Una clase política que nos ha condenado al fracaso

No es que el país esté atrasado, que se haya quedado aislado en un tiempo pretérito; es que su clase política lo está haciendo caminar deliberadamente marcha atrás. La inflación es efecto de una élite dirigente que ha retrocedido a un estado anterior a la diferenciación fundamental entre recursos privados y públicos. En una parte sustancial, la Argentina está gobernada por dinastías que han hecho predominar el vínculo de sangre por sobre la idoneidad.

Hace poco más de 200 años el mundo experimentó una sustancial transformación en el modo de entender y vivir. Si hasta ese momento y durante muchos milenios la vivencia más fuerte de los hombres radicaba en la duración, de repente se dio cuenta de que toda la realidad era atraída y engullida por el vórtice del cambio, de la mutación.

Los filósofos alemanes adoptaron la historia como objeto principal de estudio. Los soldados del poderoso ejército británico capturados en la batalla de Yorktown entonaban una vieja balada titulada The World Turned Upside Down (El mundo se dio vuelta). Los campesinos franceses veían que sus ancestrales creencias y costumbres sucumbían como efecto de la gran revolución burguesa. El espectáculo de la brutal transformación social y cultural operada por el despliegue del capitalismo fascinaba a Karl Marx: "Todo lo que es sólido se desvanece en el aire". Los cambios se aceleran, los tiempos se acortan.

La política no es ajena a este fenómeno. El tiempo se convierte en un factor cada vez más decisivo, que pesa cada vez más en los hechos, las acciones y las decisiones relativas a la organización y el gobierno de los grupos humanos.

Las identidades políticas modernas no solamente se configuran en términos de diversas concepciones del orden político y social (liberales, demócratas, socialistas, nacionalistas) sino de diversas actitudes frente al cambio: progresismo, conservadurismo, reacción, reforma, revolución. La política contemporánea se debate entre ser superada por los cambios o anticiparse a ellos.

La pregunta que nos queremos hacer aquí es si la dirigencia política argentina es una élite acorde a los tiempos que vivimos o sufre de algún tipo de anacronismo. Un problema principalísimo que se plantea a toda comunidad política es la transmisión del poder. Dicho de otro modo: cómo asegurar la continuidad del grupo en un cambio de conducción. Las formas de resolver el problema han sido diversas: quizá la más común fue la sucesión dinástica, que responde a la creencia de que las dotes para el mando se heredan de alguna manera. Aportaba también una solución pacífica. No bien cambiaron los principios de legitimidad (del dinástico a la soberanía popular) fue posible plantearse la posibilidad de seleccionar a los gobernantes en razón de sus condiciones específicas. Este cambio, como es evidente, no es una solución definitiva al problema de dar con el perfil adecuado para el gobierno (puesto que siempre es posible fingir aptitud o idoneidad) pero ningún grupo humano en su sano juicio parece estar dispuesto a renunciar a la posibilidad de elegir a quien gobierna.

En nuestro país se puede observar una notable regresión en este sentido. El restablecimiento de la institucionalidad democrática en 1983 se realizó sobre el principio de competitividad de los dirigentes políticos: no parecía haber otra alternativa, dadas las interrupciones recurrentes del orden institucional desde 1930. La pervivencia del orden democrático dio lugar al desarrollo de dinastías familiares, sobre todo en los gobiernos de las provincias del norte.

La profunda crisis social, económica y política de 2001 tuvo como efecto político duradero la entronización de una dinastía familiar en el gobierno nacional: los Kirchner, que han gravitado decisivamente sobre los destinos del país por casi dos décadas. La cultura política argentina retrocedió aterrorizada hacia formas de liderazgo arcaico ante la posibilidad de la anarquía. Durante esos años, la política argentina adquirió una impronta marcada por las dinámicas internas, las apetencias y las necesidades de la familia Kirchner, al estilo de las antiguas monarquías del Siglo XVII.

Adicionalmente se fueron formando dinastías cortesanas subordinadas, en las que el lazo familiar supone la vía de acceso al cargo público, electivo o no: Cafiero, Moreau, Posse, Morales, Zamora, Galmarini, Rodríguez Saá. Durante el kirchnerismo también aparecieron extraños cargos honoríficos hereditarios, como es el caso de hijos y sobrinos de integrantes de las organizaciones armadas o de detenidos/desaparecidos: De Pedro, Pietragalla, Donda, Abal Medina, Vaca Narvaja, Cabandié, Raverta, Volnovich, Carlotto. Una especie de nobleza militante. Los mentados méritos políticos de los padres son reconocidos en la persona de sus hijos a través de cargos electivos o en los organismos públicos.

Esta singular profusión de dinastías plebeyas coexiste con uno de los más sorprendentes resabios de la antigüedad: el carácter hereditario de cargos públicos de nivel municipal, provincial y nacional, incluso en instituciones que requieren alto nivel técnico. Hasta el momento la lucha contra estas formas de nepotismo multinivel ha fracasado.

La democracia sindical, por su parte, tampoco pasa por su momento de mayor transparencia y salud institucional. Los gremios más importantes tienen por conducción a monarcas longevos que llegaron al poder en los primeros años de la democracia y se han mantenido en sus cargos desde entonces. La sucesión en esas organizaciones es un enigma. Algo similar está sucediendo con las organizaciones sociales, de aparición más reciente. Camioneros por su parte ha desarrollado su propia dinastía: los Moyano. Este prolongado ejercicio del poder les ha permitido desarrollar negocios y emprendimientos personales vinculados con la actividad sindical correspondiente.

Si a este fenómeno se le agrega la resistencia a designar expertos y personal calificado (tecnócratas) en áreas especializadas del Gobierno, el Estado y la administración pública privilegiando en cambio lealtades personales o militantes, desconociendo la complejidad del proceso contemporáneo de toma de decisiones a nivel gobierno, la regresión es completa.

La crisis política, social y económica de 2001 se resolvió ampliando y profundizando un nuevo pacto corporativo, en el que emergieron nuevos actores y en el que se impuso una modalidad transaccional permanente. Es también efecto de la reforma constitucional de 1994, que debilitó al Poder Ejecutivo y acortó sus mandatos. El poder político recurre a una alianza con diferentes corporaciones y sectores sociales, de los que obtiene apoyo en contraprestación de recursos o fracciones del Estado: se consolida un modelo neocorporativista en el seno del Estado.

En términos reales, la gobernabilidad resultante apenas alcanza para mantener el poder, pero no para impulsar necesarios proyectos de reforma de gran calado. Resulta imposible obtener el suficiente capital político en las condiciones actuales, puesto que supone inevitablemente afectar uno o varios intereses de los sectores incluidos en el pacto corporativo.

El resultado es una fragmentación del poder político a manos de un conjunto de corporaciones gremiales, sociales, mediáticas, empresariales y burocráticas, todas predatorias de los recursos públicos, que impiden todo proyecto trascendente de alcance nacional e inhiben todo posicionamiento internacional: la Argentina se debate continuamente en el plazo de lo inmediato.

Si encima insisten con los siempre fracasados controles de precios para reducir la inflación (una especie de ritual al que le asignan propiedades mágicas); si reconstituyen monopolios que perjudican al usuario, como es el caso de la navegación aerocomercial; si dan marcha atrás con la digitalización de trámites que favorecen al ciudadano y al contribuyente; si promueven gabelas y exacciones que tienen por único fin conseguir fondos para la clase política, sus socios y parientes, como los registros del automotor; si protegen prácticas sindicales en perjuicio de los usuarios; si generan procedimientos discrecionales de carácter fiscal o cambiario, como con el comercio exterior; si la Argentina debe recurrir a organismos burocráticos internacionales como el FMI, que operan como prestamistas de última instancia de países incapaces de aplicar los principios elementales de la sana administración; si transforman una herramienta fundamental de las políticas públicas como las estadísticas oficiales en maquillaje para ocultar una realidad social y económica cada vez más degradada, que demanda medidas de fondo y reformas estructurales; si se suspende la aplicación de evaluaciones de la calidad con estándares internacionales para no poner en evidencia la decadencia del sistema educativo, como sucede con las pruebas Pisa, todo se debe a la obsolescencia regresiva de la clase política argentina.