Vivimos sin nociones elementales de civilidad

Vivir en un contexto de bienestar general implica, entre otras cosas, una convivencia social ordenada. Las comunidades humanas se organizan políticamente porque sus miembros necesitan vivir en paz y con seguridad física y jurídica. Esa “organización política” se denomina “Estado”, y su existencia implica también la de autoridades que dicten normas de convivencia y la del poder político necesario para hacerlas cumplir.

Dicho de otro modo, las comunidades humanas necesitan de la existencia de un Estado (porque necesitan vivir ordenadamente) y, por ende, de los elementos que lo integran, entre los que se cuentan los gobernantes, que son los que tienen que hacer efectiva la finalidad de aquel, cual es la de recrear el tan declamado bienestar general.

Sin embargo, en la sociedad argentina se plantea una extraña paradoja: como cualquier otra, necesita orden, Estado y autoridades, pero aquí menosprecia el orden, se considera que el Estado solo sirve para dar trabajo y otorgar subsidios, y resulta políticamente incorrecto que las autoridades pretendan ordenar la convivencia mediante la aplicación de la fuerza pública. Los gobernantes saben que esto es así y por ello, para no dar la imagen de autoritarios, prefieren no ejercer el poder político que la sociedad les ha entregado mediante el voto para ejecutar el orden que la existencia de todo Estado reclama.

Los argentinos sabemos que una convivencia civilizada impide que cada uno pueda hacer lo que quiere y ejercer sus derechos y libertades sin límites; pero al mismo tiempo consideramos que cualquier límite es desmedido, y somos menos tolerantes al orden que al ejercicio abusivo de los derechos.

La sociedad argentina tiene un acentuado desapego por el cumplimiento de la ley, y el ejercicio del poder la sensibiliza en demasía. Prefiere aceptar que unos pocos, invocando abusivamente el derecho a expresarse, tengan la posibilidad de cortar rutas, calles, ocupar y destrozar espacios públicos y privados cada vez que se les ocurre antes que exigir a autoridades y dirigentes la liberación de esos ámbitos para que millones de habitantes puedan tener la libertad de circular, trabajar, enseñar, aprender, ejercer la industria, el comercio y tantos otros derechos que la ley fundamental nos confiere.

Nos quejamos de la inseguridad, y ante ella reclamamos la existencia de autoridades que le pongan fin, pero al mismo tiempo, amparados en livianas y divulgadas teorías mal denominadas garantistas, consideramos imprudente aumentar las penas de los delitos y bajar la edad de imputabilidad de quienes los cometen, prefiriendo que estén libres asolando impunemente a la comunidad.

Adoramos a los líderes personalistas, nos enamoramos de sus prosas vacías de ideas y contenidos, aceptamos sus excesos y hasta la corrupción en la que incurren, pero somos alérgicos a cualquier medida que implique usar el poder para organizar la convivencia social. 

Ayer, una vez más, unos pocos (en relación con el enorme conglomerado argentino) atentaron contra el andamiaje democrático. Los mismos que claman libertades, fueron contra quienes tienen por trabajo, entre otras tareas, garantizarla. Pero como parece que todo quien lleve gorra está reprimiendo y no cumpliendo con su deber, la enorme mayoría de este país se ve obligada a vivir en vilo por otros, unos pocos, que se degluten sus propias proclamas democráticas y las cambian por piedras y botellas incendiarias. Porque si hay algo que todos tenemos claro es quién es quién en este macabro juego; que los pasivos, primeros damnificados de lo que el Congreso debate al cierre de esta edición, aguardan que coherentemente la dirigencia enfrente este tema; lo mismo que los jubilados futuros, que ayer estuvieron trabajando y sufriendo por las expresiones de otros, esperan un saneamiento lógico del sistema previsional. Y también entendemos muy bien quiénes eran los que arremetieron contra la institucionalidad. Porque nadie va pacíficamente a manifestarse con una mochila llena de piedras y tuercas.

Aun cuanto todo lo aquí manifestado constituye una lección básica de instrucción cívica, mientras algunos integrantes de la sociedad ejerzan abusivamente sus derechos considerando que son más importantes y valiosos que los de los demás; mientras las autoridades permitan que ello ocurra para evitar imponer un orden que reputan “políticamente incorrecto”, y mientras toda una sociedad acepte esta nefasta ecuación, el Estado argentino seguirá estando en deuda con el bienestar general, que es el objetivo que le da fundamento a su existencia.