Un Gobierno más pragmático vira su posición para con Estados Unidos

Rendidos ante la evidencia del avance del narcotráfico en Argentina y como la lucha con las fuerzas de seguridad y los dealers y capos del negocios se hacen infructuosos, dos años después de que el canciller Héctor Timerman retuviera en Ezeiza un avión militar norteamericano que llegaba para instruir a policías federales en la lucha contra las drogas (en un acto de sobreactuación que nos puso al borde del ridículo internacional), la Argentina retomó los contactos de colaboración estratégica con Estados Unidos.

Pero lo hace de manera indirecta: ahora son los gobernadores –en algunos casos con la venia de la Casa Rosada- los que sellan acuerdos con Washington para enfrentar el narcotráfico, un flagelo creciente en sus distritos.

Pese al desaire de nuestro canciller en la materia, las oficinas antinarcóticos de Estados Unidos volvieron a colaborar con el país en cursos de capacitación, intercambio de información reservada o tareas de rastrillaje en áreas calientes del narcotráfico.

En los últimos meses, por lo menos cinco gobernadores firmaron convenios de colaboración para recibir apoyo de oficinas como la DEA, el FBI y otras dependencias del Departamento de Estado.

Según dijeron fuentes diplomáticas y funcionarios provinciales, hasta ahora el acercamiento con Washington lo hicieron Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza y Santa Fe. Por este tema también tiene aceitados contactos con Estados Unidos el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Kevin Sullivan, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, confirmó la participación de su país en tareas de asesoramiento. “Para nosotros es importante seguir colaborando con el Gobierno nacional y con las autoridades provinciales para ver qué estrategias se pueden aplicar para enfrentar el narcotráfico”.

Sullivan destacó también que Estados Unidos está dispuesto a ampliar estos canales de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico si los representantes argentinos así lo requieren.

Es decir que Washington aceptaría ampliar la lista de gobernadores que requieran colaboración y ayuda de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Pero claro, no a todos los miembros de gabinete les ha caído bien la noticia. El caso más claro es el de Timerman, quien se siente seguramente tocado porque desde la Casa Rosada ratificaron el creciente nivel de cooperación que hay con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la Argentina.

Se ha de sentir solo y avergonzado por el lugar en que queda –dada la actual situación- aquel episodio del avión militar norteamericano que protagonizó. 

La colaboración se traduce por diversas vías: el intercambio de información sensible, los cursos de apoyo y entrenamiento a fuerzas de seguridad en Estados Unidos y en algunos casos el aporte de equipamiento necesario para enfrentar bandas traficantes de drogas.

La Ley Nº 26.052 referida a los estupefacientes permite a las provincias proveerse de las “armas” que crean convenientes para un mejor accionar en la lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora son ocho las provincias que adhirieron a esta norma por diferentes motivos. La mayor parte de los distritos que lograron ampliar las facultades de acción de sus tribunales y policías en el combate contra el narcotráfico pidieron ayuda a Estados Unidos.

Es que ante la necesidad generalizada y urgente, sobre un asunto que no entiende de ideologías, hay que ser pragmáticos y dejar pudores a un lado para buscar ayuda donde la pueden ofrecer. Basta de ver un trasfondo ideológico en todo; de pensar que cualquier lazo con Estados Unidos es un avance imperialista; de considerar que ellos hacen todo mal y el resto del mundo todo bien. Esta gente hace años que, precisamente por ser un país con alto consumo, combate el narcotráfico en el mundo y cuenta con herramientas y conocimientos que mucho pueden aportar a esta realidad que ya es cotidiana para la Argentina. El lunes mismo, en un bosque de Palermo colmado por el feriado, un sicario acribilló a un hombre colombiano que portaba droga preparada para su venta y una importante suma de dinero. Se duda si el nombre con el que se lo identificó (Gutiérrez Camacho) es verdadero, lo mismo que la actividad que aparentaba tener (fotógrafo), dado que su estándar de vida dice otra cosa y bajo ese nombre no se registra actividad alguna ni en Colombia ni en nuestro país. Con sucesos como éste, ¿queda alguna duda de que necesitamos todo tipo de ayuda? 

El diagnóstico para la Argentina no es bueno, mucho menos el pronóstico. Gran parte del crimen organizado del narcotráfico ha migrado a nuestro país buscando condiciones propicias para establecerse luego de haberse sentido avasallado en México y Colombia tras un efectivo avance de la ley. Y, queda claro, aquí han encontrado todo el camino allanado para infiltrarse en nuestra sociedad y concretar todo el circuito: producción, comercialización, exportación y lavado de dinero. Así lo van mostrando episodios aislados que, de a poco, revelan una criminalidad antes inexistente.

No hace falta que nos digan lo que sucede en la Argentina, ya está más que a la vista el avance del narcotráfico y, sobre todo en Santa Fe, que hoy encabeza la lista de muertos en enfrentamientos de bandas narcos.

Por eso el gobernador santafecino Bonfatti no sólo se llevó un diagnóstico pesimista de Washington sino también el compromiso de recibir ayuda de especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas. De hecho, un grupo de expertos en investigación criminal de Santa Fe contra el narcotráfico recibió cursos del FBI. Pero Santa Fe no sólo recibió colaboración de Estados Unidos en esta materia.

También obtuvo ayuda de Israel, Colombia y Brasil. Y los efectos se empiezan a ver, ya que las células criminales han reaccionado (con ataques incluso contra el propio gobernador), lo que habla de un ataque efectivo por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

En su reciente viaje a Nueva York, Daniel Scioli también habría estrechado lazos con la administración norteamericana para recibir cooperación e intercambiar información sobre el narcotráfico. Así, Buenos Aires, que tiene más de 60 fiscales especializados y 100 jueces de Garantías para el combate del tráfico de drogas ilícitas, recibiría apoyo directo de oficinas antinarcóticos de Estados Unidos.

El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, acaba de realizar gestiones con Washington para poner en marcha una serie de convenios de cooperación con fuerzas especiales de lucha contra el tráfico de drogas y la policía de su provincia sería instruida en la materia.

En Salta, los trabajos de cooperación de la DEA están bastante avanzados y el gobernador Juan Manuel Urtubey está convencido de que sin la ayuda de gente especializada sería imposible combatir el narcotráfico. Desde enero pasado hasta ahora hubo más de 60 detenidos por tráfico de drogas en Salta, y esto, aseguran colaboradores de Urtubey, se debió en gran medida a la ayuda externa de Estados Unidos.

En el caso del Ministerio de Seguridad, la situación ha cambiado sustancialmente en relación con el vínculo con Estados Unidos. El ministro Arturo Puricelli y Berni están convencidos de que la colaboración con Estados Unidos es “necesaria y clave” para combatir el narcotráfico en la región. No se trata de un análisis ideológico de la problemática sino práctico.

Así, este sector de la Casa Rosada dejó atrás la etapa de aislamiento con Washington que encaró en su momento la exministra de Seguridad Nilda Garré. También parecen haber quedado atrás Timerman y su alicate en mano, por lo menos para la visión de varios funcionarios kirchneristas y para los gobernadores.

Una visión pragmática del problema que es muy bienvenida.