A confesión de partes, Cristina insiste con la persecución política

Como parte del enorme escándalo desatado por los cuadernos de las coimas de la obra pública, la expresidenta como declaración indagatoria presentó ante el juez Bonadio tres escritos donde habló de “juez enemigo” e insistió con que sufre una persecución. Pidió la recusación al juez y al fiscal Carlos Stornelli, además de la nulidad de la causa en la que se la investiga.

Desde el punto de vista informativo no es novedad que la exmandataria atribuya todas sus causas a persecuciones políticas y a una animadversión del magistrado hacia su persona, lo que sorprende es que a esta altura, en esta nueva causa y con tanta evidencia, su excusa siga siendo la misma y siga sin explicar puntualmente sobre lo que se la acusa.

En este expediente, es interesante recordar que la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación. Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de comandar una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares. Varios involucrados han declarado tanto que Cristina estaba al tanto de las maniobras como que su propio domicilio fue un habitual punto de acopio de los dineros recaudados ilícitamente.

En medio de duras críticas a Bonadio, Cristina pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que lleva la causa por el direccionamiento de la obra pública y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación. Y es probable que por economía procesal tenga razón en esta cuestión, porque al fin la ruta del dinero K debiera ser una mega causa y no varias como lo son ahora.

Pero ahora viene lo mejor: en su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra. “A partir de la asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, solo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, inicia el escrito de Cristina Kirchner. Bajo esta línea argumentativa, requirió que el presidente sea llamado a declaración testimonial al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de “operador judicial”, adjudicándole la negociación por la cual Angelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador en la misma causa.

En una estocada política a fondo, dice la mandataria: “Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Angelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80”.

Y para cerrar el círculo y pedir nulidades, acusa a Oscar Centeno, autor de los cuadernos y a su amigo que se los escondió oportunamente Jorge Bacigaluppo, de ser uno exmilitar y el otro es expolicía, “quienes odian al peronismo y también la justifican los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”.

Así, para la expresidenta, esta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal solo responde a “la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante”. Y apunta a María Eugenia Vidal, sin nombrarla, porque dice que al haberse descubierto el affaire de los aportantes truchos de campaña, armaron este escándalo respecto del anterior gobierno.

Como se verá, nada dice puntualmente del rol que se le sindica, ni siquiera para aclarar si es que desconocía las maniobras de sus funcionarios. Sigue llevando todo a la arena política, donde las verdades son opinables, subjetivas y sobre todo donde no hay pruebas de ninguna índole que avalen sus dichos. Hasta ahora lo único que hemos escuchado (o leído) de su parte, a pesar que tiene mucho por aclarar, son excusas que no son más que percepciones sobre la supuesta existencia de motivaciones ajenas a lo judicial. La exmandataria no está dispuesta a reconocer las pruebas que se van acumulando en contra de la administración que presidió en dos oportunidades, más una de su marido.

Y más allá de que haya desprolijidades judiciales en algunos expedientes, las causas que han ido acumulándose por la ruta del dinero K van delineándose a cada paso, y ahora por primera vez hay declaraciones concretas. Si fueran falsas las pruebas y los testimonios tendría mucho que desmentir para salvar su honor, pero de eso nada.

Se ha roto el círculo y ya no se puede hablar de “lobos solitarios”, de funcionarios infieles y gente que da vergüenza, como en su momento trataron a Julio López.

Decimos esto porque en general los funcionarios y allegados a la expresidenta no se han quebrado; ni Lázaro Báez, ni Cristóbal López, ni Julio de Vido, lo que hacía más fácil asilar a Cristina de los hechos.

Pero en este caso, aun cuando los cuadernos no aparecen sino solo las fotocopias, los empresarios comenzaron a hablar y se van sumando testimonios claves del sistema aceitado de coimas armado no solo para recaudar fondos de campaña sino también para enriquecimientos ilícitos varios (de funcionarios y de empresarios también).

En fin que veremos cómo sigue esta causa; en principio ni nos ocupamos del allanamiento pedido por Bonadio respecto de propiedades de Cristina Kirchner es puramente gestual. Nadie en su sano juicio con tanto preaviso de allanamiento guardaría algo comprometedor en su casa. El problema, en el caso de los legisladores, como sucedió con Julio de Vido en Diputados, es que se necesita la autorización de la mayoría del plenario de legisladores. Es así como el imputado o imputada en este caso, se entera con mucha antelación del allanamiento, cuya mayor virtud es el efecto sorpresa que aquí se invalida. Esa prerrogativa fue introducida por los propios legisladores en una reforma del artículo sobre desafueros tras el escándalo por la “ley Banelco”, supuestamente para limitar las inmunidades. Aquí queda evidenciado que lejos de hacerlo, los legisladores se impusieron mayor protección. Así se ocupan quienes dicen querer luchar contra la corrupción.

La otra cuestión es la “doctrina Pichetto”, ya que el senador peronista -enfrentado con Cristina Kirchner en esta etapa- considera que un expresidente no puede quedarse sin fueros a pedido de la Justicia hasta que no haya sentencia firme de un delito. Es su interpretación de la política y la ha mantenido con el expresidente Carlos Menem aun cuando hay dos sentencias firmes en su contra y el caso está en la Corte. Con la expresidenta ha hecho los mismos planteos. Y dicen en los pasillos del Senado que Pichetto no quiere quedar en la historia como el “peronista que dio el desafuero para que encarcelen a un expresidente peronista”. Cualquier cosa les interesa más que combatir la corrupción. Además de que todos tienen algo que esconder o mucho que perder si algún día en este país las cosas marcharan como es debido.