Ante el escándalo de López, el silencio no es buen camino para la Iglesia

A

yer la Justicia volvió a recorrer el monasterio, o convento, o lo que finalmente sea el espacio donde José López revoleó los bolsos con nueve millones dólares provenientes de la corrupción.

La situación generó un fenomenal impacto político en general y sobre todo en el kirchnerismo que comenzó su definitiva disgregación, como se ha analizado en otras oportunidades.

Pero el costado que también quedó expuesto en este caso es el de la Iglesia Argentina, toda vez que el fallecido monseñor Di Monte era el responsable de este sitio, donde vivía y tenía pensado para su descanso definitivo.

A partir de que se conoció el hecho, y luego de la sorpresa inicial y el desagrado que produjo, comenzaron a salir a la luz las relaciones del exobispo con la política y específicamente con el gobierno K, con Julio de Vido, con Alicia Kirchner y con José López, quienes efectuaron importantes donaciones al convento de monjas orantes y penitentes. Hay fotos que así lo corroboran y la situación consta en el expediente judicial que se ha iniciado. Al mismo tiempo se comienza a destejer una trama que indicaría que el sitio podría haber sido utilizado para esconder dinero de la corrupción en la obra pública.

Ante el silencio inicial de la Iglesia, los comunicadores averiguaban lo que podían al respecto y así se dijo que el convento o monasterio no era un sitio religioso oficial sino privado, que las hermanas que allí residían no eran monjas en realidad, sino laicas consagradas, aunque utilicen el hábito. La realidad es que lo que circula puede o no ser cierto, ya que son las autoridades eclesiásticas las que deben poner luz en este oscuro asunto. Y en todo este tiempo, en el cual la voz oficial de la Iglesia estuvo ausente, las versiones cruzadas que se daban a conocer flaco favor le hacen y, en muchos casos, terminan por lastimar a quienes tienen sano sentimiento cristiano.

Una noticia aparecida ayer, da cuenta de que en forma paralela a la causa judicial, la Iglesia inició su propia investigación para determinar si existió algún delito en el escándalo del convento de General Rodríguez. Es una reacción positiva, porque este tema, más allá de lo que realice la Justicia, no puede quedar así en términos religiosos.

“La investigación se realizará lo antes posible, de modo de tomar las medidas pertinentes que dispone el Derecho”, anunció el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani (sucesor de Di Monte), al informar que la tarea estará a cargo del sacerdote de la comunidad palotina Tom O’Donnell, asistido por el rector de la Basílica de Luján, padre Daniel Blanchoud, como notario.

Radrizzani dispuso investigar qué pasó en el convento tras una fuerte advertencia del presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, respecto a que no se puede encubrir a quién ha cometido delitos.

La decisión de iniciar el proceso en la Iglesia se basa en el apartado 1.717 del Código de Derecho Canónico, que obliga al obispo a investigar con cautela siempre que “tenga noticia, al verosímil, de un delito”. Y en este caso está la noticia y es claramente verosímil, porque lo sucedido con López no deja lugar a la duda razonable siquiera.

En el obispado afirman que son conscientes que las monjas o laicas consagradas han quedado fuertemente sospechadas de haber encubierto a corruptos del anterior gobierno, lo que obliga a que se deba investigar y dejar a la Iglesia en el sitio que corresponde, sin ocultar lo que miembros infieles, si lo son, hayan hecho.

De origen irlandés, O’Donnell -el investigador canónico- tiene 64 años y es párroco de la iglesia de San Patricio, de Mercedes, que pertenece a los padres palotinos. Si bien trabaja desde hace diez años en la jurisdicción, no tiene una dependencia directa del arzobispo. Como integrante de una congregación religiosa, sus superiores son las autoridades de la comunidad palotina. El sacerdote ya tiene en sus manos los antecedentes de la comunidad de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, creada por el fallecido Rubén Héctor di Monte. Y cuenta con los aspectos salientes del expediente, incluso el video donde aparece una monja ayudando a ingresar al edificio los bolsos con dinero.

Es de advertir que la apertura de procesos de investigación en la Iglesia siempre está regulada por el Código de Derecho Canónico y está prevista para casos de mala administración, mal desempeño e incluso cuestiones netamente eclesiásticas, como la violación del derecho de confesión.

Es la primera investigación en la arquidiócesis de Mercedes-Luján, pero se han abierto investigaciones en otras jurisdicciones, por ejemplo, en casos de denuncias de abusos sexuales por parte de clérigos, como sucedió en Salta y en Catamarca.

Incluso, en algunos casos puede participar la misma Santa Sede, interviniendo una diócesis, por ejemplo. El Papa Francisco envió “misiones fraternas” -un nombre más amables para una intervención- a la arquidiócesis de Rosario, donde en mayo de 2014 fue relevado monseñor José Luis Mollaghan, y a la diócesis de Zárate-Campana, cuyo obispo titular era, Oscar Sarlinga, ante la sospecha de algún delito.

El proceso está contemplado en los artículos 1.717, 1.718 y 1.719 del Código de Derecho Canónico. El primero fija los pasos de la investigación previa, que es la que se aplicará ahora en el caso del monasterio. Si se comprueba la existencia de un delito, se desarrolla la segunda fase, con la acusación, la presentación de pruebas y el derecho de defensa. El acusado no tiene la obligación de confesar el delito ni se le puede pedir juramento. La sentencia se puede apelar y la parte perjudicada puede reclamar una acción de resarcimiento de daños si resulta inocente. En este sentido el derecho canónico se parece al derecho penal tal como lo conocemos. Lo que cambia es el tipo de penas que se pueden aplicar y que van desde la excomunión y la suspensión hasta la prohibición de residir en determinado lugar o ejercer algunos actos hasta la expulsión del estado clerical. En casos menos graves, se faculta al obispo a amonestar, reprender o establecer una penitencia, como hacer una obra de religión, de piedad o de caridad. Lo cierto es que la situación desatada ante el delito in fraganti de José López en el convento, ha movilizado no sólo a la Justicia sino a la Iglesia y más allá de que es positivo que hayan iniciado una investigación, sería saludable que dieran algunas explicaciones concretas, sobre todo, a la comunidad cristiana argentina, respecto a la situación que ocupan dentro de la estructura católica este tipo de espacios y sobre quienes allí se desempeñan. Porque en casos como el que tenemos a la vista, el silencio es el peor camino, ya que da lugar a una serie de elucubraciones que, ciertas o no, manchan a una institución en la cual los creyentes volcamos nuestra confianza.