A De Vido le cambió la suerte judicial y se ampara en los fueros

Por primera vez, uno de los máximos responsables de la obra pública de la administración kirchnerista, Julio de Vido, fue procesado en una causa judicial. La medida fue tomada por el juez federal Claudio Bonadio, por la Tragedia de Once, en la que fallecieron 52 personas (51 y un niño por nacer). El magistrado considera que por su función, el ministro de Planificación sabía del deficiente estado en el que circulaban los trenes, de los incumplimientos de las empresas que prestaban el servicio, del mal uso de los dineros que su cartera derivaba al concesionario vía subsidios, pero que aun no hizo nada por revertir la situación. Bonadio fue más allá y afirmó que durante su gestión al frente del Ministerio “se diseñó una política pública” que favorecía a las empresas concesionarias con subsidios millonarios y permitía sus incumplimientos.

En cuanto a los delitos, procesó a De Vido como coautor del “descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas” y como partícipe necesario de una “defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta”. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes de 600 millones de pesos.

Sin dudas, este hecho amerita per sé la nueva situación procesal del exfuncionario y ahora diputado. Es en caso harto evidente de cómo la corrupción, además de ser una forma de enriquecerse a costa de la plata de todos, mata, literalmente. Pero la realidad es que la figura de De Vido está subyacente en todas las causas que hoy se ventilan en Comodoro Py y que involucran al matrimonio Kirchner. El ha sido, siempre, “el” hombre de los Kirchner; desde los tiempos de la gobernación de Santa Cruz fue clave en el entramado visible de la obra pública y en el que paulatinamente se está conociendo, una mega ingeniería para desviar fondos que, a la luz de lo expresado por los propios implicados, solo era posible con el aval del ministro de Infraestructura y de sus jefes. 

Pese a su importante cargo y haber sido el primer denunciado del gobierno K, por el caso Skanska hace ya 12 años (construcción de un gasoducto con 152 por ciento de sobreprecio y evasión fiscal), nunca había sido procesado ni citado siquiera a indagatoria. Y en el caso que nos ocupa, cuando se condenó a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sus subordinados, ni siquiera debió pasar por Tribunales para entregar un escrito.

La situación puede resultar extraña si no se conocen ciertos vericuetos de Comodoro Py, pergeñados para cerrar el círculo del poder: en las causas que tuvo el juez Ariel Lijo respecto de este y otros casos visibles de corrupción donde la pirámide de responsabilidades llegaba, sin dudas, hasta De Vido, nunca se lo imputaba. El hermano del magistrado era asesor judicial del exministro de Planificación y eso explica muchas cosas.

Con los cambios de aires políticos y la velocidad que ha tomado la Justicia Federal en estos tiempos, la situación de De Vido (como sucedió con Lázaro Báez y otros empresarios y funcionarios del poder K) cambió radicalmente, se acabaron las protecciones obsecuentes y los temores a hablar. 

En su fallo, Bonadio sostuvo que De Vido había señalado al maquinista Marcos Antonio Córdoba como “único responsable del suceso” (lo fijo ante cámaras, una de las pocas veces que dio una conferencia de prensa), pero según el magistrado eso no fue así: afirmó que la tragedia no se explica en la conducta de una sola persona sino en el obrar “de diversos individuos que en un modo deliberado han incidido en la producción del resultado”, entre ellos, De Vido. Si Jaime y Cirigliano, sin manejar el tren, solo por sus responsabilidades como funcionario y empresario, respectivamente, fueron encontrados culpables, ¿cómo no iba a ponerse en pie de igualdad a quien impartía las órdenes y debía velar por la correcta explotación de un tendido ferroviario que es del Estado? 

Que los trenes estaban en pésimas condiciones, era evidente, pero jamás se ejecutaron las multas, ni se renegoció contrato de concesión alguno, mientras se seguían abonando puntualmente suculentos subsidios que, obviamente, eran tomados como ganancias para los privados y retornos para los funcionarios.

En el mismo fallo, Bonadio procesó asimismo al extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Jorge Gustavo Simeonoff y a la exdirectiva de TBA Silvia Emilse López. A ellos también les trabó un embargo de 600 millones de pesos. Además, dispuso que ellos dos y De Vido se presenten personalmente en su juzgado dentro de las próximas 48 horas para notificarse de sus procesamientos y que se les tomen las huellas dactilares. A tocar el pianito, como se le dice a este trámite.

Todos los que no hicieron correctamente su tarea tienen tanta sangre en sus manos como el maquinista, por acción y omisión.

Todavía sin procesamiento, hay otras causas que involucran a De Vido. Una es por enriquecimiento ilícito. En ese caso, el juez Luis Rodríguez quiso allanar su domicilio la semana pasada, pero no pudo hacerlo porque el diputado se amparó en sus fueros. Y esta es otra cuestión que vamos a analizar en función de las causas en su contra que están avanzando, como veremos.

Otra es por sobreprecios en la importación de gas. El juez a cargo es también Claudio Bonadio. Y como no podía ser de otro modo, cuando se habla de beneficios y retornos en la obra pública, la situación de De Vido se complicó al hundirse el escalpelo en la causa de Lázaro Báez. Vialidad Nacional denunció que hay evidencias de las ventajas otorgadas a las empresas del exbancario. 

Con participación inevitable de De Vido, Néstor Kirchner dio un salto cualitativo en materia de corrupción: nada de sobres bajo la mesa ni Banelco. Según dan cuenta las denuncias y sus respectivas pruebas, el sistema de retornos era de lo más sofisticado y se canalizaba a través de operaciones lícitas como son los alquileres. Por este motivo, será muy difícil de probar judicialmente en forma total o parcial la ruta del dinero K. De todos modos, el sentido común ya permite un veredicto. Pero no debemos los argentinos tener amplias expectativas de que la Justicia refleje la condena que gran parte de la sociedad espera, porque se está frente a una estructura montada cuidadosamente, probada por años en Santa Cruz y perfeccionada a lo largo de tres mandatos, que tiene cubiertas todas las lagunas legales. 

Lo que sí es seguro es que nada de lo que se ventila en la causa Báez podría haberse desarrollado sin pasar por Julio de Vido, quien ahora está en el ojo de una tormenta judicial, por otra causa, al mejor estilo Capone.

Los sobreprecios en la obra pública incluso, bien pueden ser disfrazados de “mayores costos”, habida cuenta que en la Argentina en los últimos 12 años no hubo estabilidad sino inflación. Tampoco será fácil de probar que tanto Lázaro Báez como Cristóbal López alquilaban hoteles de la familia Kirchner aunque no se utilizaran las habitaciones, cuando en realidad lo que hacían era pagar los acuerdos, las “coimas” por el trato preferencial del Estado, sea en el modo de otorgamiento de obras y aceptación de sobreprecios, como de generar un paraguas de encubrimiento para el no pago de obligaciones impositivas. De Vido, un funcionario que Néstor Kirchner se trajo desde el sur (así como a Jaime) era una pieza clave de los negociados del anterior Gobierno. Era el hombre fuerte de Néstor y el hacedor de los negocios, dicho esto incluso por Antonini Wilson, aquel que pretendió ingresar con una valija repleta de dólares procedentes de Venezuela, para inyectar en la campaña presidencial de Cristina. 

Siempre se dijo que De Vido no caería como Jaime porque si habla, se lleva puestos a Néstor y Cristina. Ahora que está en el banquillo, ¿pagará con lealtad tantos años de sostenimiento? A simple vista, su temple parece más fuerte que el de Báez, un hombre que nunca debió enfrentarse a presiones públicas de este tipo. De Vido es en cambio un hombre de la política, curtido, y daría la sensación de que tiene espalda para sobrellevar lo que se le viene sin arrastrar al matrimonio K.

Un capítulo aparte merece la cuestión de los “fueros” legislativos. En este sentido hay que advertir que sólo impiden detener a un legislador, no procesarlo ni condenarlo. Sin embargo no deja de ser una suerte de freno a los ímpetus judiciales de “mani pulite” que se viven en la Argentina. Porque ya vimos cómo al primer movimiento, cuando se intentó allanar la casa de De Vido, se amparó en los fueros.

Los fueros en realidad no nacieron para encubrir delitos cometidos en la función pública sino todo lo contrario, fueron creados en todos los países democráticos para defender al legislador de abusos del Poder Ejecutivo. Que no los encarcelaran bajo cualquier excusa el día de una votación importante, por ejemplo. La Constitución de la Nación Argentina establece los fueros parlamentarios en sus artículos 68 a 70. El primero establece que los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos que pudieran formular. El 69 establece que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti (en el lugar del hecho) cometiendo un delito. El artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la Justicia contra un legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición. Y es en este último punto donde hay que observar el comportamiento de los legisladores, es decir si no piden el desafuero de De Vido para que la Justicia actúe con total libertad, o lo protegen manteniendo los fueros, ya que el propio exfuncionario no ha tenido la dignidad de pedir él mismo que se retiren sus fueron para que la Justicia actúe.  

En este sentido nuestras expectativas no son tantas, habida cuenta que el senador y expresidente Carlos Menem tiene condena por la causa de la venta de armas trianguladas a Croacia y Ecuador, sin embargo jamás se puso siquiera a votación los fueron que han impedido que cumpliera condena. Por eso, muchos funcionarios de las administraciones que culminan, buscan inmediatamente sumarse a las listas de legisladores buscados, precisamente los dichosos fueron protectores.

Esperemos que el Parlamento madure y deje de lado su espíritu corporativo (que vulgarmente llamaríamos “hoy por ti mañana por mí”) y si quieren realmente enfrentar la corrupción, no se siga utilizando el fuero para eludir el accionar de la Justicia.