¿Tarifazo, adecuación o justicia?

Nadie ignora que este mes de abril, recién iniciado, será difícil de transitar en la mayoría de los hogares argentinos; el racionamiento de los subsidios a las prestatarias de gas y luz y de los transportes (en este último caso a medias) es un proceso que alguna vez íbamos a atravesar. Son los costos de los sinceramientos de tarifas por 12 años sostenidas artificialmente sobre la base de subvencionar a privados con el dinero público. Y así debe ser cuando se trata de prestaciones básicas, solo que en una proporción suficiente como para generar un cuadro tarifario social sin afectar los ingresos de la empresa que brinda el servicio y que esta pueda seguir invirtiendo, no para congelar los precios de modo de no admitir la inflación circundante. Además de improcedente, aunque no lo parezca por ser en esencia una ayuda social, lo ocurrido fue injusto y perverso porque al generalizarse los subsidios en lugar de incluirlos en una tarifa social, durante estos 12 años las clases más pudientes del país gozaron del beneficio previsto para los que menos poder adquisitivo tienen. Por ejemplo, quien habita en un inmueble de 800 metros cuadrados en Puerto Madero, valuado en casi un millón de dólares, estuvo pagando este tiempo por el servicio de agua los mismos 50 pesos bimestrales que el habitante de los monoblock de Villa Lugano.

También decimos que el sistema de subsidios ha sido perverso porque en estos años ha sido la principal causa de incremento de un déficit fiscal que sólo ha generado inflación, que es el “impuesto” más injusto que se pueda concebir para quienes tienen salarios fijos y los sectores más vulnerables.

Más allá de los titulares que hablan de tarifazo, de los altos porcentajes de incremento que se anunciaron y del real impacto que tendrá en una parte de la población (no tanta como veremos), quienes habitamos fuera de la Capital Federal sabemos bien que este acomodamiento de los valores es procedente y de justicia. Lo sabemos porque ni aun con estos aumentos los porteños van a llegar a pagar lo que pagamos en el interior por los mismos servicios.

En el caso de los transportes, se anunció para la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano, un incremento de las tarifas -más específicamente los boletos de colectivos y trenes- aumentarán hasta un 100 por ciento. Estamos hablando de boletos que estaban en el orden de 1 ó 2 pesos para trenes y de 3 a 5 en los micros. Estamos hablando de amplísimas distancias al valor de qué ¿dos caramelos y un chupetín?  

A partir de la próxima semana la tarifa mínima del colectivo en el área metropolitana costará 6 pesos, cuando en la actualidad tiene un valor de 3 pesos. Sin embargo, la tarifa social se mantendrá de 2,70 pesos. En Pergamino la tarifa normal es de 7,50 pesos, con el incremento que se paga desde el 1º de enero de este año y además hay importantes descuentos para discapacitados, jubilados y los escolares que no abonan (aunque por ellos el Municipio hace el pago a La Nueva Perla). No solo en nuestra ciudad se paga más caro el colectivo, en la actualidad cuesta 9,15 pesos en Córdoba y 8 en Bariloche, por citar dos casos.

Pese a que este aumento no tiene influencia en el interior de la provincia, incluido Pergamino y en todo el país, el poder mediático de la Ciudad de Buenos Aires genera la sensación de que hay un aumento generalizado del transporte y que es exhorbitante, cuando en el resto del territorio hace ya tiempo que se paga mucho más por el boleto de colectivo que lo que históricamente se ha pagado en Capital y aun ahora pagamos mucho más que lo que abonarán con el aumento. Además, las tarifas sociales no se tocan, así que los que menos tienen seguirán abonando lo mismo e incluso más ciudadanos podrán acceder de manera directa al precio diferencial. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informó que se ampliará la tarifa social para sectores vulnerables y afirmó que los beneficios serán más agresivos, habrá descuentos en los pasajes del transporte de hasta 55 por ciento respecto de los precios actuales para jubilados y pensionados, beneficiarios de planes sociales (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), trabajadoras de casas particulares, excombatientes de Malvinas, quienes cobran asignaciones universales (y programas Jefes y Jefas de Hogar y Progresar) y aquellos con monotributo social y pensiones no contributivas.

El problema del transporte nos hace acordar al costo de la energía y del gas, que los porteños siempre tuvieron subsidiados por los pesados impuestos que paga el interior en sus facturas. Estas enormes desigualdades son aun más profundas si consideramos que los salarios allí son más altos que en el interior (en Capital se ubica en torno a los 18.000 pesos) sin embargo, siempre hemos pagado más por estos servicios. Incluso ahora con los incrementos que han sufrido aún seguimos pagando más, sencillamente porque allá estaban con tarifas irrisorias, estancadas en 2004, cuando ya eran bajas en comparación. Como bien sabemos, las empresas prestatarias del interior recurrieron durante estos años a artilugios, como las cuotas de capitalización que incorporó nuestra Celp, para sostener el servicio a falta de modificaciones tarifarias.

Esta inequidad ha sido claramente política, propiciando servicios muy bajos en la zona metropolitana donde se ubica el 40 por ciento de los votantes, en base al esfuerzo del interior del país que ha pagado con su esfuerzo estos baratos servicios.

También hay que tener en cuenta un aspecto empresario que no es menor: en Buenos Aires los colectivos circulan completos durante casi 24 horas al día, mientras que en Pergamino y otras ciudades del interior, los transportes circulan menos horas y con menos cortes de boleto. De modo que es bien cierto que en las grandes ciudades el transporte es necesariamente más barato que en un distrito pequeño, sencillamente por más actividad.

Pero no es todo, hay un aspecto muy importante en esta quita del subsidio en el distrito porteño: el Gobierno dio el primer paso para cambiar el modelo de gestión del sistema de subsidios, que ahora comenzarán, a través de la tarjeta Sube, a destinarse directamente a los usuarios en vez de a las empresas, lo que implica un avance tanto en la progresividad como en la transparencia. Nadie ignora a estas alturas que los subsidios se prestaban a todo tipo de triquiñuelas, desde los “retornos” de una parte de los fondos a los funcionarios que los otorgaban, hasta que hubiese privados que se quedaran con el subsidio como parte de la ganancia sin hacer ninguna inversión en años en la empresa concesionada.

Lo interesante es que a partir de este incremento del transporte que no es alto, en la región metropolitana se estableció que a mayor distancia es menor el costo del boleto, para que quienes viajan lejos para llegar a su trabajo paguen menos.

De todos modos, estos sinceramientos de precios no son definitivos, los subsidios para sostener el sistema de transporte se incrementarán en un 20 por ciento este año. En el Gobierno advirtieron que, sin los retoques que regirán desde el 8 de este mes, los desembolsos hubieran sido mucho mayores y con ello el déficit fiscal hubiera trepado. El año pasado se destinaron 51.096 millones de pesos para mantener sin cambios el sistema. Sin subsidios, el valor técnico de la tarifa del colectivo sería de entre 13 y 13,50 pesos.

Lo que está fuera de toda lógica y que no es parte de un sinceramiento, es el precio de la nafta, que ha vuelto a aumentar. Mientras el barril de crudo está por los suelos, en nuestro país aumentan el combustible. Sobre esta cuestión, el Gobierno debería explicar las razones o las estrategias que están llevando adelante, porque no es claro y no se justifica lo que viene sucediendo. Hay en este rubro una carga impositiva enorme, que se tendría que revisar, lo mismo que la cadena de comercialización, de manera que todos, no solo los consumidores, hagamos el esfuerzo en este difícil tiempo de ingresos cortos e inflación creciente. Más teniendo en cuenta que cuando aumentan la nafta y el gas-oil, todo lo que hay en el mercado sube porque el transporte de mercancías aumenta y ese valor es trasladado a los precios. 

Algunos se preguntan si hubiera sido mejor hacer esta adecuación tarifaria de manera gradual. Desde un punto de vista político, había que hacerlo así, como un shock y a poco de asumir, para que quedara claro el mensaje de que se trata de una adecuación por desarreglos de la gestión anterior. Pero lo que no fue tenido en cuenta por el Gobierno es el momento, no ha sido oportuno que se lanzara la caterva de aumentos antes de que se cerraran las paritarias de la mayoría de los sectores. Tendrían que haber sido más cuidadosos porque los movimientos en la economía deben tener cierta simultaneidad para evitar mayores padecimientos a los ciudadanos.