre el 42 por ciento y la mitad de la población, según diversas mediciones oficiales. A finales de 2001 era un poco superior al 35 por ciento.

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) estima que más de 40.000 Pymes cerraron sus puertas debido a los efectos del coronavirus y la prolongada cuarentena ordenada por el gobierno de Alberto Fernández. Eso es el doble de las que cerraron durante el período 2001-2002.

Y a todo esto se suma una nueva crisis de deuda, gracias a un gigante préstamo acordado con el FMI por el anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que, de no llegar a reestructurarse antes de marzo de 2022, podría llevar a Argentina a su décimo default de la historia. Argentina había saldado su deuda con el FMI en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero tras el préstamo de Macri hoy es el principal acreedor del organismo.

Pero a pesar de todo esto, no ha habido otro estallido ni corridas bancarias, y tampoco existe la percepción de que Argentina esté al borde de una debacle similar a la de comienzos de siglo.

Por un lado, porque hoy hay más estabilidad política: aunque a muchos les preocupan las crecientes tensiones en el seno de la coalición gobernante entre el presidente Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo cierto es que en la actualidad no se vislumbra una crisis institucional.

Tampoco está el corsé económico de la convertibilidad, con su tipo de cambio fijo.

Pero además, el país ha hecho algunas modificaciones que harían más improbable que se repitan los sucesos más traumáticos de la historia reciente argentina.

Tres cambios, aunque de vidriosa calidad institucional, han demostrado ser clave para que las sucesivas y perennes crisis económicas con que vivimos los argentinos no hayan terminado en un colapso social e institucional. En 2001 los bancos argentinos tenían muy pocas limitaciones a la hora de prestar dólares; los préstamos en moneda estadounidense equivalían a cerca del 80 por ciento de los depósitos en esa moneda. Por eso, cuando los ahorristas quisieron retirar su dinero, las instituciones financieras simplemente no tenían los fondos necesarios para hacer frente a esa demanda. Tras la crisis se impusieron fuertes limitaciones a los préstamos en dólares que hicieron que hoy el sistema financiero en esa moneda sea mucho más sólido de lo que era hace dos décadas. En 2002 se sancionó una ley que obliga a contar con un respaldo de reservas en dólares en el Banco Central para poder prestar esa moneda. Además los bancos solo pueden prestar dólares a quienes generen ingresos en esa moneda (principalmente los exportadores). La consecuencia es que hoy los préstamos representan apenas el 20 por ciento del total de los depósitos en moneda estadounidense, por lo que el 80 por ciento está disponible para retiros. Por otra parte, actualmente el gobierno mantiene muchos más controles sobre el acceso al preciado billete verde. En realidad, los últimos tres gobiernos aplicaron cepos y "súpercepos" al acceso de dólares. No obstante, incluso con cepos cada vez más fuertes, Argentina hoy está alcanzando niveles de reservas preocupantemente bajos.

Otro cambio respecto de 2001 es que los ahorros son ahora "a prueba de "corralitos". Más allá de estas limitaciones a los bancos, muchos argentinos siguen optando por el viejo método de guardar el dinero bajo el colchón o escondidos en sus casas. Pero a su vez, el miedo a un asalto ha llevado a un gran número a volver a los bancos, pero de una manera más "segura" para ellos: en vez de depositar sus dólares en cuentas bancarias, los ponen en cajas de seguridad que ofrecen esas mismas instituciones financieras.

Por último, otra diferencia 20 años después es la red de asistencia social. Más allá de lo financiero, la crisis de 2001 también llevó a la creación de una red de contención económica para los sectores más vulnerables, que -por lo menos por ahora- ha logrado evitar nuevos estallidos y saqueos como los de 2001, a pesar de que la pobreza actual es aun mayor que entonces.

Antes de 2001 solo existían unos pocos programas de asistencia económica estatal, pero tras la debacle se fueron ampliando los planes sociales.

Los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y de Néstor Kirchner (2003-2007) crearon programas de transferencias de dinero a cambio de contraprestaciones para quienes no tenían trabajo.

A pesar de que Argentina empezó a recuperarse económicamente en esos períodos, logrando generar más ingresos que gastos -o superávit fiscal- por primera vez en medio siglo y eventualmente reduciendo la pobreza en más de 30 puntos, el kirchnerismo mantuvo el asistencialismo e incluso lo amplió.

Así fue que estas ayudas hicieron que el gasto estatal volviera a superar los ingresos generando un déficit fiscal crónico que solo se ha tratado malamente de remediar con mayor emisión monetaria, lo que potencia la inflación.

Cierto es que los sectores más vulnerables han estado más protegidos, lo que resultó especialmente importante durante la pandemia. También gracias a la asistencia social, la pobreza ha aumentado menos que hace 20 años, a pesar de que la caída de la economía fue similar.

No obstante la oportunidad de su uso, está ocurriendo con los planes lo mismo que con la convertibilidad: han dejado de ser una herramienta para convertirse en una política de Estado que es insostenible económicamente.

Algo no se está haciendo correctamente cuando la creación de empleo privado se ha mantenido estancada en estas dos décadas, mientras que la ayuda estatal se ha multiplicado por 11. En 2002 eran 2 millones los argentinos que recibían esta asistencia. Hoy son 22 millones -casi el 50 por ciento de la población- los beneficiarios de alguno de los 141 programas de asistencia que tiene el Estado, según los datos de diversos organismos dedicados al tema.

En tanto, hay unos 12 millones de trabajadores registrados pero solo el 49 por ciento (unos 6 millones) son asalariados privados.

Es decir que dos tercios de la población viven directamente del Estado.

Esto significa que por cada persona que trabaja en blanco en el sector privado, contribuyendo con sus impuestos a financiar al Estado, hay más de tres personas que dependen de los beneficios estatales para sobrevivir. Inviable. Tanto o más que la Argentina de aquel diciembre. Que no tengamos que pasar por otro 2001 para hacer por colapso los cambios que este país necesita.