A igual corrupción, diferentes repuestas

Están pasando difíciles momentos las tres mujeres que dirigen estados en América Latina: Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rouseff en Brasil y Cristina Kirchner en la Argentina, todas mandatarias de centro izquierda y con altas encuestas en cuanto a su imagen, pero que padecen los embates de la corrupción y actualmente están envueltas en serios embrollos debido al proceder de funcionarios cercanos, además de otras situaciones que les dificultan la gestión. 

La presidenta Michelle Bachelet empezó a definir su nuevo gabinete con el objetivo de liderar ella misma la renovación de sus asesores para enfrentar la crisis política que arrastra Chile, producto -entre otras cuestiones- de la serie de escándalos de corrupción en que se han visto involucrados algunos ministros. Y el resonante caso de su nuera, a quien sin mayores requisitos le dieron un crédito de proporciones cuando ella estaba por reasumir como presidenta. Ese fue el inicio de la cadena de destapes que conmovió a la sociedad chilena, que tiene a Bachelet en la mayor estima. Andrónico Luksic, dueño del banco que le prestó dinero a la nuera de Bachelet y que originó el “Nueragate” es a su vez el dueño de canal 13 de Chile donde la presidenta anunció la “limpieza” de su gabinete. 

Como se tomó 72 horas para armar el nuevo esquema de poder, la oposición le saltó al cuello acusándola de falta de liderazgo e irresponsabilidad por dejar al país sin cabezas por tres días.

El único ministro que fue confirmado en su cargo en las primeras 24 horas fue el canciller Heraldo Muñoz, que en ese momento estaba en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el segundo y último alegato de los abogados que defienden a Chile en la demanda de Bolivia para tener salida soberana al mar.

Se habla en La Moneda de seis o siete salidas o traslados. Una de las más probables es la de Rodrigo Peñailillo, jefe de Gabinete y mano derecha de Bachelet. Porque se lo vincula con uno de los casos de boletas emitidas en época de campaña para recaudar dinero de manera indebida, algo que el funcionario negaba y que justificaba como trabajos particulares. No es el único funcionario, aunque sí el de más rango, al que se acusa de tener facturas falsas para justificar actos de campaña y gastos proselitistas.

Todas estas cuestiones se reflejaron en las encuestas, ya que Bachelet de llegar con más del 50 por ciento de aceptación ciudadana se ha ido a menos del 30, con lo cual su gobierno necesitaba urgente oxígeno y de allí los sorpresivos (o no tanto) cambios en el gabinete. Los ministros que deberían renovarse, aparte de Peñailillo, son Ximena Rincón, secretaria general de Gobierno, y Alberto Undurraga, de Obras Públicas, también vinculado a uno de los casos de asesorías para empresas que financiaban ilegalmente campañas.

En Brasil la situación es tensa y compleja; el esperado informe anual de 2014 -publicado con varios meses de retraso- de la mayor empresa pública de América Latina, la petrolera Petrobras, arroja un dato revelador: la corrupción que atravesaba la compañía de arriba a abajo durante más de ocho años le ha costado a la empresa 6.200 millones de reales (1.800 millones de euros o 2.000 millones de dólares). Es la primera vez que los actuales directivos de la compañía cuantifican este inmenso agujero.

¿Cómo se produjo la trama de la corrupción en la que participaron funcionarios y miembros del Partido de los Trabajadores, la mayoría de ellos hoy separados de sus cargos públicos o políticos? Las 27 empresas constructoras involucradas en la trama desviaban un 3 por ciento para sobornos en cada contrato que conseguían con Petrobras. Una maniobra más vieja que la injusticia, dirían nuestros mayores.

El dato de la operatoria lo aportaron los propios exdirectivos acusados de corrupción a cambio de una rebaja de la condena.

Como retribución por las dádivas, estas 27 empresas (muchas de las cuales forman parte de las primeras constructoras del país y cuyos directores también se encuentran implicados) conseguían contratos en la que es la compañía con más necesidades de Brasil, dado que levanta desde refinerías a plantas petrolíferas pasando por carreteras o puertos enteros. Algunos de estos implicados en la trama negra de Petrobras recibieron sentencia. Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento, uno de los nombres clave del esquema y por cuya área pasaron más de la mitad de los contratos fraudulentos, ha sido condenado a siete años de cárcel. Los primeros cuatro años, debido a que testificó ante la Policía a cambio de una rebaja de la pena, los pasará en casa, de la que no podrá salir sin autorización judicial. El resto de la condena la pasará en régimen abierto.

Alberto Yousseff, el experto en lavar dinero y segundo hombre clave de la red corrupta, encargado de servir de intermediario entre las empresas y Costa, también verá su condena, de nueve años, pero irá a la cárcel hasta 2018. Después, gozará de un régimen abierto.

Además de exdirectivos de Petrobras, altos cargos de grandes empresas e intermediarios de tareas confusas, la Policía también detuvo la semana pasada a João Vaccari, que hasta entonces era el tesorero del partido en el Gobierno, de Dilma Rousseff y del expresidente Lula, el PT. La sospecha, sobre la base de los testimonios de los implicados y los delatores, que parte de los sobornos iban a parar a las arcas de varios partidos políticos, entre los que se cuenta el PT, para financiar campañas electorales. La detención de Vaccari significa una variante política del caso Petrobras, que tiene otras muchas: el 7 de marzo la Fiscalía hizo pública una lista de 49 políticos acusados de beneficiarse del dinero de los sobornos de la petrolera. Entre ellos se cuentan el presidente del Congreso, Eduardo Cunha y el del Senado Renan Calheiros, ambos de un partido aliado del Gobierno.

La compañía perdió el año pasado 7.500 millones de dólares (frente a los más de 7.500 millones de beneficios de 2013) y sus activos se han desvalorizado en 15.700 millones de dólares consecuencia de la subida del dólar, la caída del precio del petróleo, el abandono de proyectos de inversión y la caída de la demanda. Con todo, no todas las cifras son negativas: la facturación, por ejemplo, subió, debido a la demanda de gasolina de los brasileños (la inmensa mayoría de las expendedoras del país pertenece a Petrobras).

Petrobras no es una empresa cualquiera, y su marcha corre paralela a la economía del país. De hecho, lo que mueve esta empresa, directa e indirectamente, significa, por sí solo, un punto porcentual del PIB entero de Brasil. De modo que aunque ha servido para llenar varios bolsillos del poder es una empresa clave que deberá recuperarse lo más rápidamente posible.

Para Dilma, este escándalo que se ha dado en llamar “el petrolao”, le ha generado más de un dolor de cabeza, desplome en las encuestas y hasta planteos de que renunciara al cargo de parte de la oposición. 

Ella se mantiene firme pero necesitará más que firmeza para sostenerse: precisa mostrar que es capaz de terminar con la corrupción de una de las petroleras más importantes de la región y que está administrada por el Estado brasileño.

En la Argentina, no faltan datos, sospechas ni denuncias similares a las de Chile y Brasil. De hecho, cuando de financiar campañas se trata, aquí tenemos desde la valija de Antonini Wilson hasta los dudosos aportes de empresas farmacéuticas que terminaron estando vinculadas a la denominada “Ruta de la Efedrina” y a horrorosos crímenes con tintes mafiosos.  

No obstante, por Justicia presionada o genuflexa o por pueblo manso, conformista y flaco de memoria, esos casos parecen historia antigua. Ya nadie los recuerda y Cristina Kirchner mantiene alta su encuesta de aceptación, incluso lleva sobre sus espaldas nuevas denuncias de corrupción, entre las más importantes la acusación que pesa sobre su vicepresidente Amado Boudou por haber pretendido quedarse con la exCiccone; el lavado de dinero del matrimonio Kirchner del que se acusan a Lázaro Báez y el caso Hotesur, la empresa hotelera que heredó y administra su hijo Máximo Kirchner acusada de evasión fiscal. Y ahí lo tenemos a nuestro vice, firme en su cargo, a diferencia de la actitud asumida por las mandatarias que de inmediato y aun sin tener el veredicto de la Justicia, apartó de sus cargos a los implicados en maniobras turbias. Si lo hicieron convencidas de su culpabilidad, por salvar su imagen ante la sociedad o cediendo al reclamo popular, no lo sabremos. Pero lo valioso es que mostraron un gesto de coherencia, que además de ser un signo de buena voluntad, sirve para calmar los ánimos de la gente que suelen ofuscarse cuando se entera de estos desaguisados. En fin, por convicción o interés, es una sabia medida apartar a quien no suma. 

En Argentina evidentemente la sociedad más tranquila que otras de América Latina en donde, cuando se produce un caso de corrupción, las encuestas de los mandatarios se desploman y la gente se torna más exigente para con sus gobernantes. Seguimos pensando y votando con el bolsillo.