Una mirada sobre la evaluación educativa

Mucho se ha hablado, debatido y escrito sobre la problemática de nuestra educación, pero los argentinos evidentemente tenemos tendencia a quedarnos estancados en la etapa diagnóstica, dicho esto en casi todos los temas en que nos vemos involucrados. Nos solazamos en el problema, podemos ser hipercríticos, hasta que llegamos a la etapa de resolución del conflicto. Es allí donde los caminos se vuelven tortuosos.

Esto tiene estrecha relación con la problemática educativa, donde todos coinciden en que hemos ido retrocediendo en la calidad de lo que ofrecemos a nuestros niños y jóvenes, sin embargo la resistencia comienza cuando se quieren dar los primeros pasos para encarar cambios al respecto.

El Gobierno, consciente de las dificultades que se plantean, tuvo la iniciativa de lanzar la Evaluación Nacional “Aprender”, por la que 1.400.000 estudiantes de 31.000 escuelas públicas y privadas participaron del operativo diseñado por el Ministerio de Educación para evaluar los niveles de aprendizaje de los colegios primarios y secundarios. Bueno, en realidad fueron alrededor de 1.260.000 porque, según relevó el Ministerio de Educación, un 10 por ciento de los alumnos, incentivados por sus docentes o padres, o por ambos, se negaron a cumplimentar el operativo.

La evaluación, por su necesidad y por la intención con que fue instituida, no debería haber ofrecido objeción alguna: era la primera vez que se hacía y era una orden emanada por las autoridades de la Educación. Sin embargo, apenas se anunció que se pondría en marcha el operativo comenzó la resistencia de los gremios docentes, quienes a su vez involucraron a padres y alumnos. De modo que los conflictos florecieron buscando hacer naufragar esta evaluación. Excusas sobran cuando se trata de oponerse a una medida y en eso los argentinos también somos especialistas.

Antes de seguir con el tema, vale reseñar que los expertos llevan años advirtiendo que la educación en América Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes que se realizan sobre el tema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), señala que la región está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. De hecho, de los 64 países que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre los diez cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como matemática, ciencia y lectura. Y el estudio está basado en datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (Pisa).

En Argentina, en lectura no alcanzan el mínimo establecido el 53,6 por ciento, en ciencia el 50,9 y en matemáticas el 66,5. La verdad es que los antecedentes respecto del rendimiento de nuestros estudiantes es realmente preocupante.

Estos y otros índices son los que llevaron al Ministerio de Educación a tomar la decisión de realizar esta evaluación para poder luego encontrar caminos que nos lleven a las soluciones. Reconocido el hecho de que no estamos bien, creyeron indispensable saber exactamente dónde estamos. Y si las autoridades ministeriales consideraron válido este camino, no hay razones para cuestionarlas. Sí las habría si con los resultados que se obtengan nada hacen en el futuro. ¿Que hay otras formas de evaluar? Seguramente, pero esta fue la elegida. Y si termina siendo insuficiente u otra hubiese sido mejor, no es un argumento para que los docentes primero, y los alumnos y padres después, se nieguen a cumplir lo que, finalmente, es una orden. 

Y desde el comienzo se advirtió que las pruebas venían acompañadas de un cuestionario de contexto sobre factores asociados: clima de la clase y práctica de enseñanza, entre otros. Introduce preguntas respecto de la tecnología y, por primera vez, temas de autopercepción de los estudiantes respecto de sus propios aprendizajes, como autoconfianza y motivación. También un cuestionario tipo censal, sobre las condiciones socioeconómicas familiares. Esto parece haber molestado a algunos, los mismos que seguramente se hubiesen molestado si no se hacían estas preguntas y reclamarían que no es lo mismo un chico de escuela privada de la Capital Federal que uno del Conurbano cuyos padres no tienen ingresos fijos. Justamente, como son variables a tener en cuenta, es que estas preguntas que tanto molestaron son indispensables. 

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) aseguró que “más evaluación no es igual a más calidad educativa” y rechazó “la idea del Gobierno de imponer una cultura evaluadora a espaldas de los contextos sociales, culturales y económicos en los que se desenvuelve la educación, aun sin desconocer su valor en los procesos formales”.

Sin embargo, cuando aparecieron planillas, dentro del operativo, que apuntaban con buen criterio a interrogar sobre la situación económico social de los estudiantes también se puso el grito en el cielo, porque se consideró discriminatorio para los chicos. ¿En qué quedamos?

El Sadop también señaló su “preocupación” por “el intento oficial de estigmatizar a maestros y profesores al acusarlos de procurar evadir las instancias evaluadoras, en un claro aporte al desprestigio de tan destacada labor social. Los docentes, en su carrera, se forman en instancias evaluadoras, que luego concretan en la práctica pedagógica. Son autocríticos de su propia tarea como educadores”.

Y si más allá de todo eso las autoridades educativas quisieran evaluar, medir, conocer, obtener otro tipo de datos, ¿cuál es el problema? Realmente, incluso hablando con algunos docentes cuesta descifrar el motivo real de tanta oposición.

La prédica docente se trasladó a padres y alumnos, se viralizó la queja en redes sociales, y no faltaron quienes decidieron con apoyo de la comunidad educativa tomar las escuelas. Un ejemplo realmente deplorable para los chicos, que docentes, gremios y hasta los padres resistan exámenes planteados por la autoridad máxima de  educación. Algunos padres se quejaron a través de las redes sociales y convocaron a no enviar a sus hijos a la escuela para evitar su participación en la prueba y boicotearla bajo la consigna “La escuela no es una empresa”. Es ir demasiado lejos y sobre todo dejar trascender en nuestros chicos un mensaje pobre, sesgado, de lo que es la lucha por los derechos, que en ningún caso debería implicar –y menos a esa edad- desacatar una orden concebida en pro de su educación, por carácter transitivo del pensar de sus padres y docentes, quienes a su vez estaban desacatando una orden ministerial, o sea, de su empleador. 

Llegado a este punto ya la cuestión se había politizado, la problemática ingresó en la grieta que tiene atrapados a grandes sectores del país y es así como en todos los temas, sin excepción unos se paran en una vereda y otros en la otra acera. Si hay un modo de quedar estancados en los problemas sin atender a las soluciones es este modo de encarar la realidad.

Y es así como vimos el triste espectáculo de pretender explicar lo inexplicable con tal de oponerse a una simple evaluación educativa, cuyo objetivo, fantasmas y sospechas de conspiraciones aparte, es claramente tener un panorama claro de la problemática y buscar soluciones.

La realidad es que todo funcionaría mejor si cada uno cumpliera su rol, los padres respecto de sus hijos, los gremios para con los docentes en lo que les compete y dejar a las autoridades del área utilizar las herramientas que crea convenientes para poder ofrecer una mejor educación. No parece una tarea imposible, si nos despojamos de prejuicios, mochilas políticas y grietas que a esta altura sólo son parte de una maquinaria de impedir de la que debemos salir rápidamente.