Abogados penalistas coinciden en la necesidad de una reforma del Código

A esta cuestión debe sumarse el contexto particular en el que emerge la discusión pública del anteproyecto, ya que no puede desconocerse que se da en un marco en que el problema de la “inseguridad” y el reclamo de políticas más rígidas en relación al problema de la delincuencia, que condicionan el clima de discusión institucional de una iniciativa de ese tenor que debe trascender a cualquier coyuntura.

Tras un siglo desde la sanción del actual Código Penal, su reforma exige profundidad y una visión integral del contexto social y político reinante.

Mientras se espera que el Congreso inicie el debate del anteproyecto para la reforma, el cual fue elaborado por una comisión integrada por funcionarios, jueces, y legisladores, siguen las discrepancias entre quienes defienden y los que rechazan algunas de las premisas planteadas en la iniciativa y generan diferentes posiciones en la comunidad.

No se desconoce en este informe que estamos ante un boceto, distante en tiempo y forma de una sanción definitiva. Sin embargo, tal vez “globo de ensayo” o termómetro del Gobierno, al trascender a la sociedad es inevitable que se surjan opiniones respecto de lo que se perfila. 

Para elaborar este informe sobre lo que hasta ahora se conoce del anteproyecto, LA OPINION consultó a los abogados penalistas locales Rodolfo Migliaro, Aquilino Giacomelli y Maximiliano Brajer. Con un cuestionario común, los especialistas respondieron sobre aspectos centrales del debate y brindaron su opinión respecto de la posible reforma del Código, el momento sociopolítico en el que se presenta, los cambios que traería aparejado, el debate previo a la Legislatura y la relación entre las condiciones de inseguridad y actual sistema penal.

Los profesionales del derecho mostraron una posición similar en cuanto a la necesidad de reformar el Código y en que la misma resulta impostergable. También coincidieron en que los graves problemas de inseguridad que atraviesa la sociedad argentina no son productos de fallas o grietas en el actual sistema penal sino más bien de cuestiones sociales, económicas y culturales.

La opinión de los reconocidos penalistas es también muy cercana en cuanto a que el proyecto ha sido preparado y presentado por la comisión y que el debate debe profundizarse una vez que este proyecto ingrese al Congreso. Sostienen que el anteproyecto es un texto elaborado por doctrinarios para ser debatido.

Demasiadas garantías

El debate en torno al anteproyecto de modificación se da en una coyuntura de crisis en el sistema de seguridad y las críticas abundan en torno a la baja sugerida en algunas penas privativas de libertad y otros factores que -a entender de los críticos- son “beneficiosas” para los delincuentes. Esto generó la reacción de una parte de la comunidad que entiende que los delincuentes ya cuentan con demasiadas garantías.

Sobran casos, y algunos muy recientes, de sujetos detenidos en pleno acto delictivo que gozaban del beneficio de prisión domiciliaria o libertad condicional. También es frustrante para la fuerza policial –que pone en riesgo su vida en cada intervención- apresar al mismo sujeto tres veces en el lapso de 10 días, como ocurrió esta semana en nuestra ciudad sin ir más lejos.

Bajo la carátula de encubrimiento son detenidos frecuentemente muchos jóvenes que se movilizan en motos robadas y si bien algunos de ellos están directamente vinculados a la sustracción de los vehículos, mientras se investiga su participación, quedan imputados por un delito mucho más leve, que es excarcelable. Por esta causa y otros factores –algunos discrecionales- se llega al punto de liberar a 48 de 54 sujetos detenidos en el lapso de 72 horas, otra realidad de los últimos días en Pergamino.  

Para graficar un poco la impunidad con la que actúan los malvivientes, amparada por el actual Código y la discrecionalidad judicial, cabe señalar que un sujeto que hace aproximadamente 20 días había sido detenido por quebrantar el arresto domiciliario, fue beneficiado nuevamente con esa medida y volvió a incumplirla para seguir delinquiendo.

En el transcurso de febrero también hubo un alto número de aprehensiones de 70 sujetos que en su mayoría recuperaron la libertad pocas horas después del hecho, incluso tratándose de sujetos con antecedentes o detenidos infraganti, imputados en graves delitos.

En el ámbito policial el cuestionamiento recae sobre la Justicia garantista, que concede beneficios incomprensibles para sujetos con antecedentes.

La comunidad, que poco entiende del sistema jurídico, tampoco entiende por qué una persona que está imputada en varios delitos continúa en libertad o con beneficios como el arresto domiciliario. En este sentido cabe señalar que algunos hechos ilícitos fueron cometidos por menores de edad con los que la Justicia es aún más “garantista”.

En función de estas situaciones que se viven hoy es que la sociedad, en general, se rehúsa a incluir más garantías, reducciones de penas o la supresión de la reincidencia.

Si bien es parte de la misma problemática, quedará para otro análisis más profundo y en particular, la situación del Servicio Penitenciario. Porque, ¿cuánto tiene que ver en la “puerta giratoria” la precariedad y escasez de espacios para alojamiento?

Firmas en contra

Si bien se trata de un anteproyecto, correcto desde lo técnico y procedente desde la oportunidad según los especialistas consultados, la recepción en la sociedad es adversa. Cabe aclarar que la gente sólo ha accedido a los aspectos que se consideran a través de los medios, lo cual puede resultar ambiguo y escaso para emitir un juicio de valor. Sin olvidar ese factor, se percibe en la gente un rechazo a la propuesta. 

Políticamente, el massismo en Pergamino ha decidido tomar la bandera del repudio e instaló un puesto en el día de ayer para que se expresaran los pergaminenses que no aprueban que el boceto siga su curso. Allí se podía firmar para impedir el ingreso del boceto al Congreso. Según informaron los militantes, desde horas de la mañana hasta las 19:00 se recolectaron 2.500 firmas en Peatonal y Pueyrredón.  

Migliaro: “La reforma resulta necesaria e implica un avance jurídico que no puede objetarse” 

- ¿Qué posición tienen sobre la posible reforma del Código Penal?

- El anteproyecto de reforma al Código Penal resulta ser un cuerpo normativo que pretende modificar el código vigente respetando muchas disposiciones de éste, intentando adecuar el mismo para dar respuesta a problemas interpretativos, incluyendo nuevos delitos, disponiendo alternativas de reemplazo a las penas de prisión de manera novedosa. Técnicamente ha sido muy bien instrumentado y, si bien resulta necesaria la modificación al actual Código Penal, los cambios que proponen los integrantes de la comisión que elaboraron el anteproyecto han despertado fuertes críticas, muchas de ellas absurdas y sin contenido. La reforma que postula el Gobierno resulta necesaria e implica un avance jurídico que no puede objetarse.

- ¿Considera que es el momento social-político adecuado para implementarla?

- No existe un momento social-político adecuado o inadecuado para proponer una reforma al Código Penal, la misma trasciende en el tiempo al gobierno de turno, pero la presentación de la reforma en sociedad ha generado en los grupos políticos opositores al gobierno una oportunidad ideal para “medir fuerzas” criticando fuertemente la reforma pero no proponiendo ninguna alternativa a la idea que se quiere implementar.

 - ¿Qué cambios sustanciales traería y qué no con respecto al actual Código?

- Existen muchos cambios sustanciales en el anteproyecto de reforma con respecto al código vigente, pudiendo destacarse entre otros la disposición del artículo 19 que en su inciso 2 admite la exención de pena y aplicación de la pena por debajo del mínimo. El juez podrá imponer un monto por debajo del mínimo previsto en la escala conminada, o incluso prescindir de ésta en algunos casos.

En cuanto a la pena de prisión, el anteproyecto establece en el artículo 21 que “consiste en la privación de la libertad ambulatoria del condenado, en establecimientos adecuados destinados al efecto. Tendrán una duración mínima de seis meses y máxima de 30 años”. Asimismo, en el artículo 22 de la reforma se ha producido una innovación que debe ser debidamente dimensionada, este artículo establece penas alternativas a la de prisión como obligación de residencia y prohibición de residencia y tránsito.

- ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que se presenta el caso y si considera que debe profundizarse el debate antes de ingresar a la Legislatura?

- El proyecto ha sido debidamente preparado y presentado por la Comisión que lo redactó, todos los interesados han sido debidamente informados, entendiendo que debe pasar al Congreso para su tratamiento.

- ¿Cree que los problemas de inseguridad son producto de fallas o grietas en el actual sistema penal?

- No son productos de fallas o grietas en el actual sistema penal; los factores que pueden señalarse como provocadores de la inseguridad resultan ser la difícil situación socioeconómica por la que atraviesan millones de personas, la desaparición de la familia nuclear clásica que educaba y contenía a sus integrantes, el impresionante avance del consumo de estupefacientes en todas las escalas sociales, la falta de trabajo y de educación han obrado como un cóctel explosivo cuyas consecuencias estamos viendo y soportando.

Giacomelli: “Los problemas de inseguridad no son producto de fallas o grietas del actual sistema penal” 

- ¿Qué posición tienen sobre la posible reforma del código penal?

- Habiendo procedido a la lectura y análisis del proyecto de reforma del Código Penal Argentino, entiendo, como técnico del derecho penal, que la misma resulta viable, en virtud que se notan diversos artículos que hacen a la reparación de la víctima que sufre un delito.

Hoy en día una persona que resulta víctima del delito, en contados casos posee reparación ante el evento dañoso que ha sufrido y lo único que obtiene, en supuestos de condena, es que la persona que cometió el delito, como se dice vulgarmente “pague” estando privado de la libertad, y sabido es que, por el estado en que se encuentran las unidades carcelarias, por las falencias del sistema de reinserción social, que es lo que se busca al mantener privada de la libertad a una persona, hacen que no tenga buenos resultados y por ese motivo en diversos casos se advierte que las personas que egresan de unidades carcelarias, al poco tiempo vuelven a cometer delito.

- ¿Considera que es el momento social-político adecuado para implementarla?

- Como técnico del derecho entiendo que sí, ya que se debe efectuar la misma para corregir las falencias citadas precedentemente.

Como ciudadano podría decir lo contrario, ya que en la actualidad, estamos ante una acrecentada del delito. En nuestro medio entiendo que los hechos no son de tanta gravedad y violencia como se advierte en las grandes urbes de nuestro país, pero sí que se han incrementado hechos con armas de fuego. Se advierte el aumento de hechos sobre mujeres que les sustraen carteras, oportunistas que sustraen objetos de escaso valor o escasas sumas de dinero, no se advierte en este medio tanto delito organizado; pero todo esto lleva a una cierta y verdadera sensación de inseguridad.

- ¿Qué cambios sustanciales traería y qué no con respecto al actual Código?

Algunos de los cambios sustanciales en la reforma es que se bajan algunas penas privativas de libertad de varios delitos; se elimina la prisión perpetua y hoy tenemos un ejemplo en Pergamino. El día viernes el Tribunal Criminal Oral de Pergamino condenó a una persona por homicidio calificado a la pena de prisión perpetua; si se produce la reforma del Código Penal, esta persona podrá pedir revisión, ya que uno de los principios penales es el de aplicación de la Ley Penal más benigna para el procesado, por supuesto contenida en nuestro derecho y la pena a imponérsele oscilaría entre los 10 a 30 años de prisión.

Otros de los cambios son las diversas penas sustitutas a la prisión establecidas en el artículo. De esta manera el imputado está continuamente bajo la tutela de un equipo que controla el cumplimiento de tales medidas, que si así no lo hace, la debe cumplir efectivamente en unidad carcelaria adecuada.

Otro dato receptado de la actual vida social, es una de las causales de inimputabilidad, que establece como nueva legítima defensa la conducta que tuviere lugar en un contexto de violencia doméstica y quien se defiende hubiese sufrido anteriores hechos de violencia.

También varios delitos pasan a ser dependientes de instancia privada, es decir que sin la voluntad expresa de la víctima, el estado no toma intervención.

- ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que se presenta el caso y si considera que debe profundizarse más el debate antes de que llegue a la Legislatura?

- Entiendo que la sociedad en general tome con asombro esta posible reforma del Código. El debate debe profundizarse una vez que este proyecto ingrese al Congreso para que tenga tratamiento, y nuestros representantes, los legisladores, cumplan con su rol. Este solamente es un proyecto de reforma que puede salir como está redactado o con reformas que surjan del debate que lleven a cabo los legisladores, pero en el tema político que tiene que ver con mayoría de representantes para que una ley entre en vigencia, no emito opinión, ya que eso no es técnico jurídico.

- ¿Cree que los problemas de inseguridad son producto de fallas o grietas en el actual sistema penal?

- Entiendo que los problemas de inseguridad no son producto de fallas o grietas del sistema penal sino que tienen otro trasfondo que es el cultural y, por sobre todo, el social. Mucho tiene que ver hoy en día en el delito cotidiano, el tema de la drogadicción, muchos de los jóvenes delincuentes si no cometen el delito bajo la influencia de estupefacientes, que no alcanzan a una situación de inimputabilidad, lo hacen con la finalidad de obtener el dinero para poder lograr adquirir los mismos.

Hay que proceder a efectuar un cambio en las políticas sociales, de inclusión, de educación y de trabajo, también hay que efectuar prevención, tanto en la faz policial y de seguridad, como en lo relacionado con la drogadicción.

Brajer: “Un texto de 100 años con 900 reformas y emparches es carente de operatividad” 

- ¿Qué posición tienen sobre la posible reforma del Código?

- Como operador del sistema penal desde hace varios años, no sólo como abogado particular sino como exmiembro del Poder Judicial – nacional y provincial- puedo aseverar que la reforma del Código Penal es un imperativo impostergable. Un texto de 100 años con 900 reformas y emparches es absolutamente carente de operatividad y atentatorio contra la seguridad jurídica. Es imposible saber qué está prohibido y qué no y qué sanción (tipo y monto) apareja.

- ¿Considera que es el momento social-político adecuado para implementarla?

- Es inexorable. La situación actual que se padece no es ajena al texto del Código aunque, es menester aclarar, no resuelve el problema ni remotamente. Antes bien, habría que poner el mismo o incluso mucho más esfuerzo político en resolver las causas y no tanto en como se operan las consecuencias.

-¿Qué cambios sustanciales traería con respecto al actual Código?

- El texto del anteproyecto que tengo en mi poder cuenta con 580 páginas. Sería muy pretencioso de mi parte intentar resumir en un párrafo las reformas que apareja. Sin perjuicio de ello, de lo estudiado, me permito decir que tributa a un cambio paradigmático, toda vez que no sólo se despoja de institutos redondamente inconstitucionales sino que normativiza realidades que vienen ocurriendo en la práctica y que carecen de respaldo jurídico y además tipifica (vuelve punibles) conductas y “desincrimina” otras a la luz de la realidad político criminal de nuestro país.

- ¿Cuál es su opinión sobre la forma en que se presenta el caso y debe profundizarse más el debate antes de llegar a la Legislatura?

- El anteproyecto es precisamente eso: un texto elaborado por doctrinarios del derecho penal que es entregado en mano a los poderes políticos del Estado, Ejecutivo primero y Legislativo después, para que lo debatan. Es la forma que establece la ley de proceder. No encuentro nada reprochable en eso. El problema que advierto es que quienes lo tienen que debatir no tienen demasiados argumentos jurídicos, entonces prefieren cercenar esa posibilidad desde su inicio boicoteando el anteproyecto.

- ¿Cree que los problemas de inseguridad son producto de fallas o grietas en el actual sistema penal?

- El Código actual no es la causa del problema pero sí un ingrediente que es imperioso modificar. El sistema penal no es sólo un texto legal, un Código. Son también la Policía (previniendo, investigando y/o reprimiendo), los operadores judiciales (jueces y fiscales); el Servicio Penitenciario; los organismos nacionales de combate a delitos específicos (Afip; Oficina Anticorrupción; etcétera). Así y todo, tampoco un funcionamiento óptimo de todas estas instancias resolvería el problema. La verdadera solución es un Estado, nacional, provincial y municipal que garantice derechos fundamentales a todos y provea igualdad de bienes, servicios y oportunidades reclamando, obviamente, el esfuerzo de todos los ciudadanos en pos de ello. Es una verdad irrefutable y empíricamente demostrable que el Estado más seguro y con menos índice de criminalidad y delincuencia no es el Estado más represivo, sino el más igualitario.