Allanaron dependencias de la Comuna por un conflicto judicial con una empresa

El conflicto judicial entre la Municipalidad y una empresa productora de huevos tuvo un nuevo capítulo, a raíz de un allanamiento que se desarrolló en dependencias municipales con el objetivo de secuestrar información de utilidad para la investigación del caso.

El procedimiento se realizó en horas de la mañana de ayer en el edificio de Avenida de Mayo y Doctor Alem donde funcionan las oficias del 108 Alerta Pergamino.

La semana pasada el fiscal Juan Andrés Gracia imputó al secretario gene-ral del Municipio, Carlos Elizalde, y el subsecretario de Seguridad, Federico Beltrán, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondo y citó a ambos a prestar declaración.

Los funcionarios fueron denunciados por que en el marco de la disputa legal -que llegó hasta la inhabilitación de la planta- se instruyó a un móvil de la Patrulla Urbana a permanecer en el acceso al establecimiento de la empresa Sarape S.A., ubicado sobre el kilómetro 11 de la ruta Nº 178.

Precisamente los allanamientos realizados ayer en dependencias municipales estarían orientados a dar con el material que consta en las actas en busca de pruebas.

La causa

El conflicto entre el Municipio y la firma Sarape S.A. empezó en 2012 y los referentes de la firma alegaron oportunamente que tiene correlato con el emplazamiento de un emprendimiento inmobiliario en la misma zona en que está instalado el establecimiento productivo. Señalaron que la inversión inmobiliaria pertenece a la sociedad Marel Desarrollos Inmobiliarios S. A., cuyo titular es Martín Elustondo. Los titulares de la avícola argumentaron que hay una relación entre este empresario y autoridades municipales.

Cuando empezó el caso, el entonces intendente Héctor Gutiérrez dispuso la clausura parcial de la planta por considerar que no cumplía con ciertas pautas para su normal funcionamiento.

En abril de 2014, el intendente Omar Pacini ordenó el desalojo en el término de 10 días de las aves que estaban en uno de los galpones y dispuso la clausura de otros bajo apercibimiento de decomiso.

En noviembre de 2014, Pacini ordenó el decomiso de las aves existentes en el galpón Nº 1 de la empresa mencionada y en febrero de 2015, ordenó el decomiso de las aves existentes en los galpones 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Según determinó el fiscal, “con posterioridad a la medida ordenada por Elizalde de apostar una patrulla en el acceso al establecimiento, Pacini revocó la habilitación otorgada a Sarape S.A”.

A su vez, los damnificados solicitaron al Juzgado Contencioso Administrativo Departamental que disponga como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo a lo que el juez Luciano Savignano, el 5 de febrero de 2015, resolvió, con carácter precautelar, que la Municipalidad de Pergamino se abstenga de poner en ejecución el acto administrativo impugnado, hasta tanto se dicte la medida cautelar disponiendo la celebración de una audiencia con todas las partes fijada para el día 15 de marzo de 2015. No obstante ello, el 9 de marzo de 2015, Savignano se excusó para seguir entendiendo en la causa, razón por la cual se encuentra actualmente radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín.

Imputaciones

Por lo expuesto, para el fiscal Juan Andrés Gracia, “Elizalde dictó resoluciones contrarias a la ley, abusando de su función, al ordenar el apostamiento de móviles pertenecientes a la Patrulla Urbana municipal, para controlar la entrada y salida de camiones de la empresa Sarape S.A., violando de esta manera las resoluciones dictadas por el intendente municipal en los distintos expedientes administrativos, como así, el decreto que crea el servicio de Patrulla Urbana, cuya función específica es el patrullaje preventivo, de acuerdo al mapa del delito, como así también tareas relacionadas con el tránsito, inspecciones, procedimientos y controles, siendo conducido para estas operaciones con agentes municipales únicamente y todo en el marco de la prevención de delitos, circunstancia esta que no se da en el caso particular”.

En lo que respecta a Beltrán, en su carácter de subsecretario de Seguridad del Municipio, a cargo de las patrullas urbanas municipales, y en ejercicio de sus funciones, al disponer los móviles de la Patrulla Urbana para controlar la entrada y salida de camiones de la empresa en cuestión, según la Fiscalía “ violó la ley, incumplió con sus funciones y abusó del cargo, al darle un destino diferente para el que están dispuestas legalmente, e incluso con personal policial, circunstancia esta prohibida por el decreto de creación de las mismas”.

Por consiguiente, para el fiscal “existen elementos suficientes e indicios vehementes para sostener que la conducta desplegada por Carlos Elizalde y Federico Beltrán, importa ‘prima facie’ la comisión de los delitos” que se les endilgan.

Por eso los citó para que presten declaración el 8 de junio a Elizalde y dos días después a Beltrán.

Cabe señalar que estos pasos judiciales que se detallan corresponden a la causa que se instruye en torno a la afectación indebida de la patrulla municipal. Por otro lado cursa la cuestión de la viabilidad ambiental y la revocación de la habilitación de la firma Sarape, que opera en ese lugar desde hace más de 30 años.

Malestar

La noticia sobre la imputación a Elizalde y Beltrán apareció en la mañana del viernes en el portal digital Diario Pergamino. Esa misma mañana, el fiscal que atiende la causa, aseguró a Radio Uno que esa especie no era real, pero horas después firmó la resolución y notificó a los imputados.

En el Municipio cayó muy mal esa situación y el intendente se quejó de una “grave filtración de información”, porque los medios manejaban el dato antes de que lo firme el fiscal y que se anoticien los propios acusados.