Vidal en su objetivo más difícil: la Bonaerense

Un informe dominical de Periodismo Para Todos realizó un envío en el que reveló cómo son los negocios de la Policía Bonaerense para aumentar la recaudación de dinero sucio. Los datos ofrecidos no fueron novedad, desde hace décadas los bonaerenses sabemos que en la Policía hay grandes bolsones de corrupción. Lo que llamó la atención fue que se presentó un oficial en actividad del organismo que relató cómo son los distintos mecanismos para poder aumentar la caja y explicó cómo la cadena de mandos que tiene la fuerza para su accionar se replica también en estos negocios. Al punto de condicionarse el cargo no a la efectividad de la tarea sino a la eficiencia en estas recaudaciones “off shore”.

Que sea un propio policía el que descorra el telón de esta corrupción no es común, porque sea sobre la base de la lealtad o la obligación de participar en “negocios” comunes o por temor a represalias, la “omertᔠfue una de las bases sobre las cuales los uniformados sustentaron su sistema propio de recaudación para los bolsillos propios y del poder político.

Y aquí nos enfrentamos al primer problema: la Policía (y lo planteamos en términos generales por la extensión de la modalidad, más allá de las excepciones que sin duda ha de haber) viene recaudando una parte para los políticos de turno, lo que implica que, lisa y llanamente, estaban autorizados a seguir fomentando sus jugosas cajas negras. Partiendo de este punto, cualquier intención aislada en los últimos años, ya sea de un propio uniformado o bien de un funcionario, como algún gobernador o intendente, nunca llegó a buen puerto, siempre llegó a mitad de camino con alguna purga que no fue más que simbólica y con muchos efectos colaterales indeseados, como boicots de los exonerados o algún comisario denunciante desterrado.

Efectivos fantasma que prestan el legajo a cambio de un porcentaje de lo que se reúne, cobrar la nafta de patrulleros que, si bien figuran activos, no funcionan y están abandonados o quedarse con el dinero para alimentar a los caballos de la fuerza o confiscados que son puestos a pastar, son una mínima parte de la recaudación. El grueso proviene de la coima a cambio de seguridad y del millonario negocio de la droga, con más de una arista desde donde hacerse de dinero. 

Sabemos –y ahora lo blanqueó el informe televisivo- que desde hace décadas se “licitan” las comisarías, porque el comisario puede elegir un distrito importante en la medida que recauda bien y logra mucho para repartir con el sector político. De lo contrario, al policía honesto, al que se niega a participar, lo envían a cuidar una departamental pequeña y si es posible a 500 kilómetros de su familia. O bien lo dejan donde está pero sin posibilidades de ascenso.

Una vez más, un gobernador de la provincia de Buenos Aires arremete para terminar con todo esto. ¿Será esta vez? Porque en este caso, poco tiene que ver el alineamiento político: ha pasado en más de una ocasión el tener gobernador, presidente y mayoría de intendentes de un mismo signo y que de todos modos los intentos se frenaran a poco de andar. Sencillamente porque aunque en sintonía política, los intereses económicos los atravesaban.

María Eugenia Vidal planteó ir terminando con los bolsones de corrupción policial, comenzando por no aceptar parte de la recaudación, no participar de los sucios negocios y, en cambio, combatirlos. Dicen que, como una rutina encarnada, a poco de asumir se presentaron policías con los “bolsos” que le correspondían y se los rechazó en la cara. Descolocados habrán quedado los uniformados, sin saber qué hacer ni decir ante este nuevo jefe.  Y desde entonces la relación de Vidal con la Bonaerense se puso tirante, más aún a partir del desplazamiento de los viejos caciques del Conurbano que ya tenían todos los negocios armados con la complicidad de intendentes y de más arriba en la escala política también. Para los que se quedaron no hubo purga, porque ni ella ni el ministro Cristian Ritondo creen que sirva, pero sí nuevas reglas: les exigió que, de subcomisario para arriba, todos presenten declaraciones juradas de bienes. Unos 6.000 ya las entregaron. Faltan alrededor de 1.000. A eso le sumó, como dijimos, la advertencia de que no iba a recibir la tajada de la recaudación ilegal que la Policía solía elevar al poder político. Así cortó varias cajas. 

No obstante que no hubo purga, igual fueron sumariados 1.600 policías en lo que va del año, de los cuales 150 fueron exonerados.

Pero la Policía no se queda quieta, se rebela, se defiende, resiste. Son muchos años de negociados y es mucho el dinero en danza. Y sin demora le hicieron sentir su descontento a la gobernadora, que tuvo que cambiar su custodia porque le “revisaban” su escritorio. Además, le han avisado que sectores de Inteligencia de la fuerza la escuchan, han ingresado a viviendas de funcionarios e intendentes de su sector como modo de amedrentamiento.  También, como fuerza casi monopólica del territorio, los policías tienen otros modos indirectos de hacerse sentir, como la liberación de zonas para incrementar el delito o la seguidilla de secuestros exprés en el Conurbano, que no son hechos aislados y responden a un modus operandi propio de la mano de obra desocupada de la Policía.

La reforma policial es muy compleja porque es una fuerza grande, con bolsones de corrupción que ya son culturales y porque es la primera vez que el poder político no les hace “guiños” a la corrupción sino que se planta. Y la verdad es que quizá Vidal necesite en breve del apoyo explícito del presidente Mauricio Macri, que comparte con ella no sólo la ideología, sino también la lucha contra la corrupción.  Porque si bien pueden errar en su gestión, hasta el momento han cumplido a rajatabla su premisa de transparencia y punto final al robo en el Estado. Volviendo al principio, que un policía se animara a hablar de esto mucho tiene que ver con esta nueva realidad política.

Hace décadas la bonaerense está en la mira de la corrupción, porque se han hecho purgas en otras etapas, las que no han dado resultado a la vista; quienes se fueron de la fuerza pasaron a integrar bandas delictuales y quienes quedaron siguieron con sus negocios. Esta es la dura realidad. Ha habido muchos informes periodísticos en cada etapa, se han escrito libros, miniseries, pero la corrupción seguía y sigue allí. Lo que cambió ahora es que el sector político gobernante ha dejado de esconder la suciedad de la Policía Bonaerense debajo de la alfombra y durante lo que va de este año se conocieron varios episodios donde jefes de la fuerza fueron denunciados por llevar adelante “operativos” millonarios de recaudación ilegal.

Las coimas que recibe la Policía son fuente de otros delitos además, ya que se cobra para permitir actividades ilícitas como el narcotráfico, el juego clandestino, la prostitución y la instalación de desarmaderos de autos y motos ilegales, entre otras. Aunque hay que aclarar que lo que más ha contribuido a esa “caja negra” ha sido el manejo millonario del pago de las Polad (Policía Adicional) y las Cores.  Y se ha denunciado que la mitad de los millones recibidos mensualmente por estos servicios queda para los jefes policiales. Esta semana trascendió que la comisaría Primera de La Plata recibía en marzo 25 millones de pesos mensuales para el pago de Polad y solo enviaba la mitad a los agentes.

La gobernadora avanza en la quita del manejo de las horas Polad, que son los adicionales que suelen contratarse para servicios de seguridad extra a las guardias comunes. La clave de la resolución oficial radica en cortarles a las autoridades policiales la posibilidad de decidir sobre el destino de los dineros enviados en materia de las horas Polad y que a partir de ahora sea el propio Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, el que dirija administrativamente la distribución. 

Alguno podrá decir que los policías sucumben por los magros sueldos que perciben, que completan “la olla” con estos dineros extra. Pero en realidad ese dinero no muere en el efectivo que lo recauda, ni siquiera en los bolsillos del jefe de la seccional sino que hay una cadena de “cobradores” en el sector político, haciendo fila para recibir una tajada de la torta. Viéndolo de este modo, es lógico que nunca se atinara a resolver mínimamente el problema: desde donde tenía que venir la decisión se frotaban las manos mes a mes ante la llegada de la recaudación.

Pero no alcanzará con la decisión de Vidal y del propio Macri de terminar con la corrupción, se necesita de la concurrencia de la Justicia que, en muchos casos, actúa con lentitud y no se logran las condenas esperadas. Se imputa, hasta se procesa, pero no se llega a más en el caso de miembros de la Policía. ¿Habrá complicidades también en el Poder Judicial con las fuerzas? Es probable, pero en el caso de la ineficiente Justicia que tenemos, no siempre se explican las tardanzas por “acuerdos” espurios, a veces se trata de inutilidad para la función. Pero de todos modos hay que explorar todas las posibilidades.

Si en este momento que puede resultar histórico para iniciar el camino de acorralar la corrupción policial se la deja sola a la gobernadora, la oportunidad se perderá. Todo el poder político y la Justicia debiera asumir el mismo compromiso, si es que pretendemos ver, en el mediano o largo plazo, algún resultado.