¿Algún día será posible una administración federal?

Uno de los cambios más visibles que Macri estableció desde que asumió es el establecimiento de un nuevo vínculo con las provincias.  Sin distinciones partidarias, reabrió el diálogo con los gobernadores, tras años de estar signado por la obediencia debida a la administración central.

Tras esta lógica de relación, el solo gesto de reunirse con todos los mandatarios provinciales es un avance político en sí mismo. Venimos de 12 años de “látigo y chequera”, como bautizaron los propios gobernadores al sistema utilizado por la administración K para alinearlos. De este modo se reforzaba con fondos a las provincias amigas, mientras otras como Córdoba o San Luis, o la propia Buenos Aires cuando había cortocircuito con Scioli, eran castigadas sin recibir ningún beneficio.

De este modo y no de otro, aparecieron hasta las gobernaciones de radicales K: eran provincias que hacían acuerdos políticos con el Gobierno nacional porque estaban económicamente asfixiadas y no encontraban otro camino que besar el anillo del morador de la Casa Rosada para recibir fondos.

Apenas asumió Macri comenzaron a generarse reuniones con los mandatarios provinciales, incluida Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner. Las pautas habían cambiado.

Y en este contexto es que se realizó ayer un amplio encuentro para acordar con los gobernadores las pautas para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019.

La realidad con que se encontraron en las provincias es muy dura, las proyecciones de las cuentas provinciales indican que el déficit fiscal, en total, llegó a los 95.000 millones de pesos en 2015. Si esto no se comienza a corregir, habrá zonas francamente inviables en la Argentina.

Para este acuerdo Macri tiene como puntas de lanza al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay y al ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.

Un punto aparte merece nuestra provincia de Buenos Aires ya que en números oficiales la gestión de Daniel Scioli, dejó un desequilibrio de 21.500 millones de pesos.

La realidad es que el territorio bonaerense, aun bien administrado, necesita de un incremento en la coparticipación, teniendo en cuenta que es la provincia que más aporta al Tesoro Nacional y la que en proporción menos recibe por habitante. Para ser claros: cada provincia recibe por año 20.000 pesos por cada habitante mientras que la de Buenos Aires recibe solo 5.000. ¿Es que no somos tan argentinos como el resto?

Es un tema que se viene arrastrando de largo tiempo, ya que a la provincia se le quitaron puntos de coparticipación en épocas del gobernador Alejandro Armendariz en la década del 80 y nunca más se lograron recuperar sobre todo porque el resto de las provincias se opone a que se vuelva a modificar la Ley de Coparticipación.

Durante el gobierno de Carlos Menem se creó el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, como modo de morigerar la situación económica provincial. Sin embargo no era un acuerdo por la coparticipación sino un beneficio otorgado por fuera de la normativa y por lo tanto dependía de la voluntad de los presidentes de turno. Y así fue que en el último lustro Cristina Kirchner no lo otorgó. Prefirió dar dinero directamente a los llamados “barones” del Conurbano, para que lo utilizaran discrecionalmente, no estratégicamente como se entiende que lo haría un jefe provincial, distribuyéndolo de acuerdo a prioridades y urgencias en cada distrito. De este modo, siguiendo la lógica aplicada con los gobernadores, los municipios del Gran Buenos Aires administrados por dirigentes K recibían y los otros no. 

Precisamente ayer, antes de la reunión de todos los mandatarios provinciales en la Casa Rosada, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,  María Eugenia Vidal, presentó en la Corte Suprema una demanda al Estado nacional para recuperar la totalidad del Fondo del Conurbano Bonaerense y el retroactivo de los últimos cinco años. La realidad es que Cristina Kirchner retaceaba fondos a Scioli y se los otorgaba cuando la provincia tenía la soga al cuello, como un modo de disciplinar al mandatario.

También exigió que Buenos Aires sea incluida en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, que se forma con el 4 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias y se reparte entre el resto de las provincias, menos Buenos Aires.

La demanda podría alcanzar los 300 mil millones de pesos, que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos que la provincia no recibió del Fondo del Conurbano en los últimos cinco años (unos 250 mil millones de pesos de 2011 a 2015) por el tope de 650 millones que rige desde 1996, más los 48 mil millones de pesos que este año significará el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, con el que se constituye ese fondo.

Volviendo a la reunión de los gobernadores en la Casa Rosada, Frigerio y Prat Gay firmaron con los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo. Además, activarán los convenios de devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Anses les retiene a las provincias desde 1992.

Este pago por la coparticipación comenzará a restablecerse este año con la devolución de 3 puntos de ese 15 por ciento, lo cual significa un total 12.386 millones de pesos, repartidos entre los 24 estados federales.

Además, la Nación les dará a todas las provincias un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses equivalente a 6 puntos de ese 15 por ciento, lo que totaliza unos 24.771 millones de pesos, que tendrán una tasa subsidiada de 15 por ciento anual. La realidad es que las provincias podrían hoy tener casi un equilibrio fiscal si la Anses no le detrajera ese porcentaje que les sustrajo en la coparticipación en 1992.

La propuesta de acuerdo que llevaron Frigerio y Prat Gay a las provincias consiste en tomar pautas de gastos, ingresos e inversión en obra pública que impliquen un esfuerzo de austeridad para sanear las economías provinciales y quitarles dependencia de la Nación.

Hay una impronta claramente federal en esta propuesta del macrismo, además de evitar que los gobernadores deban peregrinar como mendigos, como sucedió durante el kirchnerismo, para poder equilibrar sus presupuestos.